Cuando se abre una vivienda turística en un edificio, el vecindario tiembla. Ruido, trasiego, entradas y salidas de desconocidos... Los propietarios de esos pisos saben que su imagen está tocada y quieren ganarse la aceptación social mientras pleitean en los tribunales contra las normas que restringen el negocio. ¿Cómo? A golpe de inversión: cerca de 1.000 viviendas en la capital están contratando vigilantes del ruido que corten de inmediato cualquier molestia. El objetivo es acabar con el problema antes de que los vecinos avisen a la Policía.
“La idea es reducir la polémica, las noticias exageradas... Se ha predispuesto negativamente a la gente ante las viviendas turísticas. No parece que estemos atentando contra la convivencia en la ciudad”, defiende Adolfo Merás, presidente de la Plataforma Madrid Aloja. Esta asociación es una de las que recurrió el plan de Carmena para controlar el boom de estos alojamientos y ya tiene un convenio firmado con la empresa proveedora del servicio, Roomonitor, que permite a sus socios beneficiarse de descuentos.
El servicio funciona de la siguiente manera: en cada vivienda hay un medidor de decibelios, un aparato blanco de ocho centímetros pegado a la pared, que toma muestras del ruido en la estancia. El límite legal son 30 decibelios pero el cliente puede reducir el umbral y que la alarma salte con menos, explican fuentes de Roomonitor a eldiario.es.
Entonces la empresa llama directamente al móvil del huésped y, si no cesa en 10 minutos, se presenta en la puerta un guardia nocturno. Hay dos circulando por las calles de Madrid cada noche con un jersey con el nombre de la compañía bordado. “El uniforme es informal, no parece un guardia de seguridad”, se excusan en la empresa.
“Trabajamos con personas que quieren hacer las cosas bien. No es el casero que le da igual todo y que busca ganar cuatro duros a corto plazo. Son gente que quieren proteger su negocio y tiene proyección de futuro”, asegura en conversación telefónica con eldiario.es el CEO de Roomonitor, Nacho Suárez. Suárez y su hermano son también propietarios de viviendas turísticas desde el año 2002. Están detrás de Roomonitor pero también, y antes, de Chic Stays, en Barcelona.
El precio estándar mensual es de 10 euros por aparato, además de 10 euros extra cada vez que salta la alarma y la empresa tiene que llamar a capítulo a los huéspedes. Que acuda un agente nocturno ya sube el precio: por cada visita el propietario paga 70 euros.
“Salta en cuanto abren la primera botella”
“Con las llamadas cortamos el 80% de los avisos. Solo en dos de cada diez echamos mano del agente”, asegura Suárez que asegura que pocas veces han tenido que intervenir ante una “fiesta imparable”. “En el momento que abren la primera botella, salta”, ejemplifica. Para Merás, el valor del servicio es que “llegas el primero”. “En lo que el vecino se queja ya estás allí y eso genera confianza”, considera el presidente de Madrid Aloja.
En sus anuncios en internet, Roomonitor aclara que el dispositivo de control no escucha conversaciones ni vigila a los huéspedes. “Noise Alarm no graba vídeo ni conversaciones y respeta al 100% la privacidad”, indica su web. Sin embargo, la empresa sí tiene acceso a los datos personales de los inquilinos. Se los proveen los propietarios para que puedan llamarlos en caso de problemas. “Son datos que tenemos en el registro de entrada de los turistas y es el medio habitual por el que nos comunicamos”, explica Merás.
En el sector, el miedo de que se ponga fin al negocio porque no es socialmente sostenible es cada vez más latente. “Si no este negocio no va a poder pervivir”, dice el CEO de Roomonitor, que prefiere no dar datos sobre cómo ha aumentado la facturación de su empresa en los últimos años. Tiene ocho empleados e implantación en Madrid y Barcelona, pero también fuera de España.
Los propietarios de Madrid tratan de mejorar su imagen corporativa y, en paralelo, pelean en los tribunales contra el plan del Gobierno de Manuela Carmena en vigor para controlar la conversión de viviendas de alquiler en turísticas. Madrid Aloja, con 440 asociados, y otras grandes plataformas como Airbnb esperan un pronunciamiento inminente de la justicia que, si es a su favor, paralizaría las medidas tomadas por el anterior Gobierno municipal de forma cautelar.
Con las normas actuales, 10.000 pisos turísticos que el Ayuntamiento calcula que operan en la capital son ilegales y los inspectores municipales admiten que están “desbordados” ante el tamaño volumen. El Gobierno municipal no ha dado ninguna licencia porque ninguna de las viviendas cumplen el requisito de tener acceso independiente contemplado en el plan Carmena. Esta obligación es, desde mayo, aplicable a todos los inmuebles tras la aprobación de una norma en la Comunidad de Madrid, impulsada por el PP, que ha agravado aún más el problema.