De Aguirre a Ayuso, 20 años de 'dumping' fiscal de Madrid a costa de los servicios públicos

Es algo habitual en los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La senda la inició Esperanza Aguirre y, desde entonces, todos los presidentes y presidentas han anunciado a bombo y platillo bajadas de impuestos, que se alternan y se repiten con cierta cadencia y que benefician más a quienes más tienen. “Llevamos 18 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno”, presumía el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty hace unos meses, en un discurso del que ha hecho bandera el Ejecutivo regional y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que llevan repitiéndolo desde entonces. La cuenta de estas bajadas asciende, según sus propios cálculos, a 60.777 millones de euros, que han dejado de ingresar las arcas públicas madrileñas para costear unos servicios públicos a la cola de la inversión en España.

Los últimos datos estadísticos sobre el Impuesto sobre Patrimonio que ha publicado la Agencia Tributaria constatan los efectos que esta política fiscal tiene sobre las clases más privilegiadas. Durante 2020, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso libró de pagar 992 millones de euros a 18.225 contribuyentes que declararon patrimonios millonarios. La bonificación alcanzó, de media, los 54.431 euros, según las cifras oficiales. Madrid era, hasta hace unos días, la única autonomía que bonificaba al 100% este gravamen, lo que supone, de facto, suspender el impuesto que grava a las grandes fortunas. Si bien, están obligados a presentar esta declaración aquellos que tengan más de dos millones de euros, mientras que en otros territorios el mínimo se sitúa en 700.000 euros.

Con el anuncio de Juan Manuel Moreno Bonilla de sumarse a la política fiscal de la Comunidad de Madrid y suprimir este impuesto, ha resucitado un debate recurrente. El de la competencia fiscal a la baja, que hace que decisiones como las de Andalucía o Madrid lastren la financiación de otras comunidades.

Esta bonificación está activa en Madrid desde 2008, aunque Aguirre ya había marcado el camino años antes. En 2004, un año después de perpetrarse el tamayazo, la entonces presidenta regional defendió que una bajada general de impuestos era “la medida más social que se puede tomar”. Hasta 2008, no hubo un ejercicio que no introdujese una nueva bonificación a sucesiones o donaciones o que rebajase el de transmisiones patrimoniales. En 2005, por ejemplo, anunció un descuento del 7 al 4% para familias numerosas que comprasen una vivienda de segunda mano.

En el año 2007, el mismo que se celebraron las elecciones autonómicas en las que consiguió su primera mayoría absoluta, Aguirre anunció una bajada de un punto en todos los tramos del IRPF autonómico. Una bajada lineal que desde el PP tratan de vender siempre como progresiva porque supone un porcentaje de descuento mayor sobre lo que se paga cuanto más bajo es el tramo. “Efectivamente, rebajas más a las de abajo que a las de arriba, aunque luego en términos absolutos la de arriba queda mucho mejor”, explica el secretario general del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas de España, Luis del Amo. Lo que se suele obviar en este asunto es que el impuesto sobre la renta se paga por tramos y quienes más ganan también se benefician de las bajadas en los tramos de quienes menos ganan.

Ignacio González anunció una nueva rebaja del 0,4% sobre la renta en 2014, otro año preelectoral, y en 2018, también antes de unos comicios, Cristina Cifuentes bajó medio punto más. La actual presidenta autonómica no se ha quedado atrás y este año ha aplicado ya un descuento similar, que mermará la recaudación en 334 millones de euros. Fernández-Lasquetty dijo entonces que “el ahorro será mayor para las rentas más bajas”, pero según los cálculos que realizó entonces elDiario.es esta afirmación estaba lejos de ser cierta. Mientras un ciudadano con una renta anual de 6.000 euros se ahorra al mes 20 céntimos, quienes ganan más de 600.000 se ahorran 247,7.

“Obviamente, en Madrid hay una política de bajada de impuestos que beneficia claramente a los contribuyentes con mayores rentas. Quizá uno de los elementos más destacados es la bonificación al 100% del impuesto de patrimonio”, explica el portavoz de la Plataforma por la Justicia Fiscal y miembro del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Carlos Cruzado. De nuevo, lo eliminó Esperanza Aguirre en 2008 y, desde entonces, la Comunidad deja de ingresar cada año unos 1.000 millones de euros por este concepto. Son unos 14.000 millones que se han ahorrado, en su mayor parte, aquellos que más tienen.

“Desde nuestro punto de vista, no es algo que responda a la justicia fiscal. Aunque se habla de que afecta a las clases medias, no se puede considerar clase media a quien tiene más de dos millones de patrimonio. De las 600 personas que declaran más de 30 millones de euros, aproximadamente dos tercios residen en Madrid”, continúa este experto, que calcula que principalmente se benefician de esta bonificación al 100% unas 15.000 personas al año.

Esta decisión ha tenido efectos en la recaudación en toda España, según recogía el Panorama de fiscalidad autonómica y foral de 2020. En ese informe, se hablaba de que la recaudación pasó de los 2.360 millones en 2008 –el último año con el impuesto en Madrid– a 1.267 euros en 2017. “Es interesante para el que inicia esa competencia fiscal y le puede compensar porque atraiga la renta, operaciones, etc. pero si todo el mundo tiene que hacer lo mismo para que no se le vayan los contribuyentes, lo que pasaría es que se está perdiendo esa contribución para todos. Una competencia fiscal a la baja acaba con un impuesto”, razona Del Amo.

Competencia fiscal a la baja

Esta posibilidad de bajar impuestos para atraer contribuyentes es lo que se conoce como 'dumping fiscal'. Es una práctica que algunas comunidades atribuyen a Madrid, que lo descarta porque todas pueden aplicar sus mismas deducciones en la parte de los impuestos que controlan las autonomías. “Lo que tienen que hacer las comunidades gobernadas por independentistas y socialistas es seguir el mismo camino, como está haciendo ahora Andalucía”, respondió Isabel Díaz Ayuso a las críticas sobre su estrategia. Lo que no tienen en cuenta, por ejemplo, es el factor de capitalidad del que disfruta la región o que con sus políticas se erosiona la recaudación global del resto, según señalan los expertos. “No sé si es 'dumping' fiscal, pero competencia fiscal a la baja hay y es perjudicial para todos. Estamos viendo cómo otras comunidades siguen ese camino en sucesiones, por ejemplo”, señala Cruzado.

En esa competencia fiscal a la baja coincide Del Amo que señala, no obstante, que no es algo ilegal. “La ley de financiación de las comunidades autónomas lo prevé y la Comunidad de Madrid ha optado por esta opción. Puede parecernos bien, mal o regular, pero no es ilegal. Hay unas competencias y mientras eso no se cambie, cada uno hace lo que le parece”, explica. Precisamente, el Gobierno central ha propuesto una armonización fiscal para corregir los grandes desequilibrios tributarios que se producen. “Es intentar dar un hachazo fiscal a los madrileños”, llegó a afirmar Fernández-Lasquetty. Cuando esta semana el ministro Escrivá se pronunció sobre este asunto, a título personal, Ayuso advirtió que sería “la peor pesadilla” de quien quisiese subir impuestos a los madrileños.

El consejero aseguró en una conferencia en Navarra, organizada por el think tank liberal Fundación Civismo, que la bajada sobre el impuesto de la renta de este año ha sido “el mayor que se ha hecho nunca en la Comunidad de Madrid”. Aguirre bajó un punto, pero los anuncios de bajadas históricas son recurrentes entre los mandos del PP. Fernández-Lasquetty razonaba la oportunidad de estas decisiones en este momento por el “impacto económico tan duro” de la pandemia. Ayuso anunció entonces que deflactaría de nuevo los tipos del IRPF a partir de enero de 2023 para compensar los efectos de la inflación y comenzó este nuevo curso político adelantando la medida con carácter retroactivo a 2022, además de otras bonificaciones.

José María Aznar, por ejemplo, bajó los impuestos que dependían del Estado en época de bonanza. “Seguimos escuchando eso de que bajar impuestos es positivo y además en cualquier circunstancia. Si crece la economía, no se puede lastrar subiendo la presión fiscal y si va mal, exactamente lo mismo”, confronta Cruzado.

La teoría del PP de Madrid lleva años siendo que bajando los impuestos, sube la recaudación. Es la llamada teoría de la curva de Laffer, escrita en una servilleta en 1974, y que a día de hoy solo mantienen economistas con un sesgo muy liberal. “Empíricamente, no tiene ningún sentido”, señala este experto, que apunta a otras causas coyunturales, como épocas de crecimiento económico o de burbuja inmobiliaria en los que “aunque bajaras los impuestos, ibas a recaudar más”.

A la cola en educación, sanidad y servicios sociales

Las sucesivas bajadas de impuestos de los últimos 18 años han supuesto 60.777 millones de euros menos para las arcas públicas. Mientras, en estos años, la inversión en materias troncales del estado del bienestar como la educación o la sanidad en la Comunidad no han estado a la cabeza del conjunto de España. Más bien todo lo contrario. En Sanidad, por ejemplo, es la región que menos invertirá por habitante en 2022, 1.300,55 euros, 379 euros menos que la media. No solo eso. En mayo de 2021, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública elaboró un informe en el que puntuaba los servicios sanitarios de cada comunidad autónoma. Madrid era la quinta por la cola.

Además, según el informe 'Los Servicios Sanitarios de las CCAA', publicado en mayo por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la Comunidad de Madrid se sitúa a la cola en cuanto a la calidad de los mismos. En concreto, obtiene la calificación de “deficiente”.  

Madrid es también la comunidad que menos dedica a Educación de toda España. Según el informe '10 años de degradación de la enseñanza pública en Madrid (2009-2018)', de CCOO, el ejecutivo madrileño destina a esta partida un 2,26% del PIB, mientras la media nacional está en 4,21% y la cifra soñada, pero que casi ningún país alcanza, es el 7%. Aunque la inversión ha caído en todo el territorio, en la Comunidad lo ha hecho más –el 18,1% frente al 16,5%– y a pesar de que su producto interior bruto ha crecido en un 16,3% en esa década. Es decir, es más rica, pero invierte menos en Educación. 

Tampoco es de las que más parte destina a servicios sociales. Según el último índice DEC, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que evalúa el desarrollo de los presupuestos en esta materia, “la Comunidad de Madrid es la que tiene peores Servicios Sociales”. Aquel año, el Gobierno regional solo dedicó el 1,04% de su PIB y el 7,79% del total de sus presupuestos. La calificación que obtuvieron sus prestaciones fue “irrelevante”. En mayo de este año, esta asociación emitía otro informe en el que situaba a esta comunidad por encima del gasto medio por persona beneficiaria en el año 2021 en temas de dependencia. Este era de 8.767 euros, por encima de los 8.196 del conjunto del país, pero muy alejado de los 12.932 euros por persona que destina Euskadi, los 11.814 de Extremadura o los 10.541 de Navarra. Del total invertido, en proporción, la Comunidad de Madrid es la octava que menos invierte con cargo a los fondos autonómicos (un 78,56%) y, a la inversa, la octava que más destina a través de la financiación estatal (21,44%).

La educación, la sanidad o los servicios sociales no son los únicos servicios que se han visto afectados por las políticas del Partido Popular en Madrid. En abril, por ejemplo, se anunció una reducción del 10% de los trenes del metro para paliar la subida de la electricidad y la Comunidad reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez 1.000 millones de euros (lo que deja de ingresar cada año la región por la supresión del impuesto de patrimonio) para esta prestación y para hacer frente a los costes derivados de la atención a refugiados ucranianos, mientras Ayuso anunciaba nuevas rebajas de impuestos. Este verano se ha conocido la receta madrileña para responder a la velada amenaza rusa de suspender el suministro eléctrico que atemoriza a Europa, que ha pedido un plan de ahorro energético: suprimir hasta nueve impuestos.

Esta inversión a la baja en los servicios públicos vuelve a afectar de manera más notable a quienes menos ganan o se encuentran en situación de pobreza. En Madrid hay 1,5 millones de personas en situación de exclusión social según un informe de Cáritas. “Quienes se ven más afectados son las personas que más los necesitan”, incide Cruzado, que recuerda que en la Comunidad hay otra serie de deducciones dirigidas a la educación privada. Precisamente, Ayuso anunció en abril que financiará el Bachillerato y la FP privada incluso a familias que ingresan más de 100.000 euros al año.

Con todo, el consejero Fernández-Lasquetty ponía sobre la mesa otra ventaja de tener pocos impuestos. “Se gestiona mejor”, decía el titular de Hacienda madrileño unas semanas antes de conocerse un informe que recoge que el coste de un hospital concertado en Madrid, el modelo que impulsó Aguirre, multiplica hasta por 11 el de uno de gestión pública.