Avalmadrid es un ente semipúblico en cuanto a su capital, pero su consejo de administración está controlado desde siempre por la Comunidad de Madrid. Además, ha sido permeable a la interferencia política y las presiones sobre su gestión han sido constantes. Una auditoría interna de 2019 encargada por la propia Avalmadrid y una investigación del Banco de España revelan que algunas de las decisiones que se han tomado en la entidad estaban influenciadas por intereses personales de los consejeros o por intereses partidistas. Como ejemplo: Antonio Beteta, consejero de Economía de Esperanza Aguirre, envió en 2010 una carta al presidente de Avalmadrid para que financiaran al empresario y entonces presidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferran cuando sus empresas ya eran insolventes. Es solo una muestra más entre una veintena de decisiones de alto riesgo y arbitrarias que tomó Avalmadrid, algunas contra el criterio de los técnicos, según revelan esos informes oficiales y por los que la entidad se enfrenta a una multa del Banco de España.
Las “operaciones 'especiales' se trataban en el consejo de administración”, cuentan fuentes conocedoras del funcionamiento de Avalmadrid. Los técnicos trataban de frenar la concesión de avales como el de Díaz Ferrán, que acababan siendo aprobados por un consejo de administración controlado por la Comunidad de Madrid como accionista mayoritario. De hecho, el gobierno madrileño nombra al presidente (en los últimos años es casi siempre el director general de Economía) y agrupa al bloque de consejeros más numeroso, como máxima accionista. “Los consejeros eran obedientes a algunas instrucciones porque así se buscaban apoyos”, relatan las mismas fuentes. La auditoría confirma que ese consejo dio vía libre a avales que contaban con informes técnicos en contra.
La actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que medió en el polémico aval a su padre en la misma entidad, ha intentado desvincular a la Comunidad de la gestión de Avalmadrid mientras la oposición pedía una investigación parlamentaria e incluso recurría a los tribunales: “Hay que investigar y dar cuentas de los organismos que son de la Comunidad de Madrid, cosa que no es Avalmadrid”, dijo al ser preguntada por los periodistas a principio de septiembre. Su consejero de Hacienda, Javier Lasquetty, declaró directamente que “es una empresa, una entidad privada”.
Sin embargo, el socio principal de Avalmadrid es el dinero público: más de 16 millones anuales que suponen más de un 30% del total suscrito. El grueso del capital de Avalmadrid viene de sus “socios protectores” (los fijos) que son principalmente la Comunidad de Madrid y Bankia (antes Caja Madrid), con más de un 30% del capital total cada una. Teniendo en cuenta que Bankia fue nacionalizada, la representación pública supera el 60% en Avalmadrid. Completa el cuadro de los patrocinadores fijos, pero muy de lejos, otras entidades como la patronal madrileña CEIM, la Cámara de Comercio de Madrid u otras instituciones que invierten cada año (en 2018, por ejemplo, la aseguradora Groupama).
Luego están los “socios partícipes”, pymes y autónomos avalados que ponen una cuota en Avalmadrid para recibir el aval, pero que entran y salen del capital según cancelan sus operaciones. Si contamos solo los socios fijos de Avalmadrid, que son los estables y los que tienen peso real en las decisiones, la Comunidad de Madrid supone casi el 50% del ente semipúblico y Bankia casi el otro 50%.
Designación directa de consejeros
Como el capital principal es público, el máximo órgano de gestión de Avalmadrid tiene también una mayoría de representantes públicos. El Gobierno de Madrid, a través de la Consejería de Economía, es quien ha designado al presidente de Avalmadrid y a consejeros que luego han aprobado las operaciones que ahora se investigan. Los mayores desmanes sucedieron en la época de Esperanza Aguirre (aunque también se ha investigado la época de Ignacio González y Cristina Cifuentes). Lo que relata la auditoría y Banco de España lo confirman algunas fuentes de Avalmadrid: “Todas las operaciones sensibles o marcadas con alguna señal venían directamente de la Consejería, o a través de la Consejería, o a través de algún contacto del PP”, dice un extrabajador que prefiere no dar su nombre.
La expresidenta del PP Esperanza Aguirre tenía a sus representantes directos en el ente por cuota, pero también influencia indirecta en otras organizaciones que formaban parte del consejo de administración. Cogiendo como referencia 2011, el año en el que se concede el aval al padre de Díaz Ayuso, queda clara la sombra del aguirrismo en la entidad.
Ese año, el presidente es un antiguo viceconsejero de Aguirre, Juan Manuel Santos Suárez, que actualmente es consejero de la Comisión Nacional de Mercado de Valores a propuesta del gobierno de Rajoy. Además del presidente, el gobierno de Aguirre ha nombrado a otros seis consejeros directamente, de modo que el bloque de la Comunidad de Madrid es el mayoritario en el órgano de decisiones con un total de siete miembros (de 20). Normalmente, los representantes de los contribuyentes madrileños en la sociedad avalista son cargos de la Consejería de Economía o del área económica. En 2011, por ejemplo, hay viceconsejeros de Economía y Hacienda o directores generales.
Organizaciones empresariales
Pero ahí no acaba el poder de influencia de la Comunidad en Avalmadrid. La Cámara de Comercio nombra a cinco consejeros y la patronal madrileña CEIM designa a cuatro. Estas entidades no son ajenas a la influencia e intereses de Aguirre. De hecho, el presidente de CEIM entonces era Arturo Fernández, gran amigo de la presidenta, cercano a su partido e imputado ahora junto a ella en Púnica por presuntas donaciones ilegales al PP a cambio de contratas con la administración madrileña. El propio Arturo Fernández, al igual que Díaz Ferrán, se benefició de su influencia en Avalmadrid y sus negocios recibieron más de 2 millones de euros en avales, de los que 1,3 no se han recuperado. Como el consejero Beteta, también escribió una carta al presidente Santos Suárez, el hombre de Aguirre en Avalmadrid, para que le concediera financiación a Díaz Ferrán.
La relación entre la Comunidad de Madrid de Aguirre y la patronal CEIM va más allá de Avalmadrid. Ambas se embarcan juntas en proyectos de sociedades opacas que se gestionan con dinero público, como Madrid Network (una asociación con recursos públicos de la que cobró también Díaz Ayuso) o la sociedad de riesgo CRM, que daba dinero a empresas a las que a su vez financia Avalmadrid pese al conflicto de interés entre sus consejeros.
Pero esa cercanía entre lo público y la patronal de Arturo Fernández tenía otra pata fundamental: la Cámara de Comercio de Madrid, que participa también en toda esa órbita de sociedades opacas y elige cinco consejeros en Avalmadrid. A su vez, la Comunidad elige diez miembros del consejo de la Cámara y la financia (el año pasado con casi dos millones de euros). La Cámara de Comercio es entonces, junto a CEIM, otra de las entidades de cabecera del gobierno aguirrista. Los intereses de los consejeros que representan a estas dos organizaciones empresariales en Avalmadrid están alineados en 2011 con los de Esperanza Aguirre.
El último bloque de consejeros de Avalmadrid está nombrado por Caja Madrid (hoy Bankia, rescatada con dinero público), que nombra vicepresidente y tres consejeros. Aunque se trata de perfiles técnicos, la influencia de la expresidenta Aguirre en esa entidad bancaria es notoria: dos años antes se ha desatado una guerra feroz entre ella y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, por el control de la caja. La pelea acaba a favor de Aguirre, que mantiene el control político de una caja politizada que se empezó a desmantelar ese mismo año 2011 y de la que saltaron numerosos escándalos de gestión como el de las tarjetas black.
Con el dinero público invertido en Avalmadrid se conceden miles de avales a pymes cada año (en 2018 fueron 6.840) pero según las auditorías internas y el Banco de España también se hicieron operaciones sin control millonarias y de alto riesgo (se han investigado las de mayor importe, 167) en las que había conflicto de interés con empresarios cercanos a Aguirre y consejeros o familiares de estos. Estas operaciones con “incidencias”, como dice la auditoría, acabaron mal: el 45% del dinero financiado no ha sido devuelto.
La comisión de investigación sobre Avalmadrid que ha impulsado la oposición en la Asamblea tratará de esta gestión y sacará a relucir el aval al padre de Ayuso, contra los deseos del PP, que ha mostrado su incomodidad con la iniciativa parlamentaria. De hecho, el partido de Díaz Ayuso pidió un informe jurídico a la cámara para intentar frenarla ante las “dudas razonables del encaje jurídico” sobre la competencia de la Comunidad, aduciendo de nuevo que no es un organismo público. Los letrados de la Asamblea han dictaminado que esa comisión de investigación se puede celebrar.