Funcionarios de la Comunidad alertaron por escrito al Gobierno de Ignacio González de la corrupción del 1% en los contratos públicos
Funcionarios de la Consejería de Transportes denunciaron hace más de seis años ante responsables políticos lo que les parecía, y era, un evidente caso de corrupción: cómo el PP de Madrid desviaba dinero público para pagar sus campañas electorales a través del 1% destinado a publicidad en las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid. Los trabajadores públicos, en su mayoría ingenieros, encontraron pruebas de esta supuesta malversación desde 2009 y lo denunciaron ante los responsables públicos. Presentaron esa denuncia por varias vías: a través de documentos por escrito y de forma presencial en una reunión en la que estuvieron presentes políticos y técnicos de la Administración regional.
A principios de 2013, los funcionarios del Gobierno regional que presidía Ignacio González enviaron una carta denunciando los “pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras” al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. La Junta de Personal (una suerte de comité de empresa del funcionariado) aprobó una segunda carta también dirigida al mismo consejero con copia a la mesa de la Asamblea de Madrid y a los grupos parlamentarios. También mantuvieron una reunión con el entonces número dos de Transportes, Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida, un encuentro que adelantó infoLibre y cuyos detalles revela ahora eldiario.es.
Todas aquellas alertas fueron ignoradas. Hoy las malas prácticas que estos funcionarios denunciaron, hace ya seis años, están siendo investigadas por la Justicia. El juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción han puesto la lupa en una cláusula administrativa que los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González incluyeron en los pliegos de los contratos públicos. Esa cláusula obligaba a las empresas adjudicatarias a abonar el 1% del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer. Ese dinero finalmente acababa en el partido o en el bolsillo de dirigentes del PP, según el último auto de García Castellón en el que imputa, entre otros, a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
Ahora dos documentos, que obran en poder de eldiario.es y que se reproducen al final de esta información, demuestran que los trabajadores alertaron de estas prácticas que consideraron cuanto menos “una inmoralidad”. La primera carta fue registrada por la Junta de Personal en la Consejería de Transportes el 4 de marzo de 2013.
La alerta se produjo después de que los directores de obra manifestaran su miedo a que se les estuviese obligando a certificar gastos irreales, ya que como comprobaron, algunas de esas campañas de publicidad no se estaban realizando y porque las empresas adjudicatarias comenzaron a pedirles permiso por esos gastos.
“Nos extrañó mucho la forma de enviar facturas a adjudicatarios de obras por parte de empresas que nada tenían que ver en el contrato, que no habían sido revisadas ni contrastadas por los funcionarios responsables de los contratos y que desconocían su existencia”, asegura a eldiario.es un director de obra de la Consejería de Transportes de aquella época. “En ocasiones, se llegaron a recibir dos facturas de sendas empresas por los mismos supuestos trabajos efectuados. Ni los conceptos ni los precios ni las cantidades habían sido objeto de control alguno”, añade.
En el escrito remitido a la dirección política de la Consejería de Transportes, la Junta de Personal manifestó que “este tipo de prácticas” chocaban “de manera frontal” con el “buen hacer, con atención a las leyes y sus reglamentos” de su trabajo y solicitaron el listado de las empresas publicitarias elegidas a dedo por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, el importe total destinado a este objeto y los criterios de contratación que se habían seguido para su elección. Los trabajadores públicos pidieron también una reunión con el entonces consejero de Transportes, Pablo Cavero.
En una segunda carta aprobada por la Junta de Personal y que se dirigía también al consejero, a la Mesa de la Asamblea de Madrid y a todos los grupos parlamentarios representados en ella, los trabajadores públicos manifiestan su preocupación por esta cláusula e insisten en las posibles irregularidades. Los trabajadores públicos querían incluso que se pusiera en marcha una comisión de investigación en el parlamento madrileño.
“La falta de control nos parece sumamente grave; en primer lugar porque no se puede exigir este pago de manera directa y, aparentemente, sin mediar ningún tipo de gestión por parte de los adjudicatarios, y en segundo lugar porque se atenta contra la libertad de mercado. Dichas prácticas se vienen llevando a cabo, al menos, desde el 2009 hasta la actualidad”, detalla el escrito.
Los máximos responsables de la consejería solicitaron entonces una reunión con los funcionarios. El encuentro se produjo el 22 de abril de 2013, según confirman a este periódico cuatro de los asistentes. Los trabajadores públicos expusieron de nuevo sus dudas por el cobro del 1% que llevaba produciéndose durante años. No asistió el consejero pero sí su viceconsejero, Borja Carabante, que ocupa actualmente el cargo de concejal de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida. Por parte del Gobierno regional también estuvieron Matilde García Duarte, entonces secretaria general técnica de la Consejería, y Eva García Camaño, subdirectora de personal (cargo que continúa ostentando).
En representación de los trabajadores asistieron Francisco Barrueco (secretario de la Junta de Personal), José Luis Soria (vocal de la Junta de Personal), Federico Millán (Vocal de la Junta de personal) y Mariano Martín (CSIF).
“La reunión fue muy desagradable. Carabante la empezó diciéndonos que si la Junta de Personal no tenía otra cosa de la que preocuparse que del 1%”, recuerda en declaraciones a eldiario.es José Luis Soria. “Se puso a gritar y negó que hubiera alguna irregularidad”, añade Francisco Barrueco, secretario de la Junta de Personal. El encuentro se terminó sin que los funcionarios lograran la información que habían solicitado, recuerdan ambos. “No entiendo cómo Carabante no ha sido llamado a declarar ni como testigo”, afirma Soria.
“A raíz de esa reunión esta práctica que se estuvo produciendo durante años se terminó”, asegura Barrueco y otros funcionarios con los que ha contactado este periódico. El edil del PP ha declinado hacer algún tipo de valoración cuando este periódico se ha puesto en contacto con él para recabar su versión, aunque ha admitido la reunión.
La subdirectora de personal, Eva García Camaño, asegura a este diario que no recuerda el encuentro: “Podría ser, no lo niego, pero no me acuerdo de absolutamente nada”.
Por su parte, Matilde García Duarte, secretaria general técnica de la Consejería de Transportes desde enero de 2012 nombrada por el Gobierno de Aguirre hasta 2015, asegura a este diario que tampoco la recuerda, aunque tampoco la niega: “Si hay personas que me sitúan allí, será así”. García Duarte defiende que al poco de su llegada, la cláusula del 1% de eliminó de los pliegos de los contratos, versión que coincide con la del funcionariado que recuerda que la reunión con Carabante fue un punto de inflexión. Aunque los motivos que esgrime la exsecretaria técnica de Transportes Matilde García Duarte para poner fin a esas prácticas son distintos: “Al poco de entrar yo esa cláusula se eliminó porque no tenía sentido. Estábamos en plena crisis y suponía incrementar los presupuestos de las obras”.
Empresas elegidas a dedo por el PP
Las empresas que se llevaban ese 1% de los contratos públicos eran escogidas a dedo por el PP: no había ningún concurso previo, aseguran los funcionarios. Su tesis coincide con la del magistrado que investiga la trama Púnica en las piezas que aluden al desvío de fondos públicos hacia el Partido Popular. Fueron el Gobierno de Aguirre primero y después el de González quienes decidieron qué empresas de comunicación cobrarían ese porcentaje de la contratación pública. La Audiencia Nacional acumula indicios de que en muchos casos el dinero acabó financiando campañas electorales del PP o en cuentas personales de algunos dirigentes populares.
Según detallan a eldiario.es varios funcionarios de la Consejería de Transportes, la persona encargada de comunicar el abono de estos conceptos era Arturo Rodríguez Escribano, entonces asesor de Carabante y concejal de Hacienda, Personal, Régimen Interno y Seguridad del Ayuntamiento de Loeches. Rodríguez Escribano tenía un despacho en uno de los altillos del edificio de la Consejería y era el que llamaba a las empresas adjudicatarias para anticipar que otras empresas facturarían el 1%. Este medio ha intentado ponerse en contacto con Rodríguez sin éxito.
Varios contratos de diferentes consejerías están siendo fiscalizados, entre ellos Sanidad, Transportes y Hacienda. En el último auto judicial, García Castellón describe un desfalco de 3,07 millones de euros de las arcas públicas a través de estos supuestos contratos de “publicidad simulada” por la construcción de hospitales y centros sanitarios. En el caso de los fondos de publicidad asignados a la construcción de carreteras que denunciaron los funcionarios en 2013, la investigación se encuentra todavía en una fase preliminar. “Se investiga qué personas se situaron detrás de las adjudicaciones e introducción de la cláusula de reserva del 1% en los pliegos de las licitaciones de transportes”, recoge el último auto judicial del pasado 2 de septiembre.
