La revuelta de la Policía Municipal contra Carmena: un “conflicto político” salpicado de reivindicaciones laborales
“El mandato de la ciudadanía, expresado en las urnas, es que se necesitan cambios, también en la Policía Municipal”. La frase del concejal de Seguridad, Javier Barbero, deslizaba que el conflicto con el cuerpo respondía a las reticencias al nuevo modelo policial de Ahora Madrid. La pronunció después de uno de los episodios de ese enfrentamiento al que algunos agentes dan tintes políticos: el 'escrache' que sufrió por parte de 300 agentes.
El conflicto vive su momento más álgido estos días en plena negociación para aprobar el nuevo convenio colectivo, con dos sindicatos en guerra con el consistorio. Este es el último de una larga lista de encontronazos entre el Ayuntamiento y un sector de los agentes que comenzó tras las primeras decisiones del nuevo equipo de Gobierno. El último episodio ha obligado a intervenir a la Unidad de Asuntos Internos, que investiga si se ha producido una huelga ilegal como medida de presión.
Los primeros episodios de ese levantamiento de una parte de los agentes comenzaron al poco de que Ahora Madrid, con Manuela Carmena al frente, desbancase al PP del Ayuntamiento de Madrid que los populares gobernaban desde 1991. Carmena llegó al poder con la intención de instaurar un nuevo modelo de Policía Municipal que pasaba por estar más cerca del ciudadano, por ejemplo, patrullando a pie. “Quiero una policía preventiva, que tenga como fin la convivencia y al ciudadano. No estamos para resolver los grandes delitos”, dijo entonces Barbero.
La mecha de la revuelta: el fin de los antidisturbios
Tras polémicas leves con las primeras decisiones, llegó la mecha que prendió el primer levantamiento de los agentes: el consistorio suprimió las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), conocidos como los Antidisturbios de la Policía Municipal. Carmena decidió que esos agentes municipales ya no iban a participar en desahucios ni a vigilar manifestaciones, redujo sus efectivos y les asignó otras tareas. Los agentes que salieron de la Unidad perdieron el complemento salarial que tenían asociado a ese puesto.
El descontento de parte del cuerpo desembocó en un escrache a Barbero. Unos 300 agentes acudieron a la salida de una Comisión de Seguridad para asediar al concejal con gritos como “rojo de mierda”, “gordo”, “perroflauta” o “dictador, hijo de puta”. Golpearon su coche oficial y agredieron a una periodista. Barbero dijo entonces que la protesta tenía tintes “fascistas”, lo que le valió una querella por parte del sindicato mayoritario, el Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM), que ha comandado la oposición policial al Ayuntamiento. Se archivó sin más consecuencias.
El proyecto fallido de la Policía Comunitaria también generó protestas entre los agentes y la reciente muerte de un mantero en Lavapiés volvió crear tensión y dio lugar a nuevas querellas. Pero el episodio que mejor ha mostrado el descontento de una parte de la Policía Municipal con el Gobierno de Ahora Madrid es la publicación de los mensajes de un grupo de WhatsApp de agentes del cuerpo.
Esos comentarios contenían insultos y amenazas a Carmena –“Hija de la grandísima puta roja de mierda mal parida”– y a su equipo de Gobierno. Otros mensajes de ese mismo chat lanzaban loas a Hitler y comentarios contra los inmigrantes –“hay que hacer cacerías contra los guarros”–. El Ayuntamiento suspendió a tres agentes que fueron investigados por un juez, que finalmente archivó la causa. Alegó que los mensajes, aunque reprochables, se habían dado en un grupo privado.
Aquel episodio reveló el odio de algunos funcionarios del cuerpo hacia la alcaldesa, pero también evidenció la fractura entre los sindicatos de la Policía Municipal. El agente que denunció el contenido del chat era de Comisiones Obreras (CCOO) y recibió apoyo de la Unión General de Trabajadores (UGT). En contra se situó el sindicato mayoritario CPPM y Unión de Policía Municipal (UPM), quienes defendieron a los agentes suspendidos y cargaron contra el denunciante. CSIT criticó el contenido de los mensajes pero también su filtración.
Las pequeñas discrepancias que había hasta entonces desembocaron en un enfrentamiento abierto que se ha trasladado, con leves cambios, a la negociación del convenio colectivo. Lo único que les une es la denuncia de una plantilla insuficiente en la que no se han cubierto los puestos que se perdían con las jubilaciones: el Ayuntamiento cree que hay un déficit de unos 600 agentes, pero las nuevas oposiciones convocadas cubrirán poco más de 200.
“Se busca un desgaste político”
Esas conversaciones sobre el convenio han llevado la relación del Ayuntamiento con la Policía Municipal de Madrid a su punto más tenso. El consistorio alcanzó un primer acuerdo con tres sindicatos -UGT, CCOO y UPM- que fue rechazado en referéndum por los agentes. Ahora CPPM y CSIT continúan negociando sobre el primer acuerdo en medio de la guerra sindical, que este viernes ha vivido un nuevo capítulo. Las sedes de los sindicatos que firmaron el primer acuerdo han aparecido vandalizadas.
Fuentes de esos sindicatos firmantes aseguran que el primer acuerdo es lo máximo que podían obtener dado el presupuesto del que dispone el Ayuntamiento. La propuesta recogía una subida lineal de 140 euros al mes y la consolidación anual de 400 euros de productividad en el complemento específico, entre otras mejoras.
Esas mismas fuentes critican la actitud de CPPM y CSIT, a quienes acusan de abandonar las reivindicaciones laborales y convertir la negociación en un “conflicto político”. “Se busca el conflicto por el conflicto, se busca un desgaste político”, afirman. Añaden que tratar de estirar el primer acuerdo es “luchar contra un muro”, pero hay quien “le interesa”.
Por la otra parte, desde CSIT, su portavoz Javier Horcajo critica a los sindicatos firmantes por no querer que se mejore el acuerdo. “Van a quedar en evidencia por firmar pronto”, añade. Horcajo no ve predisposición en el Ayuntamiento a mejorar la propuesta rechazada en el referéndum y critica que la única cesión hasta ahora sea una subida anual de 120 euros sobre lo ya acordado. Aún así, afirma que no se trata de “un tema económico”, sino de “conciliación familiar”, porque la no ampliación de la plantilla durante los últimos años ha aumentado su carga de trabajo.
En medio de ese conflicto laboral se han producido las bajas masivas durante el dispositivo del Orgullo. CPPM y CSIT las han achacado al exceso de horas de los agentes, pero Asuntos Internos ha abierto una investigación. Van a analizar más de 200 bajas sobrevenidas de funcionarios que no se presentaron a su puesto de trabajo durante el pasado fin de semana, obligando a otros policías a doblar turno y a trabajar 16 horas. Si ven indicios de que se trata de una huelga encubierta llevarán los hechos al juzgado.
