Cronología del desastre en las residencias de Madrid: 7.600 fallecidos, crisis en el Gobierno e investigación judicial

Las residencias de la Comunidad de Madrid han sido el mayor foco de la epidemia en toda España por el efecto letal del virus en estos lugares de concentración de población vulnerable. El 18% de los usuarios (7.690) de geriátricos madrileños han fallecido entre marzo y mayo, en los momentos más duros de la pandemia. Casi uno de cada cinco, pero el Gobierno regional solo ha intervenido 14 de los 710 centros, el 2%. Tampoco ha llegado a medicalizar los geriátricos, como prometió la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al inicio de la pandemia.

La gestión de estos centros por parte del Ejecutivo de Ayuso se encuentra ahora en el punto de mira –y hasta ha llegado a los tribunales– por las órdenes que restringieron al mínimo los traslados de los mayores enfermos al hospital, lo que obligó a las residencias a asumir atenciones médicas para las que no estaban preparadas.

Estas instrucciones han abierto una crisis sin precedentes en la coalición de PP y Ciudadanos. El conflicto interno es público con declaraciones cruzadas y decisiones políticas, como la retirada de las competencias de los centros de mayores a la Consejería de Políticas Sociales –dirigida por Ciudadanos– para dárselas a la de Sanidad (PP). Así ha sido la cronología de la crisis sanitaria y política provocada por la gestión de la pandemia en las residencias.

Primera fallecida

3 de marzo. Fallece la primera usuaria de una residencia de ancianos. Esta mujer de 99 años fue la primera víctima mortal con coronavirus en la Comunidad. El brote se produjo en el centro de mayores La Paz.

5 de marzo. La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid distribuye una circular en la que explica que considera prioritario cerrar los centros de día y restringir las visitas a residencias de mayores. Tras publicarse en eldiario.es el contenido de este documento, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se retracta y explica que ha sido enviado por “error”. No será la primera vez que el Ejecutivo regional utilice ese argumento.

8 de marzo. Madrid limita las visitas a centros de mayores públicos y privados.

12 de marzo. “Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo”, anuncia la Consejería de Sanidad en una rueda de prensa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso junto al consejero Enrique Ruiz Escudero.

14 de marzo. El real decreto ley que introdujo el estado de alarma en España establece que las administraciones autonómicas conservan “las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios” Así lo recogían los artículos 4 y 6 del real decreto. Por tanto, la Comunidad de Madrid seguía siendo competente en la gestión de la Sanidad y también en la de las residencias.

16 de marzo. La residencia Monte Hermoso alerta en un correo electrónico enviado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de que están desbordados, de que se están muriendo los residentes y de que no cuentan con ayuda, como desveló eldiario.es a finales de abril. En ese email, un representante legal del centro advierte ya de que no se están derivando a los ancianos a los hospitales. También explica que tres días antes, el 13 de marzo, se había enviado otra solicitud de ayuda a la Consejería de Sanidad sin obtener respuesta.

17 de marzo. Se confirma el brote en la residencia de Monte Hermoso, en el que fallecen 17 personas en cuatro días. Ocurre tras las llamadas de socorro del centro a la Comunidad de Madrid.

El mismo día que se conocen los fallecidos, Ayuso concede una entrevista en Telecinco. La presidenta regional asegura que no tiene constancia de esta situación pese a haber recibido el correo electrónico del centro que alertaba de la “situación extrema” en la que se encontraban. En esa misma entrevista, Ayuso afirma que todas las residencias de la región ya están medicalizadas. La dirigente del PP miente.

18 de marzo. La Comunidad de Madrid anuncia que personal de la Consejería de Políticas Sociales evaluará diariamente las condiciones en las que se encuentra cada centro residencial, sea público o privado.

Ese mismo día un responsable médico del hospital Infanta Cristina de Parla explica en una sesión interna que ya no estaba dando tratamiento a los ancianos de residencias, según consta en una grabación publicada este jueves.

19 de marzo. El Consejero de Políticas Sociales (Ciudadanos), Alberto Reyero, pide públicamente ayuda a la UME para la atención y desinfección de los centros sociosanitarios. Ayuso niega horas después que se necesite tal ayuda y desautoriza a su consejero. Comienzan las primeras desavenencias públicas en el Gobierno autonómico por la gestión de las residencias.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, firma la orden SND/265/2020 que permite a los gobiernos autonómicos intervenir en la gestión de las residencias de titularidad pública o privada. La orden establece que se podrá “modificar la prestación de servicios del personal médico, de enfermería u otro tipo de personal sanitario vinculado con las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios”. En su apartado 7, facultaba a los gobiernos autonómicos, a “dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias”.

20 de marzo. Se envía a las residencias y a los centros sanitarios un protocolo para evitar que los ancianos de residencias sean trasladados a hospitales. Infolibre publica en mayo cuatro versiones diferentes de este documento firmadas digitalmente por el entonces director de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur. También publica dos versiones de otro documento elaborado por Sanidad: un protocolo realizado con la colaboración de geriatras y con logotipo de la Comunidad de Madrid que también establece criterios de exclusión. La presidenta regional y el consejero de Sanidad han sostenido después, una vez se han conocido los documentos, que se enviaron “por error” y que se trataba de borradores. No explican por qué estaban firmados.

22 de marzo. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, envía dos mails –adelantados por El País– al Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cuestionando la legalidad de las medidas de derivación de los residentes en centros sociosanitarios y advirtiendo de que si no se aporta apoyo a estos centros, sus residentes pueden fallecer en “condiciones indignas”.

23 de marzo. La Consejería de Sanidad recomienda a los médicos de Atención Primaria, en un protocolo que publica en mayo eldiario.es, evitar el traslado a los hospitales desde sus domicilios de pacientes con síntomas de COVID-19, que sean mayores de 80 años y tengan patologías graves.

24 de marzo. Isabel Díaz Ayuso cuenta al Financial Times que la Comunidad de Madrid “pronto” estará en disposición de ofrecer ayuda a otros territorios. Lo dice la presidenta de la región más castigada por la pandemia que registra diariamente un tercio de los contagiados y los fallecidos de todo el país.

Se alcanzan los 1.000 fallecidos

25 de marzo. La Consejería de Políticas Sociales aporta el primer registro de fallecidos en residencias, hasta ese momento contabilizan 1.065 ancianos muertos. Ese día ese mismo departamento anuncia que intervendrá residencias.

26 de marzo. La presidenta quita las competencias de las residencias a la Consejería de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos, y se las transfiere a la de Sanidad, que depende del PP. Crea un “mando único” en el que además de las dos consejerías está también la de Interior. En la Consejería de Políticas Sociales denuncian el “abandono” al que se ha sometido a las residencias desde que empezó la alerta sanitaria.

31 de marzo. La Comunidad de Madrid interviene ocho residencias de ancianos al borde del colapso por el coronavirus. Días después, se eleva a 14 el número de centros gestionados por un funcionario público.

1 de abril. En la inspección realizada por la Policía Municipal en la residencia Las Azaleas, los agentes constatan a las seis de la tarde que “uno de los fallecidos se encuentra todavía en el centro desde las 23.15h” del día anterior, tal y como recogen las actas de inspección a las que ha tenido acceso este diario.

3 de abril. La Policía Municipal visita la residencia Santísima Virgen y San Celedonio, que registraba entonces 34 fallecidos. Los agentes anotan que sus responsables han “solicitado ayuda a las diferentes autoridades sanitarias y sociales, no habiendo recibido ninguna contestación”, tal y como ha quedado reflejado en las actas publicadas por eldiario.es.

6 de abril. Los agentes municipales recogen en sus atestados las dificultades que tuvo la residencia Nuestra Señora de Montserrat para evitar que personal con síntomas y sanos compartiesen espacios. Registran también las peticiones de material realizadas por la plantilla del centro.

7 de abril. “Faltan EPI, guantes, mascarillas y pruebas”, indican los agentes municipales en su visita a la residencia geriátrica Las Rosas. En ese momento 38 residentes tiene síntomas, cuatro dan positivo y seis han fallecido.

Se superan los 4.000 fallecidos

8 de abril. La Comunidad de Madrid actualiza los datos de muertes en residencias y aseguran que hasta la fecha hay 4.750 mayores fallecidos, 781 positivos y 3.479 sospechosos sin confirmar.

9 de abril. El Ayuntamiento de Madrid envía 40 sanitarios y voluntarios del Samur para reforzar los hospitales de Soria y Segovia. La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Madrid llegan a un acuerdo de colaboración para incrementar el personal sanitario en Segovia y Soria, donde la tasa de afectados por población es muy elevada.

11 de abril. Una responsable del Conjunto Residencial las Fuentes reconoce a la Policía Municipal que pidieron ayuda al Gobierno de Díaz Ayuso, sin haber obtenido respuesta ante esas peticiones, tal y como recoge el acta a la que ha tenido acceso eldiario.es.

12 de abril. Reyero, el consejero de Políticas Sociales apartado de la gestión de las residencias por Ayuso para cedérsela a Sanidad, envía una carta a Amnistía internacional denunciando que no estaba recibiendo el apoyo de la Consejería de Sanidad de su Gobierno para salvar vidas en las residencias durante la pandemia, como ha desvelado esta semana El País.

14 de abril. Reyero pone en cuestión la medicalización de las residencias y critica que se hayan enviado sanitarios a Castilla y León.

15 de abril. La Comunidad de Madrid eleva la cifra oficial de fallecidos hasta 6.056 ancianos, 4.953 confirmados o con síntomas de coronavirus.

17 de abril. Los agentes municipales visitan la residencia Hermanas Merecedoras de la Caridad. “Sugieren abandono por parte de las instituciones”, recoge el informe realizado por los profesionales del Ayuntamiento de Madrid publicado en eldiario.es.

19 de abril. Ayuso anuncia que habrá ceses si se demuestra negligencia en la gestión de las residencias. Dos días después, su vicepresidente, Ignacio Aguado, le recuerda que según el acuerdo de coalición no puede destituir a los consejeros nombrados por Ciudadanos.

21 de abril. “Una residencia medicalizada no es una residencia con atención sanitaria solo, es algo más”, insiste el consejero Reyero, que vuelve a cuestionar la asistencia médica en los centros anunciada por Sanidad. Ayuso había concedido previamente entrevistas en las que aseguraba que los centros se han medicalizado.

21 de abril. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ordena a la Consejería de Sanidad a dotar de personal y test a cuatro residencias de Alcorcón, ante la solicitud de medida cautelarísima planteada por el Ayuntamiento.

7.300 muertes en residencias

2 de mayo. La Comunidad de Madrid informa de 7.337 muertes en estos centros, 5.828 de ellos son casos sospechosos o confirmados de coronavirus.

6 de mayo. La justicia obliga en un segundo auto al Ejecutivo regional a facilitar medios a las ocho residencias de Leganés, como había solicitado el Ayuntamiento de este municipio.

11 de mayo. Se presenta en los Juzgados de Plaza Castilla una querella colectiva contra altos cargos del Gobierno autonómico. La actuación parte de familiares agrupados en la Marea de Residencias.

13 de mayo. El Consejo de Gobierno destituye al director general de Coordinación Socio-Sanitario, Carlos Mur. Se trata del alto cargo que firmó en marzo las diferentes versiones del protocolo que ordenaba no derivar a los hospitales a los ancianos de residencias.

26 de mayo. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos registran en la Asamblea de Madrid una petición de comisión de investigación para conocer lo que ha ocurrido en las residencias.

1 de junio. “No es ético y posiblemente no sea legal”, dice el consejero Reyero en la Asamblea de Madrid sobre los protocolos de exclusión de ancianos elaborados por sus compañeros de Gobierno de la Consejería de Sanidad.

3 de junio. Ayuso sostiene que las órdenes de exclusión de los ancianos de residencias para ser ingresados en hospitales eran “borradores” y que nunca llegaron a los centros.

4 de junio. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, desmiente a la presidenta madrileña y reconoce en la Asamblea de Madrid que los protocolos de exclusión llegaron a las residencias y los hospitales aunque dice que “por error”.

5 de junio. El País publica los correos de Reyero a Ruiz Escudero expresando su alarma por la orden que restringía los traslados de ancianos a hospitales. El Consejero de Sanidad (PP) dice que se siente traicionado por la difusión de esos correos.

Un juzgado de instrucción remite al Supremo la querella presentada contra la presidenta madrileña, el consejero de Sanidad y el de Justicia por la gestión de la pandemia en estos centros.

8 de junio. Madrid inicia la fase 2 y se reanudan las visitas en las residencias. Algunas de ellas mantienen limitadas los encuentros con los familiares al detectarse rebrotes.

11 de junio. Ayuso anuncia una investigación “interna” sobre lo ocurrido en las residencias. Ese mismo día, la dirigente del PP defiende en una entrevista en El Confidencial que las decisiones de no trasladar a personas mayores de residencias a hospitales se tomaron por “pragmatismo y nunca por dejación ni negligencia”.

16 de junio. Madrid informa al Gobierno central de que el 18% de los usuarios de sus centros de mayores han fallecido entre marzo y mayo, según publica eldiario.es. La Comunidad informa de 7.690 muertos, 1.203 confirmados con la infección.