El Gobierno de Almeida ofrece por la sede de IU dos millones de euros, uno menos de lo pactado con la embajada de Ghana

El 2 de noviembre de 1989 el Ayuntamiento de Madrid cedió al Partido Comunista (PCE) el derecho de superficie por 75 años de una parcela situada en el área de Arturo Soria, en la zona noble del distrito de Hortaleza. Esta cesión de 1.512 metros cuadrados de suelo no fue gratis: el PCE pagó por ella un módico precio de poco menos de 17 millones de pesetas (102.172,06 euros que con la actualización del IPC hoy serían 229.274,10 euros según el INE). Sobre esos terrenos el partido levantó la que es ahora la sede federal de Izquierda Unida. Un enorme edificio de 2.700 metros cuadrados que la dirección de IU quiere vender para hacer frente a su millonaria deuda, actualmente de 8,5 millones de euros.

El partido ya tenía un comprador, el Gobierno de Ghana, que quería instalar allí su embajada adquiriendo el inmueble y los 50 años que quedan del derecho de cesión del suelo. Pero una reciente decisión del Ayuntamiento de Madrid que preside el popular José Luis Martínez Almeida ha bloqueado esta operación, vital para la estabilidad económica de la coalición. “Lo necesitan los vecinos”, argumentó recientemente en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno el delegado del área de Desarrollo Urbano del Ejecutivo municipal, Mariano Fuentes (Ciudadanos). El Consistorio no ha precisado a este periódico cuál sería el uso que se le daría al inmueble.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, lleva intentado vender la sede en la calle Olimpo de Madrid (muy cerca del Liceo francés) desde que llegó a la dirección en 2016, al considerar que el inmueble, de grandes dimensiones, supone un elevado gasto innecesario, sobre todo teniendo en cuenta que la coalición arrastra una elevada deuda hipotecaria de 7,5 millones de euros que asfixia a la dirección, reconocen desde IU, que confluye a las elecciones generales en coalición con Podemos, un partido que presume de no depender de los bancos para financiarse.

Izquierda Unida había ofrecido el edificio al actual equipo de gobierno en junio, una vez tomó posesión del cargo Almeida, debido a que la superficie sobre la que se levanta el inmueble de cuatro plantas es pública y debería volver a manos de la corporación municipal cuando terminen los 50 años que quedan de la cesión de superficie. Esta cesión además tenía la peculiaridad de que la venta solo se podía hacer a un comprador que lo destinase a un uso terciario sin ánimo de lucro (organizaciones sociales, políticas y no gubernamentales). Y ahí entró en juego el Gobierno de Ghana.

El Ayuntamiento gobernado por PP y Ciudadanos rechazó en junio la oferta y emplazó a IU a encontrar un comprador. La formación logró un interesado e intentaba ultimar hace unas semanas la venta de su sede federal a la embajada de Ghana por una cantidad que rondaba los tres millones de euros. Ya había un acuerdo de compra-venta firmado y desde la web de la embajada se llegó a informar de que ocuparían esa nueva ubicación en la calle Olimpo.

El Consistorio de la capital, sin embargo, quiere ahora hacer valer la opción de compra que tenía, jugando la baza de que su autorización es necesaria para hacer efectiva la venta con Ghana. Si esto ocurre, IU podría perder alrededor de un millón de euros: la diferencia entre lo que ha ofrecido el Ayuntamiento, 2 millones (según informan desde el Consistorio a eldiario.es), y lo que pagaría Ghana, 2,95 millones euros, una cantidad que se pactó tras recurrir a una tasación bancaria. El inmueble, de cuatro plantas, está situado en el distrito de Hortaleza, en una zona en la que el precio de venta del metro cuadrado supera los 3.100 euros, según el portal inmobiliario Idealista.

“En la última reunión mantenida entre las partes el equipo de Gobierno trasladó a IU que no iba a autorizar la cesión del derecho de superficie a la embajada y que se iba a iniciar el procedimiento para la terminación del derecho por mutuo acuerdo, con retorno del suelo y del edificio al Ayuntamiento, previo pago de su valoración”, indican fuentes del área de Urbanismo a este periódico.

Estas mismas fuentes añaden que el Ayuntamiento valorará ahora “la edificación conforme a las técnicas de tasación regladas y eso será lo que se ponga encima de la mesa con objeto de dar cumplimiento a las cláusulas de la cesión de suelo firmado en su día”, añaden las mismas fuentes. De entrada, el Gobierno regional ha hecho la tasación en dos millones de euros, explican.

Una deuda millonaria

La venta supondría un desahogo para IU, cuya deuda proviene de la época de Julio Anguita y guarda relación con el pago de campañas electorales en los años 1999 y 2000, con Francisco Frutos de candidato. La formación con Anguita al frente había logrado cuatro años antes (1996) su resultado histórico con 21 diputados. En 2000 obtuvo ocho, con lo que eso significa en la pérdida de subvenciones electorales. Entonces, la formación tuvo que hipotecar su sede federal, hoy en venta.

Esa deuda hipotecaria asciende actualmente a 7,5 millones de euros, a los que se sumaban cuatro más. Tras el batacazo de Frutos llegó otro peor, el de Gaspar Llamazares en 2008 cuando IU se hundió hasta los dos diputados. En las elecciones de 2015, bajo la dirección de Cayo Lara, la formación tuvo que hacer frente a una deuda de 1,8 millones cuando se quedó sin grupo parlamentario, lo que implica no disponer de dinero para pagar el mailing electoral, las cartas con propaganda que llegan a los buzones de las casas.

La actual dirección de Garzón ha reducido tres millones de euros la deuda, que ascendía a 11,5 millones cuando llegó en 2016. El coordinador federal podría ahora reducir un importe similar (otros tres millones) si logra sacar adelante la operación de venta de la sede, teniendo en cuenta la tasación bancaria del inmueble.

La cesión

Cuando el Ayuntamiento de Madrid aprobó la cesión de la superficie al Partido Comunista por 17 millones de pesetas en 1989 en un acuerdo del Pleno municipal gobernaba el alcalde Agustín Rodríguez Sahaún (del CDS de Adolfo Suárez). Meses antes, el 29 de junio de 1989, se había proclamó regidor desbancando al socialista Juan Barranco con una moción de censura a la que se sumó Popular Popular (20 ediles). El CDS se hacía con el gobierno con ocho concejales. Izquierda Unida tenía entonces tres ediles en el Consistorio de la capital.

Los 24 concejales del PSOE, que se mostraron muy críticos con la enajenación de la parcela, acabaron absteniéndose en aquella votación. El edil socialista Jesús Espelosín, anterior responsable municipal de Urbanismo del Ayuntamiento, justificó la abstención porque “no veía clara la cesión de suelo a un partido político”, según recoge una noticia de El País.

El solar, que pertenecía hasta entonces al Patrimonio Municipal del Suelo, pasó así a manos de Izquierda Unida que ya planeaba entonces levantar una sede de cuatro plantas. Solo han pasado 25 años desde que se firmase la cesión de la parcela, pero el Ayuntamiento podría recuperar medio siglo antes el solar con un inmueble ya construido. Todo dependerá de si hay acuerdo con el precio, que IU ha fijado en los tres millones de euros. Si no logran cerrarlo, el Consistorio tiene en su mano bloquear cualquier futura venta ya que de ellos depende la autorización final.