Más de seis años después de que la Justicia autorizase la exhumación del Valle de los Caídos de los hermanos Lapeña, represaliados republicanos durante la Guerra Civil, el proceso continúa encallado en los juzgados y en la administración. A pesar de que en junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) levantó las medidas cautelares que habían impedido realizar los trabajos de desenterramiento, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), municipio en el que se encuentra Cuelgamuros, no ha reactivado el permiso de obras para proceder a las exhumaciones.
La decisión del Gobierno municipal, conformado por PP y Ciudadanos, y que cuenta con el apoyo externo de Vox para los asuntos relevantes de la legislatura, ha tenido varias consecuencias. Por un lado, Patrimonio Nacional ha pedido al juzgado –a través de un incidente de ejecución– un “pronunciamiento sobre el criterio negativo” del Consistorio madrileño, apuntan fuentes del departamento que depende del Ministerio de Presidencia.
Por otro lado, ante la “negativa a reactivar la licencia de actividad municipal” el abogado Eduardo Ranz anunció este jueves que varios familiares de víctimas han presentado una querella por prevaricación contra la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, en un juzgado de instrucción del municipio. “Reactivar la licencia municipal representa la única opción de cumplir el mandato judicial y administrativo de Patrimonio Nacional, y su negativa, un abuso contra la reparación de las víctimas, además de una discriminación respecto a la licencia de obra menor, dictada en el precedente inmediato anterior, como fue la exhumación del dictador en el año 2019”, señala el letrado.
La alcaldesa emitió un comunicado después de que se conociese la intención de estos familiares. En esa nota de prensa aseguró que la tramitación de “cualquier licencia”, como puede ser el permiso de obra de habilitación de acceso a las criptas del Valle de los Caídos, “es un procedimiento reglado sujeto a los informes técnicos y jurídicos pertinentes y, por tanto, completamente ajeno a la discrecionalidad de cualquier cargo electo”.
Según se detalla en la nota de prensa difundida, el Consistorio “actualmente” está “a la espera de la resolución judicial” del incidente iniciado por Patrimonio Nacional. En ese comunicado también aluden al informe elaborado por la Secretaría General del Ayuntamiento, al que ha accedido elDiario.es, en el que la secretaria concluye que la petición de Patrimonio Nacional “solo podría estimarse cuando la sentencia” del TSJM “adquiera firmeza y sea notificada a este Ayuntamiento”.
Permisos concedidos en junio de 2021
Ante el fallo todavía cabe un recurso de casación, que será presentado en los próximos días, tal y como apunta el letrado Francisco Javier Zaragoza, quien recurrió la licencia de obras que el Ayuntamiento otorgó en junio de 2021 al departamento del Ministerio de Presidencia. Patrimonio disiente de la argumentación municipal y considera que “no es preciso esperar a la firmeza” del fallo del TSJM emitido en junio “para proceder a su ejecución y para entender” que la licencia que el Consistorio aprobó en un primer momento, hace más de un año, “ha recuperado su ejecutividad”, tal y como consta en el incidente de ejecución que han presentado al juzgado, informa Alberto Pozas.
En junio de 2021 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento concedió la licencia de obras para intervenir en la Basílica del Valle de los Caídos. Estos permisos fueron paralizados de forma cautelar en noviembre después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 estimase el recurso de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica por considerar que, de proseguir los trabajos, podrían producirse “evidentes daños” antes de entrar en el fondo del asunto. Esta decisión fue recurrida por Patrimonio Nacional y ya este año, en junio, el TSJM acordó revocar la suspensión cautelar al considerar que la licencia autoriza la entrada en las criptas del Valle pero no conlleva “una transformación urbanística irreversible” en la estructura de Cuelgamuros.
El abogado que ha denunciado a la alcaldesa se pregunta qué ha cambiado desde la fecha en la que otorgó la licencia hasta ahora para que no conceda el permiso tras la sentencia del TSJM. Además, alega que tras este fallo “ya no existe” la medida cautelar que provocaba la paralización de la obra y lamenta que teniendo en cuenta ese razonamiento la causa judicial se pueda eternizar.
En esa misma línea se pronuncian algunos partidos de la oposición del Consistorio, que cuestionan la falta de empatía de la administración municipal. “Lo que critico es que no le mueva a ella como humana y, si tiene corazón, el dolor de las familias. Es gente que se está muriendo. Son hijos y sobrinos, de 90 años, que lo último que quieren es enterrar a sus familiares” con el resto de sus seres queridos, apunta la concejala socialista Elena Valera.
Crítico también con la decisión de la alcaldesa se muestra el único concejal que tiene Podemos-Equo en San Lorenzo de El Escorial, Esteban Tettamanti, quien sostiene que en esta cuestión “convergen” dos aspectos. Por un lado, “la ideología propia del PP” y, por otro lado, que “Vox ata en corto” a López. De esta forma, se refiere el representante de la coalición de izquierdas al papel que la formación de extrema derecha tiene en el Ayuntamiento.
Críticas de la oposición
El Ejecutivo actual de San Lorenzo de El Escorial gobierna en minoría. En las últimas elecciones, el PP obtuvo cuatro concejales y Ciudadanos, tres. Podemos-Equo (1), Vox (2) y PSOE (2) consiguieron menos representantes que los partidos que lideran el ejecutivo municipal. Los comicios los ganó el partido Vecinos por San Lorenzo de El Escorial, que logró cinco escaños. Por lo tanto, PP y Ciudadanos necesitan dos votos más en el pleno para sacar adelante sus propuestas.
Desde la formación que consiguió el mayor apoyo en los últimos comicios se muestran cautos al valorar la decisión del Ayuntamiento sobre la exhumación. La concejala de Vecinos por San Lorenzo de El Escorial, Blanca Juárez, subraya que a lo largo de la legislatura el Gobierno municipal ha prestado especial atención a la formación de extrema derecha porque “necesita tener contentos” a sus concejales. “Ha habido mociones aprobadas por el Pleno propuestas por distintos grupos, pero únicamente se han llevado a cabo las promovidas por Vox”, señala.
La concejala de Vox, Marta Cebrián, reconoce que son una formación clave para el equipo municipal. El PP –formación a la que pertenece la alcaldesa– y el partido de extrema derecha firmaron un acuerdo de investidura tras las elecciones de 2019. Desde el Ayuntamiento aseguran que “en unas ocasiones” han contado con su refrendo y en otras “no [les] han apoyado”. Los dos últimos presupuestos han salido adelante con el voto de Vox. En relación a la situación administrativa en la que se encuentra la exhumación del Valle de los Caídos, la representante de la formación de extrema derecha señala que no pueden opinar. “Son los técnicos, secretaría y alcaldía, los que lo deciden”, responde Cebrián.
A nivel nacional, el partido liderado por Santiago Abascal ha cargado contra la normativa que intenta reparar a las víctimas del franquismo. “Vox derogará la ley de Memoria Democrática en su primer día en el Gobierno de España”, aseguró el portavoz parlamentario del partido de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros hace dos meses. El presidente del partido también criticó la exhumación del dictador del Valle de los Caídos semanas antes de que se produjese.
El recurso sobre el que se ha pronunciado el TSJM en contra de la licencia de obra para exhumar en el Valle de los Caídos no es el único que se ha presentado por esta decisión, pero sí que es el único que por ahora ha llegado al tribunal superior madrileño, tal y como detalla a esta redacción el abogado Francisco Javier Zaragoza. Se trata de una causa iniciada por un particular, del que el letrado no revela el nombre. Asimismo, según indica, hay alrededor de una decena de recursos presentados en contra de las decisiones judiciales que paralizaron en su momento de forma cautelar las obras en Cuelgamuros.
Uno de los colectivos que recurrió ante los tribunales la licencia de obras concedida el pasado 24 de junio de 2021 por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial a Patrimonio Nacional fue la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. Esta organización esgrimió “el derecho a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y la necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado”.
Este colectivo explica en su página web que fue creado “por la preocupación de gran parte de la sociedad ante la dañina y revanchista ley de memoria histórica”. Para la citada asociación la norma promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “únicamente ha servido para enfrentar y dividir aún más a los españoles”. Entre sus actividades, se recoge una petición a la Comunidad de Madrid para que declare el Valle de los Caídos como Bien de Interés Cultural.
La Fundación Nacional Francisco Franco fue una de las organizaciones que dio la bienvenida a la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. En su presentación tomaron la palabra Fernando Paz, Javier García Isaac, Guillermo Rocafort y Antonio Nadal, según la información recogida en la web de la organización que alaba al dictador. Paz fue uno de los primeros nombres que se sumaron a las listas electorales de Vox, aunque finalmente no concurrió a las elecciones generales de abril de 2019 porque renunció a la candidatura después de que se divulgasen los comentarios que hizo en tertulias televisivas sobre terapias de reconversión para niños gays y en charlas en grupos ultraderechistas asegurando que el Holocausto era “un tema permanentemente bajo sospecha”. La formación de extrema derecha también ha difundido a través de sus redes sociales alguna petición de la asociación que recurrió la exhumación.