Liliana García continúa con parte de sus propiedades empaquetadas en cajas por miedo a una nueva fecha de desahucio. Cuenta que ya ha hecho frente a dos señalamientos, que finalmente no se han producido, y hasta que la Comunidad de Madrid no recupere su vivienda mantiene guardadas sus pertenencias por si tiene que abandonar su casa. Esta mujer, madre de tres hijos, fue una de las afortunadas a las que en 2008 el Gobierno autonómico le concedió un piso de protección oficial de tres habitaciones en el Ensanche de Vallecas.
En 2013 con la venta de cerca de 3.000 inmuebles públicos al fondo buitre propiedad de Goldman Sachs y Azora, su casero cambió y eso torció su día a día. “Pasé de vivir tranquila a estar angustiada, pensando que en cualquier momento me podían echar de mi casa”, cuenta. García junto al resto de sus vecinos es una de las afectadas por la operación promovida por el Gobierno de Ignacio González (PP) para conseguir liquidez en mitad de la crisis económica. Con la venta de estos inmuebles las arcas públicas se embolsaron 210 millones de euros.
La operación se torció para la Comunidad de Madrid el 21 de mayo de 2018, cuando por primera vez la justicia anuló la venta y abrió la puerta a la recuperación pública de las viviendas. A partir de esa fecha, desde la Puerta del Sol se han embarcado en una batalla legal que ha ido encadenando varapalos judiciales, ratificados en el Supremo. El único éxito cosechado por ahora con esta estrategia ha consistido en dilatar la reversión de la devolución de las viviendas públicas.
Lágrimas al conocer la sentencia que anulaba la venta
“Estaba trabajando cuando me llamó un compañero. Me dijo que me sentase porque tenía que darme una noticia importante y cuando me lo contó me puse a llorar”. Este es el recuerdo que tiene García del momento en el que le comentaron que la justicia anulaba por primera vez la venta realizada por el Gobierno de Ignacio González. Desde ese mes de mayo de 2018 ningún juzgado ni tribunal ha estimado la argumentación del Gobierno autonómico para hacer caja con la venta de cerca de 3.000 viviendas sociales en la época más dura de la crisis económica anterior.
La operación se ha suspendido porque las diversas instancias judiciales que se han pronunciado sobre este asunto consideran que la Comunidad no justificó ni motivó la venta del parque público de viviendas. “Una cosa es la existencia de una motivación escueta y, otra distinta, que la misma sea inexistente en relación con lo que ha de justificarse”, recordaban los magistrados del Supremo en el auto emitido en noviembre de 2019.
La Comunidad ha iniciado las peticiones en el registro
Los afectados llevan casi tres años esperando a que la sentencia se ejecute, en los últimos meses el fondo ha accedido a devolver las 1.722 viviendas que no han sido vendidas a terceros. Hasta ahora la Comunidad se había negado a aceptarlas, sin embargo fuentes oficiales de la Consejería autonómica de Vivienda aseguran que “las peticiones a los registradores se han hecho ya”, para anotar en cada una de las fincas la suspensión de la operación. “Los registradores ante la complejidad del asunto han pedido criterio al colegio oficial”, indican estas mismas fuentes.
Aún así, el Gobierno autonómico presentó un recurso contra la última decisión que avalaba la reversión de la venta. En ese escrito insistían en la que se ha sido su argumentación durante todo el procedimiento, que el fallo solo alcanzaba al demandante, Rachid Bouikou, y por lo tanto solo tenían que rescatar su inmueble. Bouikou y su abogado, el letrado César Pinto, son los artífices de que esta operación se haya revertido, ya que ellos iniciaron la causa y han estado detrás de cada contestación a los recursos presentados por el Gobierno autonómico. “Los gobiernos del PP nunca pensaron que los inquilinos iban a conseguir algo recurriendo ante la justicia estas operaciones”, apuntó Pinto en una entrevista con elDiario.es.
A pesar de todos los pronunciamientos judiciales a su favor, los afectados asumen con incertidumbre su futuro. “No vemos que nada avance”, apunta María Fuertes, inquilina de otro de los inmuebles públicos vendidos por la Comunidad. Fuertes reside a 30 kilómetros de García, en uno de los pisos públicos que el gobierno autonómico construyó en Móstoles. “Estamos viviendo una pesadilla”, indica esta madre de familia numerosa, que también ha hecho frente a amenazas de desahucio. Desde la compañía, se limitan a plantear que “la situación requiere una solución lo antes posible dada para actual inseguridad jurídica”.
Jose Luis Ferrer, inquilino de otro inmueble en Móstoles, también afronta con emoción la recuperación de la vivienda en la que lleva una década viviendo. “Estamos ansiosos porque se ejecute la sentencia y nos devuelvan la vivienda”, apunta. “Tienes esperanza de que todo se arregle, pero no vemos la luz. No vemos que esto se vaya a arreglar nunca. Yo lo hablo con mis vecinos, los que todavía quedamos, y es la sensación que tenemos”, añade Fuertes.
Esta mujer, junto a su familia, consiguió una vivienda en 2011. En ese momento no dudó en cambiarse de municipio — hasta entonces residía en Getafe —, cambiar a sus hijos de colegio y empezar una nueva vida en Móstoles. Dos años después de esa decisión, que tuvo un impacto directo en su día a día, la directora del Instituto autonómico de la Vivienda (antiguo Ivima) , Ana Gomendio López de Asiaín, les envió una carta a todos los arrendatarios informándoles de que a partir de entonces su casero pasaba a ser Encasa Cibeles.
Esta decisión obviaba la finalidad social por la que se habían construido y gestionado esos inmuebles, los inquilinos ya no renegociaban los alquileres con una administración que aplicaba deducciones y bonificaciones en función de las situaciones particulares de cada uno de ellos. García sufrió las consecuencias en 2017. En octubre de ese mismo año recibió otra carta. Esta vez, el emisor era el fondo. En la comunicación, Encasa Cibeles le informaba de que a finales de 2017 vencía su contrato. García no renegoció y se mantuvo en el piso que le había concedido la Comunidad de Madrid.
“He tratado de pagar en todo momento”, apunta esta mujer, que trabaja como limpiadora en un centro educativo. “Tenía el pago domiciliado y hay un momento en el que me lo dejan de pasar. Busco un número de cuenta [de Encasa Cibeles] y continúo haciendo transferencias”, apunta, a la vez que enseña resguardos de los últimos tres meses en los que figuran transacciones de 417 euros a favor del fondo. El letrado Javier Rubio, especialista en vivienda, expone que la empresa “mandó un burofax a mucha gente diciendo que les extinguía y no les renovaba el contrato al año siguiente, a pesar de que estaban pagando”.
Desahucios por expiración de contrato
Un portavoz de la compañía reconoce que contra García, Ferrer y Fuertes iniciaron procedimientos de desahucio entre los años 2017 y 2018 por expiración de sus contratos. “Ninguno de los tres tiene fijadas próximas fechas de lanzamiento”, asegura el representante de la empresa. En dos de los tres casos citados añadieron a esa acusación “falta de pago y acumulación de deuda”, aunque amparados en la ley de protección de datos no aclaran a quién se refieren. Consultados por esta redacción, Fuertes y Ferrer reconocen que dejaron de pagar cuando la amenaza de desahucio comenzó a acecharles. “A día de hoy no estamos pagando porque nos dijeron que pagando o no pagando nos íbamos a ir a la calle”, indica Ferrer.
El juez de lo contencioso administrativo número 29 mantenía abierta la puerta —en uno de sus últimos autos emitidos sobre este asunto — a que Encasa Cibeles ejecutase lanzamientos mientras la Comunidad recuperaba las propiedades, pero no permitía a la compañía vender ninguno de esos inmuebles.
Aún así, el Supremo abría la puerta en febrero a que esos desahucios fuesen paralizados. En una reciente sentencia de la Sala de lo Civil, en la que se pronunciaba sobre un caso concreto, este tribunal ha determinado que con la anulación de la venta, el fondo ya no conserva su condición de propietario y arrendador. El lanzamiento iniciado contra la afectada por este fallo también se produjo porque su contrato de alquiler había expirado en 2017. Para la abogada que ha defendido el caso, Minia Corzo, este fallo adquiere relevancia porque podrá ser utilizado por aquellos “inquilinos que tengan procedimientos en primera o segunda instancia”.
Encasa Cibeles se defiende y asegura, por un lado, que “el hecho de que se inicie un procedimiento de desahucio no significa, ni mucho menos, que finalmente sea ejecutado”. Además, esgrimen que su empresa “no ha desahuciado a nadie ni durante el estado de alarma, el primero decretado en marzo de 2020, ni tras la sentencia del Supremo que anuló la venta por parte del Ivima”.
Ante la demora de la ejecución de la sentencia, algunos afectados asumen la actitud de la administración pública como privilegiada. “Siento que no hay del todo justicia, que la administración no cumple lo que tiene que cumplir. Cualquier ciudadano de a pie tiene que asumir estas decisiones sí o sí en el plazo que te dan y aquí no se hace. Ves que por h o por b se acaban saliendo con la suya”, asume Fuertes.