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La Cámara de Cuentas alerta del abandono de los hospitales públicos de Madrid en favor de los privatizados

Estado de una parte de la planta de Medicina Interna del hospital Gregorio Marañón.

Sofía Pérez Mendoza / Ana Ordaz

Viejos y sin capital. En esta situación ve la Cámara de Cuentas a los hospitales con gestión 100% pública de la Comunidad de Madrid. El anteproyecto del informe de fiscalización del gasto sanitario entre 2011 y 2015 alerta de la falta de inversión en los seis grandes centros hospitalarios de la región. En algunos casos, subraya el órgano fiscalizador, los créditos no alcanzaron ni el 50% de las necesidades reales. 

“La diferencia acumulada entre los créditos actuales y las necesidades de inversión negativa es de 56.820.510 euros [...], lo que ha derivado en un envejecimiento de las instalaciones y ha contribuido a 'la descapitalización' de los hospitales públicos”, afirma el documento al que ha tenido acceso eldiario.es a través del buzón seguro y anónimo Fíltrala. El anteproyecto ya se ha remitido, como marca el funcionamiento de la Cámara de Cuentas, a la Consejería de Sanidad (el órgano fiscalizado), que ha confirmado a eldiario.es que presentará alegaciones. Tiene 30 días para hacerlo.



El informe advierte de la “reducción drástica” de “los créditos destinados a construcción y reposición o mejora de edificios, disminuyendo prácticamente un 100%” en los seis centros de “alta complejidad”: La Paz, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón y Clínico San Carlos. Estos centros son los hospitales de referencia de la región, los que atienden a un volumen mayor de pacientes porque tienen la cartera de servicios completa. Sin embargo, la poca inversión que se realizó entre 2011 y 2015, según el informe, se “enfocó más a las nuevas infraestructuras que a la reforma de las existentes”.

Esas “nuevas infraestructuras” son los hospitales construidos en la época de Esperanza Aguirre a base de capital privado (Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste, del Tajo y de Vallecas) y a los cuatro centros privatizados cuya gestión corresponde a empresas (Infanta Elena, Torrejón, Villalba y Rey Juan Carlos). Estos últimos derivan a pacientes a los grandes hospitales “descapitalizados” cuando no cuentan con los especialistas (cartera de servicios) suficiente para atenderlos. 

La Cámara de Cuentas reitera que en todos los ejercicios entre 2011 y 2015 “se produce un déficit en la consignación presupuestaria, de manera que los gastos reales no pueden ser reflejados en el momento de su devengo, lo que motiva la acumulación de gasto pendiente de imputar a presupuesto” porque es tan bajo que al final deben gastar más de lo que presupuestado. Y, como consecuencia, existe una “gran desviación entre las necesidades de inversión solicitadas y los créditos finalmente aprobados y liquidados”, afirma el órgano fiscalizador. 



Cristina Cifuentes tuvo que afrontar en 2015, cuando llegó a la Puerta del Sol como presidenta regional, las peligrosas consecuencias derivadas de la falta de mantenimiento. Su Gobierno aprobó una inversión de 140 millones de euros en tres años para “mejora de infraestructuras hospitalarias” que no ha evitado, sin embrago, caídas de techos, tuberías rotas e inundaciones en varios centros de referencia de Madrid.

Las adjudicaciones de las obras se hicieron, en algunos casos documentados por eldiario.es, con rebajas de más del 40%. Como las reparaciones en los falsos techos del hospital Doce de Octubre a finales de 2015. Este gran centro de referencia se lleva la peor parte. Es, según la Cámara de Cuentas, el que tiene un “déficit más elevado de financiación. Sus instalaciones son antiguas y, en 2016, los técnicos del hospital reconocían por escrito que había zonas que no se había ”modificado o reformado desde su inauguración“ en 1973. 

La justificación de las obras iniciadas en 2016 en los falsos techos desvelaban que las limitaciones presupuestarias obligaban a elegir qué zonas reparar aunque las zonas en mal estado eran numerosas. Se actuó en las que tenían “riesgo de desprendimiento”, según el pliego. Pero ni siquiera se pudieron reparar todos los lugares donde se había detectado ese riesgo, sino aquellos donde era más elevado. 

Las consecuencias

En enero una filtración de agua provocó una cascada que inundó la UCI pediátrica del hospital Doce de Octubre con los niños y niñas dentro. El hospital tuvo que hacer una reforma de urgencia, para lo que tuvo que distribuir a los ingresados en diversas zonas del centro. A finales de 2016 se derrumbaron varios techos a lo largo de cuatro días de lluvia intensa en la capital y, recién iniciado 2017, se inundó un pasillo central de urgencias.

El Doce de Octubre no es el único hospital afectado por la falta de mantenimiento. Solo en 2017 hubo tres desprendimientos en el Gregorio Marañón. En la zona de extracciones, en una habitación de oncología y en el edificio materno-infantil. En este último caso una trabajadora acabó contusionada. En los anteriores se pudo evacuar a pacientes y sanitarios antes de que venciera la estructura. Los pacientes de este centro también encontraron en febrero techos apuntalados por riesgo de caída en una zona de paso de la planta de Medicina Interna.

La propia Cristina Cifuentes admitió este año que es “indudable” que algunos hospitales de la región “han superado los cincuenta años de vida y necesitan reformas”. Apenas un par de meses antes de tener que dimitir acorralada por el caso máster, la expresidenta anunció un megaproyecto para reformar integralmente los hospitales a diez años con un presupuesto de 1.000 millones de euros. Pero el inicio de los trámites administrativos no empezó bien y es posible que el calendario llegue a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019 con las obras sin empezar. El concurso para diseñar la remodelación de La Paz quedó desierto y ha tenido que volver a redactarse, lo que ha retrasado todos los tiempos. 

Recortes en el personal y caída “significativa” de camas

El informe de la Cámara de Cuentas dedica un buen número de páginas a revisar las plantillas de profesionales y el número de camas disponibles en los hospitales públicos y semiprivatizados. Según los datos recogidos por el órgano fiscalizador, hubo recortes en efectivos de todas las categorías entre 2011 y 2015: un 4% menos de médicos y médicas, un 5% de reducción en personal no facultativo (enfermería, matronas, técnicos y auxiliares) y, la bajada más drástica, un 16% menos de no sanitarios (celadores, auxiliares administrativos). En estos datos no se incluyen las plantillas de sanitarios de los centros privatizados por no pertenecen al SERMAS (son contratados por las empresas) ni tampoco los no sanitarios de los semiprivatizados.

Los números desgranan también una caída “significativa” del número de camas “en los seis hospitales más grandes”. En conjunto se redujeron un 8%, pese a que el balance general incluyendo todos los hospitales –también los privatizados– es positivo (un 1% más) porque en el periodo fiscalizado se abrieron centros hospitalarios nuevos como el de Villalba (en 2014). 



No solo se reduce el personal que atiende sino que las plantillas estuvieron copadas en el periodo fiscalizado por personal eventual. El órgano fiscalizador advierte también del “elevado volumen de contratos temporales en todas las categorías”, salvo directivos. En 2014 los médicos y médicas contratados como personal eventual representaban el 35% de la plantilla total. En este periodo la tasa de reposición se había recortado como consecuencia del real decreto de racionalización del gasto y no todas las plazas que quedaban vacías (por jubilación, por ejemplo) se cubrían. 

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