Desahuciadas cuatro familias de Argumosa 11, símbolo de la especulación inmobiliaria y el derecho a la vivienda

Al menos seis personas han sido detenidas y varias han sido identificadas durante el desalojo de cuatro familias del bloque Argumosa 11, en Madrid. Pese a la movilización social, Pepi Santiago ha sido desahuciada del piso donde lleva viendo más de 20 años. Ha ocurrido durante la mañana de este viernes, y no ha sido la única. Rosi y su familia y Juani y Mayra y las suyas han corrido la misma suerte. Tres juzgados diferentes han señalado para el mismo día y a la misma hora cuatro desahucios en el mismo bloque, algo que desde las asociaciones en pro del derecho a la vivienda califican de “inédito”.

La movilización social venía siendo la tónica habitual para frenar estos desahucios en Argumosa 11, propiedad de la familia Aguado y la empresa Proindivisos y convertido en un símbolo contra la especulación inmobiliaria y el derecho a la vivienda en Madrid. Esta vez, decenas de ciudadanos han protestado a varios metros del portal, porque alrededor de medio centenar de efectivos de la Policía Nacional han mantenido la calle cortada con un cordón y varios furgones de las Unidades de Intervención Policial (UIP), desde las 2h de la madrugada. El objetivo era impedir que los vecinos del barrio impidieran el acceso de la comisión judicial al edificio.

La comisión llegó a la zona, como estaba previsto, siete horas y media después de haber cortado la calle, a las 9.30h. Aún así, un grupo de unas 30 personas esperaba en el portal, donde había accedido a primera hora de la noche. Entre ellos se encuentran los detenidos e identificados por agentes de la policía nacional. Javier Gil, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que se encontraba en el interior del bloque, explica que la entrada de los agentes se produjo “con violencia”. De hecho, afirma que hay varios “heridos por cristales”. Para entrar, la policía reventó la puerta del portal y los restos cayeron sobre las personas sentadas dentro.

La ONU solicitó la paralización del desahucio de Pepi

Este era el séptimo señalamiento para Pepi, el quinto de Rosi y el cuarto de Juani, que tiene una hija con una discapacidad de un 85%, y de su nuera Mayra, con tres hijos menores a su cargo, uno de ellos recién nacido. El comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU había vuelto a solicitar, por tercera vez, que se paralizara el desahucio de Pepi ante la falta de una vivienda alternativa adecuada, sin que las autoridades españolas hayan atendido esta petición. Juani y Mayra, que habitan en pisos distintos, pero con el mismo contrato, también contaban con una resolución similar en su intento anterior. Juani tiene concedido un piso del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), que aún no le han entregado.

La premura con la que se les ha notificado este lanzamiento, el mismo jueves por la tarde, ha impedido volver a solicitar amparo a este organismo, según la abogada de la PAH, Alejandra Jacinto, que representa a Pepi y a Juani ante el DESC. Jacinto, que ha podido acceder a las inmediaciones del bloque cuando llegó la comisión judicial, ha explicado que, al ser informados sobre la resolución de Naciones Unidas, “nos han dicho que eso no iba con ellos, que se lo dijéramos al juez. Ya se lo hemos dicho al juez, pero en tanto en cuanto ellos forman parte del aparato judicial tenían que ser conocedores de la violación que iban a cometer”.

Tras ser desalojadas, estas familias han sido atendidas por el Samur Social y, después, se han resguardado en casa de una vecina a la espera de una solución habitacional para esta noche, mientras los abogados de la propiedad iban retirando las pancartas que colgaban de los balcones de las viviendas, con lemas como ‘Proindivisos nos quita los pisos’. Pese a la situación de angustia, Pepi ha salido a la calle para agradecer la movilización social. Tras volver a entrar, ha vuelto a salir, acompañada esta vez de Rosi y Juani. Ha sido esta última la que ha tomado la palabra: “Lo he pasado muy mal”. “Está todo por la escalera y se me han quedado cosas en mi casa, porque ha sido (la notificación) ayer por la tarde. No me ha dado tiempo”, explica. Su nuera, Mayra, “está muy mal porque acaba de dar a luz hace unas semanas (el bebé cumple hoy un mes) y se queda con tres niños pequeños en la calle”. “Estamos esperando a ver dónde nos llevan y esperamos que nos den alguna solución. No tenemos claro todavía donde nos van a llevar”, lamenta.

Desde la plataforma Bloques en Lucha confían en que el ayuntamiento pague unas noches de hotel hasta que planteen otra alternativa habitacional, aunque no lo ven como una solución definitiva. “Si les pagan una semana y luego las vuelven a echar, sería un desahucio del Ayuntamiento de Madrid y eso no lo podrían aguantar”, dicen.

La abogada de la PAH califica el hecho de “inédito”

Por su parte, Jacinto ha denunciado que, pese a que le han dejado acceder a las inmediaciones del portal, la comisión judicial le ha impedido estar presente durante el desahucio. Es un acto de extrema injerencia, que viola el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Si la representación letrada, que soy yo, quiere estar allí para conocer el contenido de esa diligencia, en lo que afecta a los derechos de mi representada, tengo todo el derecho del mundo a estar“, ha explicado. Unos hechos que contrastan con la situación vivida por los abogados de la propiedad, que si han podido acceder al bloque.

Para la abogada es un hecho “inédito” que tres juzgados “se coordinen para dictar la misma resolución, el mismo día, notificarlo con horas de distancia, con el mismo texto, el mismo contenido, incluso la misma letra”. “No sabemos qué poderes, qué capacidad hay detrás de coordinar a tres juzgados que enjuician asuntos distintos para dictar una resolución de estas características”, ha indicado.

Desde la noche del jueves, cerca de un centenar de asociaciones en pro del derecho a la vivienda han firmado un manifiesto en el que exigían la paralización de estos desahucios y una serie de medidas, como una ley autonómica de vivienda, que el Gobierno apruebe por decreto una medida de urgencia que garantice este derecho y evite estas situaciones, que el ayuntamiento de Madrid se muestre firme ante los especuladores e inicie un procedimiento de expropiación en Argumosa 11 y que se abra un proceso de negociación entre la empresa Proindivisos y las administraciones.

En la concentración en la calle Argumosa estuvieron presentes los diputados de Unidos Podemos Ana Marcello, Alberto Rodríguez y Rafael Mayoral, a los que la policía tampoco permitió acceder al bloque.