La Fiscalía de Castellón investiga irregularidades en los informes geológicos del proyecto Castor

La Fiscalía de Castellón investiga desde mediados de septiembre los estudios geológicos que permitieron autorizar el proyecto Castor, por si se hubieran producido irregularidades. Castor, la planta de almacenamiento submarino de gas que provocó más de 400 terremotos en la zona del Golfo de Valencia, lleva más de un mes con las actividades paralizadas, pero los vecinos de la zona exigen al Ministerio de Industria que haga públicos los nuevos estudios geológicos y desmantele la planta cuanto antes.

Durante el mes de septiembre, y tras tener conocimiento de que la Fiscalía había abierto diligencias para investigar la sucesión de terremotos en la zona atribuidos a Castor –alguno de los cuales alcanzó los 4,6 puntos en la escala de Richter–, un ingeniero de minas presentó una denuncia ante el ministerio público en la que relacionaba diversas deficiencias en el Instituto Geológico y Minero de España y en el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas con la posibilidad de que los estudios que permitieron poner en marcha Castor fueran irregulares.

El pasado 15 de octubre, la fiscal encargada del caso, Dolores Ofrecio, comunicó al ingeniero denunciante, Miguel Ángel Gallardo, la incoación de diligencias de investigación por el ministerio público con el número 367/13, para esclarecer los hechos denunciados.

Fuentes próximas a la Fiscalía aseguran que en el marco de esas diligencias se produjo la entrada de la Guardia Civil en las dependencias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para requisar la documentación relativa al impacto ambiental del proyecto Castor, requisito previo para su aprobación.

Los estudios geológicos encargados por el Ministerio de Industria de José Manuel Soria tras los terremotos no han trascendido, pero se conoce que han determinado que, si Castor continúa su explotación en las mismas condiciones, los terremotos se reproducirán e, incluso, pueden agravarse.

Los estudios que permitieron a Castor iniciar su actividad no son la única preocupación de la Fiscalía. El ministerio público también quiere saber por qué la constructora ACS, de Florentino Pérez, que controla dos tercios del capital de Castor, intentó desprenderse de la mitad de su participación semanas antes de que empezaran a producirse los seísmos.

El grupo constructor de Florentino Pérez controla un 66,67% del capital de UGS, gracias a la concesión realizada por el ministro de Industria del anterior Gobierno socialista, Miguel Sebastián. Durante el mes de agosto, Florentino hizo llegar una propuesta a Enagás, la empresa responsable del transporte de gas en España y filial de Gas Natural, según informan fuentes muy próximas a la gasista. La oferta consistía en que ACS vendería el 33,3% de UGS, exactamente la mitad de su participación, a Enagás por 400 millones de euros.

En Enagás apenas tuvieron tiempo de estudiar la oferta a la que, ya de entrada, no eran demasiado receptivos. Días después de recibir el pliego de condiciones de la empresa de Florentino Pérez, empezó la sucesión de terremotos que ha venido afectando a las localidades costeras del Golfo de Valencia, fundamentalmente del norte de la provincia de Castellón y del sur de la de Tarragona.

La dirección de Enagás decidió entonces que no había nada que estudiar. Si ya eran renuentes a hacerse cargo de un tercio del capital de la empresa concesionaria del proyecto Castor, la negativa fue inmediata en cuanto se produjeron los primeros movimientos sísmicos. Ni siquiera tuvieron que abrir el dossier para estudiar la propuesta de ACS.

Prisas por salir

Pero ¿por qué de repente le entraron las prisas a Florentino Pérez por abandonar su papel de accionista de referencia de la concesionaria de Castor precisamente durante el mes de agosto, apenas semanas antes de que se iniciara la cadena de terremotos que atemorizaron a las poblaciones del norte de Castellón y del sur de Tarragona? ¿Acaso contaba ACS con informes geológicos que alertaban del peligro de que se desencadenara la sucesión de movimientos sísmicos que se produjeron en septiembre? Es imposible saberlo.

Hay, sin embargo, dos evidencias palmarias. La primera es que los responsables del proyecto sabían perfectamente que el almacén de gas lindaba peligrosamente con una falla que en cualquier momento podía provocar movimientos de tierra e, incluso, y, según la opinión de diversos geólogos, microtsunamis. Ésta fue la razón por la que el Ministerio de Industria decidió paralizar los trabajos de inyección de gas en la planta de Castor.

La segunda evidencia es que Castor ha acabado por convertirse en un auténtico desastre económico que amenaza la propia estabilidad financiera del grupo ACS. Al cierre de 2011, el desvío presupuestario del proyecto ya alcanzaba los 1.194 millones de euros. Es decir, que hace casi dos años Castor ya había costado casi un 90% más de lo que se había presupuestado.

En este momento, y según apuntan fuentes cercanas al Ministerio de Industria, el coste del proyecto supera ya los 1.700 millones de euros. Como Florentino Pérez recurrió para financiar Castor a un crédito sindicado dirigido por Banesto pero participado por los principales bancos con los que trabaja ACS –Santander, Bankia, Crédit Agricole y Société Générale–, ACS podría verse repentinamente afectada por una crisis de crédito porque, aunque el proyecto estaba inicialmente garantizado al estar regulado por Industria, mientras no se decide si se desmantela o continúa, es ACS quien debe adelantar el dinero.

Parece manifiesto que lo que buscaba ACS al desprenderse de la mitad de su paquete era hacer caja y liberarse de parte de los compromisos financieros que había adquirido precisamente con sus bancos de cabecera.

Lo que está claro es que el sobrecoste del proyecto Castor, que probablemente ya duplique lo presupuestado, acabará de momento en la factura de los consumidores de gas, que se repartirán, de entrada, 250 millones de euros del desastre financiero.

La Fiscalía de Castellón investiga desde mediados de septiembre los estudios geológicos que permitieron autorizar el proyecto Castor, por si se hubieran producido irregularidades. Castor, la planta de almacenamiento submarino de gas que provocó más de 400 terremotos en la zona del Golfo de Valencia, lleva más de un mes con las actividades paralizadas, pero los vecinos de la zona exigen al Ministerio de Industria que haga públicos los nuevos estudios geológicos y desmantele la planta cuanto antes.

Durante el mes de septiembre, y tras tener conocimiento de que la Fiscalía había abierto diligencias para investigar la sucesión de terremotos en la zona atribuidos a Castor –alguno de los cuales alcanzó los 4,6 puntos en la escala de Richter–, un ingeniero de minas presentó una denuncia ante el ministerio público en la que relacionaba diversas deficiencias en el Instituto Geológico y Minero de España y en el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas con la posibilidad de que los estudios que permitieron poner en marcha Castor fueran irregulares.