El magistrado Manuel García Castellón, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, tiene una importante decisión que tomar esta semana a su regreso de las vacaciones. Sobre la mesa tiene un escrito de la Fiscalía Anticorrupción que pide imputar a las dos últimas presidentas de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, en dos investigaciones sobre corrupción. La petición del Ministerio Público se fundamenta en una serie de informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que sitúan a Aguirre en encuentros donde presuntamente se urdió la financiación irregular del PP madrileño.
En cuanto a Cifuentes, Anticorrupción y la Guardia Civil tienen bajo la lupa la adjudicación de la cafetería del Parlamento madrileño, cuando ella era número dos de la Asamblea de Madrid, al grupo hostelero Cantoblanco, propiedad entonces del líder de la patronal madrileña, Arturo Fernández. Se trata de un viejo amigo del PP madrileño, al que se le llegó a llamar “el noveno consejero” de Aguirre, que ya fue condenado por uso irregular de las tarjetas black de Caja Madrid, y al que ahora se investiga por supuesta financiación ilegal del PP, precisamente por la adjudicación del restaurante de la Asamblea a través de un concurso que no cuadra a los investigadores.
Quienes conocen la forma de instruir de García Castellón señalan que rara vez deja de guiarse por las peticiones de la Fiscalía de Anticorrupción cuando están bien formuladas. Así ha operado desde que arrancó la trama Púnica, un caso de corrupción que analiza adjudicaciones en administraciones públicas (la mayoría en manos del PP) por más de 50 millones de euros, y que arrancó con la detención del que fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Aguirre en el partido, Francisco Granados, y otro medio centenar de personas en 2013.
La decisión que, según adelantó El Confidencial, tomará la semana que empieza la Audiencia Nacional, será un trámite más de la Justicia para indagar cómo se pagaron las campañas electorales del PP en Madrid. En diferentes sumarios abundan pruebas de que se desvió dinero de Gürtel, de la publicidad de los hospitales privatizados, de la agencia informática de la Comunidad de Madrid, los contratos millonarios que Indra firmaba con el Gobierno regional, los parquímetros de Valdemoro y sobre todo de Fundescam, una controvertida fundación del PP a la que aportaban fondos adjudicatarios de contratos públicos que otorgaban dirigentes populares.
Todo el que ha sido alguien en el PP madrileño desde 2003, año en el que arrancó el mandato de Aguirre, tras el Tamayazo, está bajo sospecha. Los dos hombres fuertes de Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, han pasado por la cárcel, están acusados de gravísimos delitos de corrupción y las comisiones rogatorias intentan seguir el rastro de su dinero por diferentes paraísos fiscales, de Suiza a Panamá. La imputación de las dos expresidentas cerraría ese círculo.
Cuando fue preguntada en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de Madrid, Aguirre dijo no estar preocupada porque nunca hizo “nada irregular y mucho menos ilegal”, y aseguró que ella sigue a disposición de la Justicia como lo ha estado durante toda su vida política.
Las fiscales de Anticorrupción que han pedido investigarla no están tan seguras. Se han apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúan a la exregidora en reuniones clave en las que presuntamente se habría urdido la financiación irregular de la formación política durante varias campañas electorales, en las que Aguirre ya presidía el PP regional y de las que fue la primera beneficiada como vencedora de todos los comicios con mayoría absoluta entre 2003 y 2013.
Bajo la presidencia de la histórica regidora de la Comunidad de Madrid (y del PP madrileño), cuya gestión reivindica aún hoy el nuevo líder del partido Pablo Casado, la corrupción se filtró en todos los estamentos de la administración. Las distintas investigaciones judiciales –también la de Gürtel– han perseguido a Aguirre durante años, pero ella ha salido siempre indemne. Su suerte puede cambiar esta misma semana en el arranque del curso político.
Porque esos mismos informes de la Guardia Civil sobre los que se apoya Anticorrupción recuerdan que el Gobierno de Aguirre cambió la ley para tener todo el control sobre los contratos de publicidad, que se usaban para hacer circular las donaciones de las empresas hacia la caja B del PP, de la que hay abundantes pruebas en el sumario de Púnica, entre ellas, la declaración de algunos empresarios que admitieron los pagos en negro al partido.
Y hay más gente que parece dispuesta a hablar. Como el propio Francisco Granados, que en su día fue un estrecho colaborador de Aguirre y que, según El Confidencial, pedirá declarar contra la que fue su jefa y también contra Cristina Cifuentes.
A la última expresidenta de Madrid, que actualmente se encuentra imputada por instigar a la falsificación de un documento público de su máster fraudulento, Anticorrupción pretende investigarla por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid, cuando ella era vicepresidenta y además ocupaba diferentes cargos en el Partido Popular, al que el grupo de restauración que ganó el concurso ingresó 60.000 euros a través de Fundescam.
Los informes de la Guardia Civil acusan la expresidenta de haberse saltado los trámites en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, propiedad del empresario madrileño Arturo Fernández. Los agentes de la UCO sembraron dudas sobre la puntuación que se dio a la oferta del empresario, íntimo amigo de Aguirre desde que ambos eran alumnos del Colegio Británico, y apuntó a irregularidades en la composición de los órganos de contratación.
Por ese contrato, Fernández habría entregado dinero a Fundescam (fundación creada por el PP de Madrid en el año 2000) que fue utilizado para financiar campañas electorales del PP. Los informes policiales destacan que la entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid era también miembro del comité de campaña del Partido Popular y patrona de Fundescam.
La madrina de Ayuso, en dificultades
La decisión de la Audiencia Nacional llega en un momento en el que el PP madrileño intenta romper lazos con el pasado. La nueva presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pasó de reivindicar el legado de Aguirre y Cifuentes y de desear “tenerlas cerca” a afirmar que su “nexo con ellas es como el de cualquier militante”. Semejantes declaraciones causaron perplejidad en su propio partido donde es más que sabido que Ayuso hizo carrera en el PP madrileño gracias a sus predecesoras. La propia Aguirre acudió a su toma de posesión a amadrinarla y a brindarle “todo el apoyo”, según declaró la expresidenta a su llegada. Cifuentes le deseó “lo mejor” en las redes sociales con una foto de ambas y escribió algunos mensajes crípticos en las redes sociales como respuesta al deseo de Ayuso de desmarcarse de ella.
Pese a las escenificaciones públicas, el rápido ascenso de la nueva presidenta en el partido tiene el sello evidente de Aguirre. Apenas tres años después de afiliarse al PP, Ayuso logró incluso un puesto muy bien remunerado en un ente público-privado creado por el Gobierno de Aguirre para gestionar los fondos de innovación del Ministerio de Ciencia. Madrid Network escapó al control parlamentario y no presentaba cuentas públicas, pero tenía en nómina a asesores a los que pagaba altos sueldos. Díaz Ayuso era una de ellos y, según El País, recaló en este ente con un salario que superaba los 4.000 euros mensuales.
Su relación con Cifuentes era incluso más estrecha, a la que defendió públicamente cuando estalló el escándalo de su máster. Ayuso reconoció en una entrevista en El Confidencial días antes de ser nombrada candidata por el dedazo de Casado, la mano de la expresidenta para escalar en el gobierno: “Con Aguirre aprendí mucho y disfruté de la comunicación política, pero quien me apoyó y me hizo crecer en mi carrera política fue Cifuentes”.
Con Cifuentes, Ayuso repitió en la lista electoral a la Asamblea de Madrid y evolucionó de diputada rasa a portavoz adjunta del grupo parlamentario popular. El siguiente salto fue el Gobierno. En la primera crisis de Cifuentes para apartar al polémico Jesús Sánchez Martos y Jaime González Taboada (cercado por la corrupción), Isabel Díaz Ayuso fue designada número dos de la consejería con más peso del Gobierno regional: Presidencia, dirigida entonces por el tránsfuga Ángel Garrido, que la sacó del gobierno al dimitir Cifuentes y ser investido presidente.
El nombre de Ayuso ha aparecido en los interrogatorios del juez que investiga el caso Púnica. La presidenta regional habría sido el nexo con los hermanos De Pedro, los gurús informáticos de la trama. Lo dijo uno de ellos ante el juez y lo confirmó el exsecretario general del PP de Madrid con Aguirre, Francisco Granados, durante uno de sus interrogatorios como imputado. El mismo día que eldiario.es publicó la declaración, Granados trató de matizar sus palabras en El Confidencial, algo que no ha hecho de momento ante el juez que le había tomado declaración en la Audiencia Nacional.
Más allá de estos vínculos, la nueva presidenta regional no aparece en ningún sumario ni investigación policial, como si lo hacen sus predecesoras. Aguirre y Cifuentes han sorteado la justicia mientras todo su entorno se desplomaba. Ahora están a un paso de pasar al lado de los investigados por ser presuntamente cooperadoras de la financiación irregular que pagó las suntuosas campañas electorales que les sirvieron para llegar al poder.