El Comisionado de la Memoria Histórica de Madrid, tras declarar: “La Fundación Francisco Franco pretende reescribir la historia”
La presidenta del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, Francisca Sauquillo, declara este martes en calidad de testigo en el marco de la demanda interpuesta por la Fundación Francisco Franco contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid para la retirada de 52 calles con reminiscencias franquistas. Sauquillo considera que la fundación que venera la figura del dictador pretende “reescribir la historia” con su demanda que recoge que sublevación estaba justificada, un argumento en el que han insistido los abogados de la fundación durante su testimonio asegura la presidenta del Comisionado a eldiario.es.
“Intentan reescribir la historia y también conseguir por la vía de la justicia lo que no pudieron por la vía democrática en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid”, ha remarcado Sauquillo. De momento, mientras el juez valora los argumentos de las partes, se ha decretado como medida cautelar la paralización de nombre de varias calles madrileñas, como la de los Caídos de la División Azul o el Paseo Muñoz Grandes.
También estaban citados a declarar ante el juez de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid el escritor Andrés Trapiello y el historiador Octavio Ruiz Manjón como miembros del Comisionado. Según Sauquillo, los tres han ratificado su decisión de cambiar el nombre de 52 calles y han explicado ante el juez el procedimiento que siguió el Comisionado para determinar cuántas calles se cambiaban de casi 300 que estaban en discusión.
“Durante el tiempo que duró el estudio nos estrevistamos con historiadores y todo tipo de asociaciones, también la de Millán Astray. Al final se determonó que estas 52 calles eran claras de que homenajeaban la exaltación de la represión militar de la dictadura”, a explicado Sauquillo a este diario.
La Fundación Nacional Francisco Franco recurrió el acuerdo el pasado 7 de julio de 2017 justificando que era “ilegal”, por no tener amparo en la ley de Memoria Histórica “de marcado contenido ideologizante que se estaba aplicando de forma sectaria y revanchista por muchas administraciones para negar hechos históricos o cambiar el curso de la historia”.
También entendían que se “enaltecía” a los participantes en las represiones del Frente Popular y que suponía, de llevarse a cabo el cambio de nombre de las 52 calles, vías y plazas del callejero propuesto por el equipo de gobierno de Manuela Carmena, “un fortísimo impacto económico para los ciudadanos madrileños superior a los 55 millones de euros”.
