20 kilómetros de viaje cada día para ir a un instituto público en Madrid

El último periodo de matriculación en colegios e institutos públicos de la Comunidad de Madrid ha dejado a alumnos y alumnas sin plaza en su municipio. En Rivas, al este, la Consejería de Educación envía a los niños y niñas al sitio donde terminaron la Educación Primaria aunque ya residan allí ni lo hayan pedido. 22 menores se quedaron en tierra de nadie en Getafe, al sur. No existía espacio en los institutos públicos para ellos por un error de planificación y terminarán abriendo un aula para escolarizarlos a todos juntos en un mismo instituto, según confirman las familias afectadas a elDiario.es.

El Gobierno regional asegura, a preguntas de este medio, que encontrarán encaje para todos en su localidad para el curso que viene. “No se trata de una obligación legal sino de un criterio que la Comunidad de Madrid viene aplicando desde que recibió las competencias en materia educativa”, dice un portavoz. Sin embargo, los sindicatos advierten de que en la práctica no sucede. “Y no es un hecho aislado. Más casos de los deseables tienen plaza en otra localidad”, señala la responsable de Educación de Comisiones Obreras Madrid, Isabel Galvín.

Según un informe del sindicato, 10.400 alumnos y alumnas de todos los niveles no tienen plaza en su distrito (en el caso de la capital) o en su localidad tras la primera adjudicación a principios de junio. El mayor volumen se da en Secundaria y Bachillerato. En algunos casos, Educación ofrece colegios concertados. La letra pequeña de su compromiso es adjudicar una plaza en un centro “sostenido con fondos públicos”.

Un 4% del alumnado que empezará la Educación Secundaria en septiembre aún no cuenta con destino definitiva, según datos ofrecidos por la Consejería. “Imagínate al nivel de estrés que estamos sometidos. Mi hija está preocupada porque no sabe aún dónde va a empezar el curso”, relata Marta. A su hija le han concedido la plaza para empezar la Educación Secundaria en Coslada -donde acabó la Primaria-, a casi 20 kilómetros de su residencial actual, pese a que tiene un “instituto a 50 metros de casa y otro a 500”. Cuando presentó la reclamación, la administración le sugirió que podía matricular a la niña en un colegio concertado de Rivas o en otro que tiene las clases en barracones.

Yolanda Ortiz, otra madre, cuenta algo similar. Cuando se divorció, dejó San Fernando de Henares y se trasladó a Rivas. Su hija terminó allí el ciclo para no cambiar de colegio en el último año. Con el paso al instituto, no hay plaza para ella en el municipio pese a que su hermano estudia en un instituto público de la localidad. La adjudicada, pese a que no figuraba en la lista de centros elegidos, está en San Fernando. Ir de una localidad a otra lleva al menos 50 minutos en transporte público; 20 en coche.

“Tendría que irse a vivir con su padre. Hemos estado apañándonos hasta ahora pero con la idea de que empezaría aquí este curso”, cuenta Ortiz, que se queja de la “falta de planificación”. “Me he chocado con el problema de frente. Cómo puede ser que falten plazas, no se han preocupado de ver cómo ha aumentado la población y se tenía que haber previsto”, añade.

Retrasos en la construcción

No es el primer curso que se dan estas situaciones. La Comunidad de Madrid arrastra desde hace años problemas de masificación en las aulas -en los centros se amplían las líneas hasta dejarlos sin biblioteca o sala de psicomotricidad- porque la construcción de nuevas infraestructuras es lenta y en muchos casos se atasca con el modelo por fases, consistente en ir levantando el centro por partes mientras ya hay alumnado. En 2016, ya hubo familias en Madrid que tuvieron el mismo problema que ahora. Carolina relataba a este medio que no había conseguido plaza para su hija en el distrito donde vivían, Fuencarral-El Pardo.

“Estamos en el día de la marmota. En Rivas la población ha subido año a año y solo se ha hecho el CEIPSO La Luna. Y está a medio construir, es la crónica de una muerte anunciada. El área única, la posibilidad de elegir centro, aquí no funciona”, lamenta Javier Tabares, miembro de la Plataforma por la Emergencia Educativa. Hace un año, familias y vecinos del municipio se organizaron para crear una organización que presionara para que la construcción de nuevos centros públicos fuera más rápida y se ajustara a las necesidades de la población. “Hacen el servicio público tan malo que la gente demanda otras cosas”, agrega Tabares. La Consejería de Educación defiende que la planificación “se basa en las previsiones demográficas y en los datos de población aportados por los ayuntamientos”.

Pero es un mal endémico. Especialmente para los nuevos desarrollos urbanísticos, barrios llenos de urbanizaciones pero con importantes carencias de servicios. Para cuando la Comunidad de Madrid termina de construir un colegio o un instituto, ya hace falta otro más por el aumento de población en edad infantil. Fernando reside en Montecarmelo y tiene cuatro hijos. Dos de ellos salen este año del colegio y tendrán que escolarizarse en un instituto fantasma, sin construir (IES de Montecarmelo), al que le va a prestar las aulas otro centro de Secundaria ubicado en otro barrio (IES Dámaso Alonso).

Luego están los problemas puntuales, las malas planificaciones que sacan los nervios a las familias. 22 niños y niñas se han quedado colgados en Getafe. No tenían hasta este viernes plaza escolar en ningún instituto del municipio. “No han hecho bien las cuentas de los alumnos censados y el sistema que gestiona la adjudicación no tenía disponibles institutos”, explica Silvia, de una de las familias afectadas. Para el instituto que pidió para su hija en primera opción había 191 solicitantes y solo 120 plazas. Después las ampliaron a 149. “No tuvimos suerte con el sorteo y fuimos quedándonos fuera de las listas de cada uno de los centros”, relata. La solución que Educación les ha anticipado es abrir un aula para agrupar en ella a los 22 alumnos y alumnas olvidados. “Al menos nos han dado una opción. No era lo que yo habría querido ni elegido, pero es algo”, dice la madre, que respira por fin aliviada.

El caso de Silvia tiene un problema añadido: la alumna procede de un colegio no bilingüe, el Mariana Pineda, y solo los bilingües tienen adscrito un instituto de la zona para evitar que los estudiantes tengan que cortar su modelo de aprendizaje. “El sistema está pervertido, hay alumnos de primera y de segunda”, lamenta.

La Comunidad de Madrid permite la “libertad de elección” de centro escolar desde 2013, la llamada área única que permite escoger el colegio público o concertado preferido sin límites espaciales al eliminar las antiguas “zonas de escolarización”. La Consejería de Educación publica cada curso que el 90% de las familias han podido elegir el centro educativo de sus hijos, pero en algunas zonas no hay posibilidades de garantizarlo.

Varios estudios, además, concluyen que ejercen en mucha mayor medida su derecho a seleccionar los núcleos familiares de clase media y con estudios. Y advierten de las consecuencias de esta política educativa: la segregación escolar. A esto se suma otro factor sin el que no se puede entender el ecosistema de la educación en la región: los gobiernos del PP han favorecido -con mayor o menor fervor- la expansión de la educación concertada en las dos últimas décadas, incluso fuera de la ley.