Un acuerdo judicial y económico entre los sindicatos, Metro de Madrid y la Fiscalía de Madrid pondrá fin este miércoles a la batalla judicial y civil que se libra en los tribunales madrileños por las graves consecuencias de la inhalación del amianto en la salud de los trabajadores del suburbano.
Está previsto en los Juzgados de Plaza de Castilla la firma del acuerdo entre las partes para resarcir a las víctimas y familiares de trabajadores de Metro fallecidos a causa de la exposición al amianto durante su vida laboral.
El acuerdo económico, cuyo contenido aún no se conoce, se firmará entre el fiscal, los sindicatos y Metro de Madrid, según ha detallado a Europa Press fuentes jurídicas. Con su firma, las partes renuncian al ejercicio de las acciones penales, civiles y laborales derivadas de los hechos investigados.
A las 11.00 horas, CCOO ha convocado una concentración de apoyo a víctimas y familiares, a la que asistirán el secretario general del sindicato, Unai Sordo, y la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López.
El acuerdo pondrá fin a la causa que investiga la jueza María Isabel Garaizaba a instancias de una denuncia de la Fiscalía de Madrid contra siete responsables de Prevención de Riesgos Laborales de Metro de Madrid por el presunto homicidio imprudente de dos empleados fallecidos por su exposición a este mineral cancerígeno.
Durante los interrogatorios a los investigados, dos responsables de Prevención de Riesgos Laborales asumieron la responsabilidad de sus respectivas áreas en no evitar las graves consecuencias que supone para los empleados la exposición a este mineral cancerígeno.
“Un gran hito”
CCOO ha calificado este acuerdo de “gran hito”, conseguido en el marco de una negociación con todas las partes personadas en el procedimiento penal seguido en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, con el ánimo y la voluntad de dar solución a los casos pasados, presentes y futuros.
El sindicato ha recordado que como consecuencia de las actuaciones desarrolladas por la Inspección de Trabajo se dio traslado de un acta de infracción a la Sección de Siniestralidad laboral de la Fiscalía Provincial de Madrid, que inició las diligencias de investigación en 2018.
Tras el desarrollo de estas diligencias, en las que participó de forma directa el Comité de Empresa, el Ministerio Público consideró que existían indicios de criminalidad suficientes para presentar una denuncia por un posible delito contra los derechos de los trabajadores, delitos de homicidios imprudentes y delitos de lesiones imprudentes frente a determinados trabajadores de Metro de Madrid.