Medidas irrealizables y recortes de derechos: el programa de Vox para pactar con PP y Ciudadanos en Madrid
Vox ha difundido este miércoles un documento llamado Tres condiciones, tres principios. Un programa único común para la Comunidad de Madrid que deben firmar tanto PP como Ciudadanos para que la formación de extrema derecha apoye la investidura de Isabel Díaz Ayuso.
En apenas dos páginas y “tres principios” –frente a las seis hojas y dieciséis puntos que ocupaba su propuesta de investidura para Andalucía–, Vox propone menoscabar los derechos fundamentales de las personas más vulnerables, entre las que se encuentran los inmigrantes o cualquier colectivo catalogado como 'ideológico'.
De la misma forma que ya ocurrió con el documento andaluz, Vox se vuelve a liar y confunde algunas competencias del ámbito estatal con el autonómico, como la identificación y expulsión de inmigrantes en situación irregular.
Bajar todos los impuestos y revisar subvenciones
En este primer apartado, enmarcado en el primer capítulo bautizado como 'Prosperidad', Vox solicita la bajada o eliminación de “todos los impuestos” de la Comunidad “sin elevar la deuda”. ¿Cómo pretenden hace esto? “Desmontando partidas de gasto público e ineficaz”, defienden.
En este punto, el partido de Santiago Abascal coincide con PP y Ciudadanos: ambos prometen una bajada de impuestos a nivel autonómico, si bien Madrid es una de las comunidades autónomas donde menos se pagan impuestos como el IRPF, el impuesto de sucesiones y donde impuestos como el de patrimonio no se abonan.
También en este epígrafe, y en línea con su discurso contra las asociaciones de atención a las mujeres maltratadas, piden la supresión de las subvenciones “destinadas a financiar chiringuitos” de “carácter ideológico”. Para ello, exigen una auditoría para revisar todas las subvenciones otorgadas por la Comunidad.
Paradójicamente, Santiago Abascal estuvo cobrando un sueldo de 83.000 euros por dirigir una institución dependiente de la Comunidad de Madrid en 2013 que él mismo calificó de “innecesaria”.
Creación de una “Consejería de Familia y Natalidad”
Después de erradicar todas estas subvenciones, Vox propone emplear estos recursos a “partidas que realmente reviertan en la mejora de la vida de los madrileños”, entre las que incluyen la Sanidad, la Educación y las ayudas a la dependencia.
Añaden, además, la creación de una “Consejería de Familia y Natalidad”, como también pidieron en Andalucía, para “revertir el invierno demográfico” y “apoyar la maternidad”.
En este caso, se trata de una formulación más edulcorada frente a la propuesta a principios de año para apoyar el pacto de investidura de Juanma Moreno. En el documento andaluz incluían dentro de este apartado la búsqueda de “alternativas” para las mujeres embarazadas para “evitar el drama del aborto”. Asimismo, sostenían que se asegurarían “de que ninguna de ellas reciba coacciones o presiones de su entorno que la obliguen a abortar”.
El 'pin parental' y la derogación de leyes LGTBI
En un segundo punto al que han llamado 'Libertad de educación y pensamiento', Vox promueve el 'pin parental' que ya presentó para el Gobierno de Andalucía. Se trata de una medida “para que los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones”.
De esta forma, el partido se mantiene fiel a su empeño por priorizar en todas aquellas medidas de carácter ideológico y moral.
La formación también defiende la aprobación de protocolos en las instituciones educativas “que aseguren protección frente a situaciones de discriminación, acoso o violencia”. Eso sí, siempre y cuando no se menoscabe “la libertad de conciencia, libertad de educación o presunción de inocencia”.
Cabe destacar que si bien no mencionan de forma explícita al colectivo LGTBI, sí hacen referencia a la derogación de artículos –sin especificar cuáles– de la Ley 2/2016, del 29 de marzo, y de la Ley 3/2016, de 22 de julio, referidas a la protección de las personas trans y en contra de la LGTBifobia, respectivamente. La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido este mismo miércoles en declaraciones a los medios con el recorte de estas leyes, algo a lo que Díaz Ayuso se ha mostrado abierta.
Ceder datos de inmigrantes a la Policía
En un tercer y último punto llamado 'Cumplimiento de la legalidad', Vox ha exigido al PP y Ciudadanos “colaborar desde todos los organismos de la comunidad de Madrid, incluidos los pertenecientes al ámbito de la Sanidad, con las fuerzas de seguridad del Estado en la identificación de los inmigrantes que se encuentren en la Comunidad de forma ilegal”. Sin embargo, su propuesta choca de frente con sus competencias autonómicas y con la regulación en materia de protección de datos.
Las comunidades autónomas no tienen competencia para repatriar a inmigrantes que residen en España de forma irregular: su expulsión e identificación corresponden al Ministerio del Interior. La petición de Vox se refiere, como ya hizo en su documento de exigencias en el marco del acuerdo andaluz, a la cesión a la Policía Nacional de los datos recogidos por organismos regionales que prestan servicios a las personas sin papeles, como programas de atención social, jurídica o sanitaria.
En su documento de negociación de la Comunidad de Madrid, la formación de Santiago Abascal destaca “el ámbito de la Sanidad” como vía para enviar datos de inmigrantes sin papeles a la Policía. No obstante, las instituciones sanitarias tienen prohibida la cesión de datos con un fin que no sea médico o estadístico.
El pasado mes de enero, PP y Vox acordaron la colaboración de la Junta de Andalucía con la Policía en relación al control de la inmigración irregular, aunque sin hacer referencia en su pacto al envío de datos sanitarios. Transcurridos seis meses de la formación del Ejecutivo andaluz, no se ha producido la cesión de información revogida por la Sanidad Andaluza como exigía Vox.
“Identificación y repatriación de MENAS”
En el marco de la exigencia de Vox de colaborar con la Policía Nacional desde los organismos regionales en la cesión de datos de inmigrantes sin papeles, el partido de extrema derecha destaca su petición de prestar “una especial atención” a la identificación y repatriación de los Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS). Tampoco se sostiene.
Aunque las comunidades autónomas, como la de Madrid, se encarga de la acogida de estos menores migrantes (como de cualquier menor tutelado, español o extranjero), su competencia se limita a la protección de estos niños y adolescentes. Actualmente, no pueden ser expulsados a no ser que la deportación se produzca de forma voluntaria y en base al “bien superior del menor”.
En todo caso, las decisiones sobre su posible repatriación corresponde al Ministerio del Interior, que ya inició en abril los primeros trámites para repatriar a Marruecos a 23 menores migrantes no acompañados residentes en la Comunidad de Madrid. La decisión sobre su repatriación siempre dependerá del Gobierno central, no del Ejecutivo regional.
Del mismo modo, el Ministerio del Interior ya cuenta con un Registro de Menores Extranjeros no Acompañados (REMA) cuyos datos se completan a través de la información proporcionada por los gobiernos autonómicos.
Retirar la sanidad a los inmigrantes irregulares
Vox también juega con la petición de retirar la sanidad a los inmigrantes sin papeles. “Requerir al país de origen el pago de factura sanitaria de inmigrantes irregulares y comunitarios o visitantes que se hayan beneficiado de la sanidad madrileña”, establece su documento de negociación.
Con la aprobación del Real Decreto de la “recuperación de la sanidad universal”, el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció el derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles que lleven más de 90 días de residencia en España. Por tanto, el Ejecutivo autonómico no podría retirar la asistencia sanitaria a este colectivo. No obstante, organizaciones como Yo Sí Sanidad Universal han alertado de una aplicación deficiente por parte de la Comunidad de Madrid en determinadas ocasiones. Por su parte, la decisión de exigir el cobro de la asistencia sanitaria a sus Estados de origen no depende de las autonomías.
En cuanto a los inmigrantes comunitarios, el planteamiento de Vox lleva regulado desde hace años. Los residentes en España procedentes de la UE pueden acceder a la cobertura sanitaria a cargo de fondos públicos a través de dos vías: si la cobertura es sufragada por sus países de origen o si se encuentran cotizando en España a través de un contrato de trabajo. En todo caso, deben estar incluidos en el Registro Central de Extranjeros, para lo la Administración solicita contar con un seguro médico.
Acabar con “ayudas a inmigrantes ilegales”
Además, Vox ha reclamado a PP y Ciudadanos “suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales y a aquellas asociaciones que promuevan la inmigración ilegal”, uno de los mensajes más repetidos por la formación de extrema derecha.
En la Comunidad de Madrid, los inmigrantes en situación irregular no reciben una ayuda directa por el hecho de serlo. No hay ninguna prestación destinada únicamente a esta población. Sí existe, al igual que en otras comunidades autónomas, la renta mínima de inserción, una prestación económica mensual para garantizar unos ingresos mínimos a quienes no cuentan con ello. Sin embargo, el primer requisito para acceder a ella es acreditar “tener residencia legal” en Madrid. Lo mismo ocurre con los programas de ayuda al alquiler del Gobierno autonómico, destinados a la población con menos recursos. También para acceder a ellas se requiere “poseer nacionalidad española o residencia legal”, como puede comprobarse en la página web de la comunidad.
Sobre las que sí puede pender la espada de Damocles son las entidades sin ánimo de lucro que brindan apoyo a la “población vulnerable”, entre la que se encuentran inmigrantes en situación irregular, que sí pueden acceder a ayudas para sus programas. Las subvenciones del Gobierno madrileño están destinadas principalmente a proyectos que persiguen la acogida y la inclusión social y laboral de este colectivo, a diferencia del objetivo de “promover la inmigración irregular” sobre el que Vox no precisa más detalles. Entre las entidades que han recibido estos fondos en el último año hay organizaciones con una labor destacada de denuncia sobre las condiciones que enfrentan las personas en situación irregular en Madrid, por ejemplo, en el CIE de Aluche.
Además de cortar la financiación a las entidades, Vox exige a cambio de su apoyo -en línea con la retórica criminalizadora de otras formaciones de extrema derecha europeas sobre quienes defienden los derechos de los migrantes- “promover, en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de organizaciones que cooperen con las mafias de tráfico de personas, o favorezcan la inmigración ilegal”.
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