Almeida considera que las comunidades del PSOE actuaron con criterio partidista con la orden de Sanidad pero no las del PP

El alcalde de Madrid –y portavoz nacional del PP– ha dado un paso más allá de arropar a su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, en el conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez para cuestionar la validez de la orden aprobada sin unanimidad por el Consejo Interterritorial de Sanidad para restringir la movilidad de ciudades como Madrid. José Luis Martínez-Almeida, al frente del municipio que está en el centro del nuevo desencuentro entre administraciones, considera que el apoyo de todas las comunidades del PSOE a la orden de Sanidad responde a “criterios políticos impartidos desde Ferraz” mientras que los gobiernos regionales del PP, que votaron en contra salvo Castilla y León, actuaron sobre la base de “criterios técnicos” y en función de lo que “es mejor para sus ciudadanos”.

“Ni Pablo Casado ni Inés Arrimadas están detrás, no trabajan al dictado de nadie”. Así lo ha defendido el regidor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en la que ha señalado, sobre la pelea abierta entre administraciones, que es el Gobierno de Sánchez quien “ha roto unilateralmente con el Ejecutivo madrileño para ”intervenir sanitariamente“ la región. El alcalde critica, en línea con la Puerta del Sol, que no se ha tenido en cuenta la ”capacidad asistencial“ de Madrid para aumentar las UCI ni la posibilidad de dividir Madrid por distritos para adaptar las medidas. Y considera que la orden es un traje para cerrar Madrid ”hecho ad hoc“. ”¿De verdad podemos creer que son criterios generales?“, se ha preguntado. La resolución de momento afecta a 10 municipios, todos en la región.

Martínez-Almeida respalda también el recurso judicial avanzado por la presidenta de Madrid para no aplicar las medidas, aunque reitera, como ha dicho su homóloga regional, que la orden se acatará en la ciudad hasta que haya un pronunciamiento. La capital, de 3,3 millones de habitantes, registra un millón de entradas y salidas al día. Unos 400.000 coches están involucrados en estos movimientos que a partir del sábado deberán controlarse, según los datos ofrecidos por el alcalde, que ha avanzado que las medidas “perjudicarán gravemente a la ciudad” en lo económico. “El cierre global tiene una repercusión sobre la economía ya dañada. Son medidas que deben ser más meditadas y reflexionadas y tomadas por acuerdo”, ha apuntado. Martínez-Almeida también pide más medios policiales para Madrid a la Delegación del Gobierno, “bastante ausente”, a su juicio, en este nuevo reto de controlar la movilidad a gran escala. “No puede ser que el peso de cumplir las normas recaiga sobre la Policía Municipal”, ha señalado la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

La número dos del Gobierno municipal, de Ciudadanos, coincide en que Sanidad “no ha escuchado a Madrid” pero ha pedido que se reconduzca la situación y ambas partes “vuelvan a sentarse”. “No está todo perdido”, ha aseverado en una llamada al consenso que engarza con la posición ambigua que desde el lunes mantiene su compañero de partido, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que a inicios de semana se felicitaba por el acuerdo entre Madrid y el Gobierno nacional roto hace unas horas. “La situación es tan difícil que esto requiere un último esfuerzo y los poderes públicos debíamos hacerlo”, ha argumentado Villacís, que comparte “aunque no es autoridad sanitaria” que la Comunidad de Madrid recurra la orden y lamenta que no se hayan admitido como criterios “la flexibilización de las UCI”.