El Ayuntamiento de Madrid pide subir a 162 millones la condena a Botella por vender vivienda social a fondos buitres
El Ayuntamiento de Madrid quiere que el Tribunal de Cuentas multiplique por más de seis el importe de su condena contra los responsables de la venta de pisos sociales a fondos buitre, entre los que se encuentra la exalcaldesa Ana Botella. En un recurso contra la sentencia del pasado 27 de diciembre, el Consistorio de la capital pide que se eleve el importe del perjuicio contra las cuentas públicas de 25,7 a 162,8 millones.
El Tribunal de Cuentas estableció que hubo una “negligencia grave” en la venta de 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al fondo buitre Blackstone. El Gobierno de Botella los vendió por 128 millones cuando, según la sentencia, se podían haber vendido por 151 millones. En base a ese cálculo, el Tribunal de Cuentas cifró en 25,7 millones la cantidad a pagar, de los cuales 22,7 deben abonarlos los responsables de manera solidaria.
El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, cuestiona el cálculo que hizo el Tribunal a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas. Según los servicios jurídicos del Ayuntamiento, no se tuvo en cuenta la normativa en vigor en el momento de la venta de esos pisos sociales, que afectaba a ese precio y dividió entre dos el precio máximo de venta actualizado para las viviendas en alquiler con opción de compra “sin que este método aparezca justificado en norma alguna”. Señalan que se dejó fuera del cálculo a algunos inmuebles.
“Es un dato que expusimos en nuestra demanda y que [...] no ha sido cuestionado por la parte demandada, por lo que, al tenerse por cierto, no se consideró necesario su sometimiento a prueba”, señala el recurso. Los servicios jurídicos municipales se ofrecen ahora para aportar las pruebas necesarias que sustenten su cálculo, mucho mayor que el del Tribunal: los pisos tendrían un valor superior que rondaría los 291 millones de euros.
“Se solicita, en consecuencia, que se constate el error y se fije el importe del daño causado al patrimonio público en la diferencia entre este valor y el precio de venta, es decir, en 162.799.855 euros”, sostiene el recurso contra la sentencia.
En caso de que esta argumentación no sea aceptada por el tribunal, el recurso plantea tasaciones alternativas que reducen la indemnización, pero la sitúan siempre muy por encima de la fijada en la sentencia. En una, se reclama que el daño causado se establezca en 120,7 millones de euros; en otra, 58,4 millones.
Fue el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), quien inició el procedimiento contra Botella y su equipo, y que dio lugar a la sentencia que ahora recurren. El fallo recogió que esa venta de pisos sociales provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” al venderse “por debajo del precio”.
Además, el tribunal hizo un recorrido por todas las irregularidades de la adjudicación. Señaló que era incomprensible que el Ayuntamiento de Botella no hiciese un procedimiento abierto con varias ofertas y tampoco encargase una tasación fiable. El proceso de venta duró dos semanas, un tiempo muy reducido para una adjudicación de ese calibre. La sentencia cree que Blackstone tuvo información privilegiada.
El tribunal señala como principal culpable de la operación al entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, Fermín Oslé, pero también condena por “responsabilidad contable” a la entonces alcaldesa, Ana Botella, a su mano derecha en el Gobierno municipal, Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid hasta el pasado julio, y a otros cinco concejales que formaban el núcleo duro del Ejecutivo municipal: José Enrique Núñez Guijarro, Diego Sanjuanbenito Bonal, María de la Paz González García, Dolores Navarro Ruis y Pedro María Corral Corral. Varios de ellos continúan hoy en puestos de responsabilidad en distintas administraciones del PP.
Si prospera el recurso del Ayuntamiento, todos ellos tendrán que hacer frente, de manera solidaria, a la cantidad de 162 euros. Esta vía es la única por la que pueden responder de esa venta, porque la Justicia archivó la semana pasada la causa penal contra Oslé y Alfonso Benavides, apoderado de Fidere Vivienda (Blackstone). Según el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, el precio de los pisos estaba dentro del rango del que se le había señalado como “de mercado” y que “no distaba mucho de otras ofertas realizadas por grupos contrincantes”.
Las viviendas que el Gobierno de Botella vendió a Blackstone han aumentado un 227% su valor, según los cálculos que ha hecho el propio fondo. Tras convertirse en el casero de 18 bloques de viviendas protegidas, Blackstone subió los alquileres sociales hasta un 49%. Muchos de los inquilinos tuvieron que abandonar sus viviendas.
Blackstone pagó por esos pisos sociales 128,5 millones de euros. Según los cálculos que efectuó el propio fondo de inversión, su valor actual es de 662.098.184 euros.
