Volver a hacer las maletas un año después del realojo: 12 familias de El Gallinero, obligadas a trasladarse

Volver a hacer las maletas un año después del realojo. 12 familias con 22 niños y niñas cuyas chabolas fueron derribadas el 26 de septiembre de 2018 del poblado de El Gallinero, un núcleo de pobreza extrema a 12 km de la Puerta del Sol de Madrid, deben abandonar de nuevo su casa. Tiene que irse Diagrama, con sus tres hijos de seis, cuatro y un año; y su sobrino Philip, que ha empezado a estudiar Electricidad en el instituto. También Lorena (nombre ficticio), de 17 años, que consiguió traspasar el techo de los estudios obligatorios. Cursa Bachillerato y quiere ser abogada. 

Un año después del derribo de un poblado chabolista que llegó a albergar hasta a 600 personas, la Comunidad de Madrid ha empezado a adjudicar viviendas sociales a estas familias –hasta ahora se encontraban en pisos de emergencia, según el Consistorio– sin tener en cuenta la zona donde ya viven y donde han iniciado el proceso de integración social. El Gobierno regional tiene un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, firmado seis días antes de que se derribara el poblado, que  le da las competencias sobre el 50% de los realojos. 

A una de las familias, la de Lorena, la envían de la capital a Pozuelo del Rey, un pueblo de 1.000 habitantes a 40 kilómetros de Madrid que no tiene instituto. “Sería como volver a repetir algo que ya he vivido y no quiero”, asegura. Hace un año el Ayuntamiento de Madrid derribó la chabola en la que vivía con la promesa de un realojo estable. Dice que en su casa no se habla de otra cosa y que le cuesta estudiar así. A su lado está sentado su padre, asustado con la posibilidad de que no aceptar la casa en Pozuelo del Rey signifique quedarse en la calle. 

A otra familia también se le ha informado ya del cambio de vivienda aunque no ha sido posible notificarlo oficialmente por encontrarse fuera de España durante unas semanas, confirman fuentes del Gobierno regional, que aseguran que el resto se asignarán “en las próximas semanas”. 

Según recoge el convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid, la administración regional debe hacerse cargo de la mitad de los realojos -siete- pero hasta ahora el 100% los estaba asumiendo provisionalmente el Gobierno municipal. Una parte de ellos a través de un convenio con la ONG Accem, que puso a disposición del Consistorio cinco pisos tutelados con un educador que acompaña a las familias sin recursos.

Es el caso de Diagrama y sus hijos. Los niños pululan por el salón de una casa de Vallecas. Moisés, de seis años, escucha las conversaciones de los adultos e interviene de cuando en cuando. “¡Yo tampoco quiero irme!”, interrumpe. Dice que en el colegio tiene “muchos amigos” y alguna “novia”.

“Aquí estamos bien con los vecinos. No sabemos cómo va a reaccionar el nuevo vecindario si nos mandan a otro lado. Si fuera por mí me quedaría aquí toda la vida”, afirma Diagrama, de 26 años. Su marido ha encontrado trabajo limpiando en un concesionario. Su sobrino Philip, de 15 años, encontró algo aún más valioso: el gusto por estudiar y aprender un oficio en un Aula de Compensación Educativa de la Comunidad de Madrid. 

Dos de las siete viviendas que las familias tienen que dejar no son provisionales sino que tenían un contrato prorrogable hasta 2024 con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid, según los voluntarios de El Gallinero. eldiario.es ha accedido a uno de esos contratos tipo. Fuentes municipales desmienten que sea el caso de las familias que van a volver a ser realojadas. 

Cambio de colegio, otra vez

“Con estas decisiones la administración ha puesto en marcha un proceso de desintegración de las familias. 19 niños y niñas tendrán que cambiar otra vez de colegio a mitad de curso”, denuncia Blanca Gómez, voluntaria de la Parroquia San Carlos Borromeo, que acompaña a las familias en el proceso.

La administración asignó temporalmente 14 viviendas en septiembre de 2018. Todas las familias fueron repartidas en diversos barrios de la ciudad de Madrid. Los voluntarios apoyaron el realojo disperso precisamente para favorecer la integración con diferentes barrios: Puente de Vallecas, San Blas, Latina, Villaverde... Un año después, los vecinos de El Gallinero afrontan obligatoriamente un nuevo traslado. Fuentes municipales confirman a eldiario.es que no se pueden negar a él porque de lo contrario quedarán excluidos durante 10 años de las listas de vivienda pública de Madrid, según la normativa. 

Las familias y los voluntarios que las acompañan temen que un cambio de localidad rompa con los “buenos resultados” de integración que estaban logrando en sus barrios. “Se está rompiendo la transmisión generacional de la exclusión. Hay una chica en los estudios no obligatorios, varios chavales en Secundaria, otro estudiando cocina, otro electricidad... Habían conseguido acceder a unas condiciones de vida que iban a ser capaces de romper con eso, y ahora tienen que trasladarse lejos”, denuncia Gómez, que avanza que la familia con la notificación de traslado va a recurrir la asignación administrativamente. Los voluntarios también han puesto la situación en conocimiento del Defensor del Pueblo. 

Fuentes de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid defienden que arrancar los lazos al lugar de residencia un año después del realojo con un cambio de localidad “en ningún momento va a restar posibilidad alguna” a la integración de las familias y garantizan “un seguimiento pormenorizado”. Los 19 menores escolarizados ya tuvieron que cambiar de colegio con el curso iniciado porque el realojo se produjo a finales de septiembre. Y ahora, un año después, de nuevo. 

“Si los menores deben coger una ruta escolar para acceder a sus centros educativos no es en ningún caso una desventaja sino algo regular y normal que hacen miles de estudiantes en la región”, precisan las mismas fuentes, que abundan en que las decisiones se toman “con independencia de donde estudien los niños”. “No siempre las grandes ciudades son más acogedoras que los entornos pequeños”, remachan.

Uno de los directivos de la Agencia de la Vivienda Social, Eusebio González, acusa a los voluntarios de “interferir” en el proceso. “Son familias que han estado viviendo en chabolas y que tienen la oportunidad de vivir en una vivienda muy digna”, afirmó en declaraciones a la Cadena Ser. “Eran chabolas, pero eran sus casas”, responden los voluntarios, que también denuncian que la administración les pidió ayuda para mediar con los vecinos de El Gallinero pero después no les han vuelto a contactar.  

El convenio firmado en 2018 por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, mostrado como un ejemplo de entendimiento entre administraciones –entonces– de diferente color político–, incluye una partida de 1,8 millones de euros para que la Agencia de la Vivienda Social adquiera pisos de protección para estas familias. Fuentes del Gobierno regional explican que han invertido unos 180.000 euros en cada una de las ocho casas compradas y justifican que se han incorporado a la cartera de vivienda pública siguiendo las indicaciones de los técnicos municipales. Según estas mismas fuentes, no todas están fuera de la capital: un 40% se situarían en la ciudad de Madrid. 

Condiciones más duras

Los voluntarios aseguran, sin embargo, que “los recursos asignados para este proceso de realojo son más que suficientes para evitar traslados fuera de la ciudad de Madrid y lograr soluciones respetuosas con los derechos de estos niños”. “Con el presupuesto que tienen en teoría deberían tener recursos para mantenerlos en lugares que no truncaran su proceso. ¿Qué se ha hecho con ese dinero?”, se pregunta Gómez. La voluntaria de San Carlos Borromeo denuncia también que no le permitieron entrar a la reunión que la Agencia mantuvo con la familia que ya tiene destino ni tampoco su abogado. “Solo pudo entrar un intérprete”, asegura. 

En un comunicado hecho público este viernes, el grupo de voluntarios de El Gallinero denuncia también que “las condiciones económicas y administrativas que ahora se les ofrecen resultan discriminatorias” respecto al resto de realojados por el Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo, no pueden pagar de forma fraccionada la fianza y tendrán que desembolsar unos 200 euros de una vez, además de su mensualidad reducida (entre 50 y 100 euros). También se pide que todos los miembros mayores de 14 años tengan NIE. Diagrama no cuenta con ese documento. “Les van a mover pero algunos no van a poder firmar el contrato de alquiler. No entendemos”, dice la voluntaria. 

Los voluntarios han pedido por escrito a los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida que “respeten los derechos de los menores y que no interfieran en los procesos de estos niños, que están claramente avanzados”. Pero nada hace pensar que se vaya a dar un paso atrás. El Ayuntamiento de Madrid asegura que la gestión de estas viviendas corresponde a la Comunidad de Madrid; y la Comunidad de Madrid indica que responden a las directrices del Gobierno municipal. Mientras, sigue adelante el realojo de los realojados: cambio de casa, de barrio, de amistades, de colegio, de trabajo. Un nuevo periplo vital a expensas de las decisiones de los gobiernos que sume a las familias, otra vez, en un mar de interrogantes.