Todas las consejerías de Unió durante el Gobierno de Pujol registraron graves casos de corrupción

Hace una semana que, por primera vez en la historia de la democracia, un partido político, Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el socio minoritario de la federación nacionalista que gobierna en Cataluña (CiU), admitió ante la Justicia haberse financiado ilegalmente con fondos europeos destinados a la formación de parados durante los años 90.

En estos últimos siete días se han sucedido las exigencias de la mayoría de fuerzas políticas de los arcos parlamentarios, para que el máximo responsable del partido, Josep Antoni Duran Lleida, abandone, al menos, sus cargos públicos –es portavoz de CiU en el Congreso de los Disputados–, como se comprometió a hacer en 2000 si Unió resultaba condenada.

Y, lo que es más grave, la memoria colectiva parece haber olvidado que durante los años 90 del siglo pasado, los de la fulgurante ascensión de Duran Lleida como líder del partido, las consejerías regidas por Unió en los gobiernos de Jordi Pujol registraron graves casos de corrupción que se han confirmado en sentencias firmes e irregularidades que han costado al partido más de una reprimenda del poder judicial.

Pero, lejos de cumplir las exigencias de sus adversarios políticos, Duran saca pecho y asegura que no tiene “ni la más mínima” intención de retirarse porque él también es “una víctima”. De hecho, el líder democristiano ha hecho una auténtica exhibición de poder al castigar tanto a sus socios de Convergència, como a los nuevos aliados del Gobierno autonómico, que tenían previsto realizar una declaración soberanista en el primer pleno del Parlament desde las elecciones del pasado 25 de noviembre y pretendían que se sumaran a ella tanto el PSC como ICV-EUiA.

Duran, que tras el pacto alcanzado entre Unió y la Fiscalía parecía especialmente tocado y a merced de las decisiones del socio mayoritario de CiU, ha demostrado una sobrada capacidad para vetar las referencias a la autodeterminación de Cataluña en el primer acto solemne de la Cámara catalana. Y no se ha ahorrado afirmar que lo ha hecho para castigar al presidente de ERC, Oriol Junqueras, por haber pedido la semana pasada su dimisión cuando Unió pactó con la Fiscalía las condenas por el caso Pallerols.

Se enjuiciaba, además, su ascensión a la máxima dirección de CiU, durante la cual viajó por todo el mundo acompañando a delegaciones de empresarios en viajes organizados por la Fundación Empresa Catalunya Europa (FECEA), cuyas cuentas despertaron no pocas suspicacias. La época también coincidió con el período en el que, según el Tribunal de Cuentas, Unió superaba incluso al PP en donaciones anónimas cuando éstas aún estaban permitidas, a pesar de su minúsculo tamaño.

El aplomo de Duran

¿Cuál es la razón de la aparente y repentina demostración de fuerza de Duran? Que, en el seno de CiU, Unió no es la única que está tocada. Desde que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, decidiera adelantar las elecciones al 25 de noviembre tras la masiva manifestación celebrada en Barcelona el 11 de septiembre, se han sucedido los ataques desde los medios de comunicación de la derecha española contra los dirigentes de Convergència y, especialmente, contra la familia del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

Muchas de las informaciones son inconcretas, cuando no falsas, y se apoyan en informes apócrifos atribuidos a la policía. Pero CDC se encuentra inmersa en dos procedimientos penales que son un hecho objetivo y no admite interpretaciones: su sede en la calle Còrsega de Barcelona está embargada para responder a las eventuales responsabilidades civiles que pueda tener el partido en el expolio del Palau de la Música de Catalunya a manos de su expresidente Félix Millet y que el juez del caso, Josep Maria Pijuan, cifra en 3,3 millones de euros.

Y, sobre todo, es inminente que Fernando Maldonado, el fiscal anticorrupción asignado a la rama catalana del caso Campeón –el intento de crear una supuesta trama para amañar la adjudicación de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV)–, presente su informe ante la titular del juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, para que impute en la causa al heredero político de Jordi Pujol, su cuarto hijo varón, Oriol Pujol Ferrusola, secretario general de CDC.

En el caso de Duran Lleida, sin embargo, el caso Pallerols, por el que Unió ha pactado con la Fiscalía admitir su financiación ilegal –por mucho que él lo niegue y afirme que simplemente han decidido hacer frente a la responsabilidad civil– y devolver 388.000 a las arcas públicas, es el último de los grandes sumarios que Unió tenía abiertos en los tribunales.

El caso ha tardado cerca de 17 años en llegar a al tribunal que debía juzgarlo. Una circunstancia que ha beneficiado especialmente a Duran y a sus hombres. De no haberse dilatado tanto el procedimiento, podría haber coincidido con los juicios del caso Treball y el caso Turisme, y se habría aprovechado para recordar las irregularidades que se produjeron en el Departamento de Justicia cuando la actual presidenta del Parlament, Núria de Gispert, era su titular, por el presunto trato de favor recibido por los reclusos con vinculaciones con CiU, desde Javier de la Rosa al fallecido Jordi Planasdemunt, pasando por el juez Pascual Estevill o el empresario Josep Puigneró.

Pallerols

El caso Pallerols es el más jugoso de todos. Cuando el presidente de Unió Ignasi Farreres fue designado consejero en 1993, empezaron a llegar cada año nueve millones de euros para financiar cursos de formación a los parados.

En 1997 hubo una denuncia de extrabajadores de los centros de formación dirigidos por Fidel Pallerols, un empresario hispano-andorrano, que descubrió una compleja trama de irregularidades en el reparto de las subvenciones de los fondos de formación de empleo, lo que provocó que la Comisión Europea suspendiera la financiación durante unos meses. Un juez de Barcelona investiga si parte de aquel dinero fue a parar a las arcas de UDC. Esta denuncia era diferente de otra del grupo de empresas Méndez, que acusaba al entonces conseller de Trabajo, Ignasi Farreres, de prevaricación por no haberles concedido diversas subvenciones. Los juzgados exculparon a Farreres de este delito.

Las empresas de Pallerols, Ceifsa, Andsa y Teosa, cobraban de la Generalitat por realizar cursos de formación que, posteriormente, se descubriría que eran inexistentes. Una parte del dinero ingresado, según la investigación judicial, se reingresaba a UDC, bien en pagos en metálico a algunos dirigentes que figuraban como profesores o empleados de alguna de las tres sociedades o bien Pallerols se hacía cargo de pagar alquileres de locales, compra de muebles o de equipos informáticos. UDC asumió la cartera de Trabajo en los Gobiernos de Pujol desde 1980 hasta noviembre de 2002, un año antes de las últimas elecciones autonómicas del expresidente.

Unió admitió la semana pasada que sí recibió cerca de 400.000 euros de las empresas del Grupo Pallerols en una maniobra orquestada por los que en aquel momento eran los principales colaboradores de Duran: los hermanos Lluís y Vicenç Gavaldà, director general de Empleo y secretario general del partido, respectivamente, y Dolors Llorens, directora general del partido. Unió entregó sin luchar la cabeza de Farreres y la de los hermanos Gavaldà, pero no fue suficiente. La jueza del caso, la misma que se encarga del asunto de Oriol Pujol, consideraba que había sobrados indicios de que sus actividades presuntamente delictivas las desempeñaba tras su salida Josep Sánchez Llibre. Tuvo que intervenir el Supremo para exonerarle, aunque al precio de retrasar casi cuatro años la instrucción.

El caso Treball

Menos sangrante, pero igualmente grave fue el encargo de informes manifiestamente falsos, plagiados de internet o innecesarios y que costaron al Departamento de Trabajo cerca de 50.000 euros.

Por este caso fue condenado hace menos de un año, entre otros, el exdirector general Josep Maria Servitje, a cuatro años de prisión.

Claro que entonces no había pulso soberanista de CiU al Estado y la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que en los últimos días se ha prodigado pidiendo la dimisión de Duran, permanecía en silencio mientras el Gobierno del PP indultaba a Servitje.

Hace una semana que, por primera vez en la historia de la democracia, un partido político, Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el socio minoritario de la federación nacionalista que gobierna en Cataluña (CiU), admitió ante la Justicia haberse financiado ilegalmente con fondos europeos destinados a la formación de parados durante los años 90.

En estos últimos siete días se han sucedido las exigencias de la mayoría de fuerzas políticas de los arcos parlamentarios, para que el máximo responsable del partido, Josep Antoni Duran Lleida, abandone, al menos, sus cargos públicos –es portavoz de CiU en el Congreso de los Disputados–, como se comprometió a hacer en 2000 si Unió resultaba condenada.