El empresario Gerardo Díaz Ferrán recurrió a la sociedad semipública Avalmadrid para obtener financiación cuando su compañía estaba al borde de la quiebra. Fue en febrero de 2010, en un momento en el que la empresa de viajes de la que era copropietario, el grupo Marsans, ya era insolvente. Contra al criterio de los técnicos, Avalmadrid aprobó la operación y entregó ocho avales por valor de 3,3 millones de euros a las empresas del todavía entonces presidente de la patronal de empresarios CEOE.
Apenas cuatro meses después de obtener ese dinero, Viajes Marsans entró en concurso de acreedores. De los 3,3 millones de euros avalados se perdieron 2.726.000 euros.
Una reciente auditoría interna de Avalmadrid a la que ha tenido acceso eldiario.es ha destapado detalles hasta hoy desconocidos de esta ruinosa operación en la que se dilapidó dinero público –la Comunidad de Madrid es el principal accionista de esta entidad financiera semipública seguida por Caja Madrid–. Solo dos semanas antes de que se aprobaran esos avales para Díaz Ferrán, el entonces consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Antonio Beteta, presionó al presidente de Avalmadrid en favor de Díaz Ferrán. Lo hizo por medio de una carta, que recoge esa auditoría y hoy desvela eldiario.es.
Antonio Beteta es uno de los históricos del PP de Madrid, donde empezó como diputado autonómico en 1983. Entre otros cargos, ha sido consejero de Hacienda con Alberto Ruiz-Gallardón, consejero de Economía y Hacienda y más tarde de Transportes con Esperanza Aguirre y secretario de Estado de Administraciones Públicas con el Gobierno de Mariano Rajoy.
En la misiva de febrero de 2010, Antonio Beteta escribe al entonces presidente de Avalmadrid, Juan Manuel Santos-Suárez, a cuenta de “la próxima sesión ordinaria de Avalmadrid” donde se iban a abordar los avales para las empresas de Gerardo Díaz Ferrán. Beteta argumenta en la carta que Marsans es un “grupo fundado hace más de un siglo”, “de referencia en el sector turístico”, y que “emplea a más de 10.000 trabajadores” de los que “4.000 están situados en nuestra región”. Le “ruega” al presidente de Avalmadrid que “tenga estos datos en consideración”.
La carta del consejero Antonio Beteta pesaba mucho en Avalmadrid. Su consejería, la de Economía, era el primer accionista individual de Avalmadrid, con el 31%. Varios de los consejeros de esta entidad financiera habían sido nombrados por el gobierno de Esperanza Aguirre.
El propio presidente de Avalmadrid, y destinatario de la carta de Beteta, también provenía del aguirrismo. Juan Manuel Santos-Suárez había sido antes viceconsejero en el gobierno de Esperanza Aguirre entre 2003 y 2007: primero de Modernización y Calidad de Servicios y más tarde de Hacienda. De allí pasó a Avalmadrid, donde fue nombrado consejero por el gobierno de Madrid que presidía la líder del PP madrileño.
Hoy Juan Manuel Santos-Suárez es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el regulador bursátil, el organismo para el que fue nombrado en 2014 por el Ministerio de Economía, durante los años de gobierno del PP.
En el momento en que Antonio Beteta envía esta carta al presidente de Avalmadrid, Gerardo Díaz Ferrán era el presidente de la patronal CEOE. Antes había sido presidente de la patronal madrileña CEIM, que también es uno de los accionistas de Avalmadrid, y consejero de Caja Madrid, entidad pública que participaba con más del 40% en Avalmadrid.
Avalmadrid, la misma entidad del polémico aval al padre de Isabel Díaz Ayuso, aprobó la operación pese a las vinculaciones de algunos consejeros con el empresario y contra la opinión de sus propios analistas, que valoraron negativamente todos y cada uno de los puntos que estudiaron de las empresas de Díaz Ferrán que solicitaron ser avaladas (Rural Tours y Trap).
Además de las señales de alerta en las finanzas del grupo Marsans cuando se concedieron las garantías –del 10 al 19 de febrero de 2010–, ya había hechos concretos que dibujaban la situación de la empresa. Por ejemplo, el gobierno de Argentina acababa de expedientar a Marsans un mes antes por “extender cheques sin fondos y por no pagar empleados”, destaca la auditoría interna encargada por la propia Avalmadrid.
Según recoge esa misma auditoría, “cuando Avalmadrid prestó los avales, Viajes Marsans ya era insolvente”, y destaca que Díaz Ferrán recurrió a esta financiera semipública precisamente “por la desconfianza que generaba en el mercado” la situación de sus empresas. Era muy difícil acceder a préstamos con ese enorme riesgo de morosidad, y la garantía de Avalmadrid fue decisiva para lograr financiación.
En 2015, Díaz Ferrán fue condenado por el saqueo del Grupo Marsans: por alzamiento de bienes, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.
El expresidente de Avalmadrid José Manuel Santos ha rechazado contestar a las preguntas de eldiario.es sobre esta información, aunque ha trasladado a través de un portavoz que “cree que actuó de manera correcta”. eldiario.es también ha intentado sin éxito recabar la versión de los hechos de Antonio Beteta.
Arturo Fernández también presionó
Además de la carta de Antonio Beteta, en la auditoría interna de Avalmadrid también figura una segunda misiva que mandó el empresario Arturo Fernández al entonces presidente de Avalmadrid, Juan Manuel Santos-Suárez. La carta tenía el mismo objetivo: que Díaz Ferrán lograra los avales que necesitaba para financiar a sus empresas. Y Arturo Fernández escribía desde la misma condición que Beteta: como socio de Avalmadrid.
La carta de Arturo Fernández al presidente de la entidad avalista es prácticamente idéntica a la que envía el consejero de Economía. Además de las firmas, solo cambia una palabra: donde Beteta escribe “los miembros representados del IMADE” en la comisión ejecutiva de Avalmadrid, Fernández pone “los miembros representados de CEIM”. El Imade era el Instituto Madrileño de Desarrollo, un organismo público dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda en Avalmadrid y que posteriormente fue disuelto. CEIM es la patronal madrileña, también accionista de Avalmadrid, que entonces presidía Arturo Fernández y que antes había presidido Gerardo Díaz Ferrán.
En aquel momento, Arturo Fernández también era vicepresidente de CEOE, que presidía Gerardo Díaz Ferrán.
En la carta, Arturo Fernández intercede por su colega y amigo, pese al evidente conflicto de interés que también destaca la auditoría: CEIM tenía tres consejeros en Avalmadrid cuando se da el crédito a Díaz Ferrán, que a su vez había sido presidente de la misma patronal madrileña hasta 2007.
Ambas cartas se mandaron en un plazo de apenas 24 horas: el 24 y 25 de enero de 2010. Los avales para las empresas de Díaz Ferrán se aprobaron quince días después. Según admite la auditoría interna de Avalmadrid, “las cartas recibidas muestran la influencia que ejercían estos socios para la concesión de los avales”.
A preguntas de eldiario.es, Arturo Fernández ha dicho no recordar esta carta ya que hace muchos años aunque “si está por escrito el contenido sería así, ya que Díaz Ferrán era un gran empresario”. Sobre por qué su carta es idéntica a la que envía Antonio Beteta, Fernández responde: “Ni idea”.
Los empresarios de cabecera de Aguirre
Tanto Arturo Fernández como Gerardo Díaz Ferrán tenían y tienen muchas cosas en común, además de su larga relación en la patronal madrileña CEIM y en la patronal española CEOE. Ambos comparten una sentencia: los dos han sido condenados en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, donde fueron consejeros. Y ambos presuntamente participaron en la financiación ilegal del PP de Madrid, que hoy investiga la Audiencia Nacional
Tanto Díaz Ferrán como Arturo Fernández fueron donantes de Fundescam: una fundación opaca y sin apenas actividad que el PP de Madrid usó como tapadera para pagar gran parte de los gastos de campaña de Esperanza Aguirre en la mayoría de sus campañas electorales. Fundescam se financiaba con donativos irregulares de empresarios que después recibían pingües contratos con la administración madrileña, tal y como hoy investiga la Justicia. Parte de esos pagos acabaron también en la trama Gürtel, que gestionó algunas de las campañas de Esperanza Aguirre.
Díaz Ferrán, a través de varias empresas del grupo Marsans, pagó 247.000 euros a Fundescam. Y también utilizó la CEIM –la patronal madrileña– para donar ilegalmente otros 100.000 euros más cuando era presidente de esta organización.
Por su parte, Arturo Fernández donó a Fundescam 57.030 euros entre 2003 y 2004 y otros 60.000 euros más poco antes de las elecciones autonómicas de 2007. La Audiencia Nacional hoy investiga esos donativos. Un informe de la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– relaciona esos pagos con la adjudicación que una de las empresas de Arturo Fernández recibió: la de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Por esa operación, la Fiscalía Anticorrupción pide también la imputación de la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes, entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y también vocal de Fundescam.
El propio Arturo Fernández, al igual que Díaz Ferrán, también se benefició de su influencia en Avalmadrid, gracias a su presidencia de la patronal madrileña. Sus empresas recibieron más de 2 millones de euros en avales de los que 1,3 no se han recuperado.
La relación entre Esperanza Aguirre, Díaz Ferrán y Arturo Fernández fue muy estrecha, y la admiración que sentía el dueño de Marsans por la expresidenta madrileña se reveló en un micrófono abierto: “Si es que es cojonuda”, dijo mientras intervenía Aguirre ante los empresarios en 2009, el año antes de recibir el aval impagado.
La consultora PwC recomendó a Avalmadrid denunciar estos y otros hechos revelados por la auditoría interna. El informe se envió a la Fiscalía, que ha visto indicios de “créditos fraudulentos” pero ha archivado la causa porque los presuntos delitos han prescrito.