El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes su plan de alquiler municipal. Una estrategia dirigida a la “clase media trabajadora”, según la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que subvenciona los hogares con ingresos entre 32.200 y 88.200 euros brutos al año y con la que el Consistorio quiere hacer de “dique de contención” a las “políticas intervencionistas” del Gobierno de España. “Vamos a hacer exactamente lo contrario con fórmulas liberales que proponemos y que van a hacer que bajen los precios”, ha asegurado la número dos del Gobierno municipal. La inversión en este plan es de 30 millones de euros en tres años y el objetivo principal es poner en alquiler 500 viviendas vacías en el mandato.
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha justificado que el segmento de población que podrá recibir el llamado bono vivienda tiene “problemas socioeconómicos” para poder acceder a la vivienda teniendo en cuenta los precios de mercado en la capital: “Hay que atender también a los que, sin tener consideración de vulnerables, tienen dificultades socieconómicas ”ya sea para “independizarse” o “cambiar de vivienda”. El precio metro cuadrado de alquiler en la capital alcanza los 15 euros, la cifra más alta de todas las ciudades españolas, aunque ha caído levemente respecto a hace un año (8%).
Villacís ha insistido en esta idea. “Nos tenemos que concentrar en las personas más vulnerables, pero no podemos obviar a la clase media trabajadora. No podemos calificar de rico a quien gana 24.500 euros al año”, ha señalado, aclarando que los umbrales marcados por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) son ingresos brutos, no netos. 30.000 personas con ingresos inferiores esperan en una lista la adjudicación de una vivienda social actualmente en la ciudad de Madrid. Solo una parte reducida de este grupo, los que perciben entre 3 y 3,5 veces el IPREM, puede optar al bono. El resto, no. Ante la polémica por las horquillas marcadas, el alcalde ha recordado que el plan se aprobó “por unanimidad” en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, con el apoyo de todos los grupos municipales.
El equipo municipal ha presentado el plan con todos los honores. Han asistido el alcalde, la vicealcaldesa, al concejal de Vivienda, el delegado de Desarrollo Urbano y el consejero delegado de la EMVS, además de asesores y uno de los ediles de Vox, Pedro Fernández. En el Salón de Actos de Cibeles se ha juntado un buen número de asistentes. Tal congregación ha motivado la pregunta de uno de los periodistas sobre si el acto cumplía con las restricciones actuales en un momento de pico de contagios. “Me parece que somos demasiados y que no obedece a los tiempos que corren”, aunque “objetivamente las normas de aforo se están cumpliendo”, ha contestado la vicealcaldesa.
La EMVS ha publicado una tabla que marca los topes en cada hogar, dependiendo de los miembros de la unidad familiar. Si vives solo o sola, únicamente puedes recibir la ayuda si tu sueldo bruto es de 32.200 euros al año. 2.666 euros al mes (en 12 pagas). El Ayuntamiento desconoce cuántos hogares de una persona podrían acogerse a esta ayuda. Los 88.200 -equivalentes a 7350 euros brutos mensuales- se han fijado para familias a partir de seis miembros.
Los receptores de esta nueva ayuda, llamada bono vivienda, además de cumplir este requisito económico, deben ser menores de 35 años, mayores de 65, familias con menores de 25 años, personas divorciadas o separadas con hijos o familias con miembros con discapacidad o dependencia y llevar empadronadas al menos cinco años en la capital. En ningún caso, las familias pagarán menos de 450 euros y el bono tiene un tope de 900 euros mensuales. Todo ello sobre la premisa de que nadie invierta más del 30% de sus ingresos en el alquiler.
El resto de personas con los mismos ingresos que no encajan en estas circunstancias también pueden acceder a viviendas gestionadas por la EMVS pero sin bono siempre que se cumpla la premisa del 30%. A ellas se les pedirá un empadronamiento mínimo de un año.
Los bonos no pueden aplicarse en cualquier vivienda. Solo en aquellas en desuso que el Ayuntamiento logre recuperar para incorporarlas temporalmente a la EMVS. Esa es, en realidad, la pata principal del plan, sobre la que giran las ayudas. Porque si no hay viviendas disponibles, no hay ayudas. El Consistorio ha abierto ya una convocatoria para que los propietarios que tienen viviendas vacías desde hace más de nueve meses puedan cederlas en usufructo por cuatro años a la EMVS en condiciones ventajosas. A los tenedores se les ofrece ventajas como adelantarles hasta 45.000 euros del coste de las reformas, si fueran necesarias; la renta garantizada pague o no pague el inquilino y la garantía de que la vivienda se va a devolver tal y como se entregó.
Las más de 11.000 viviendas de uso turístico que hay en la capital, y por las que nadie ahora está dispuesto a pagar con el desplome del turismo, entran dentro de esta convocatoria y además se les exime del requisito de los nueve meses. Todas se tasarán de manera independiente y después se negociará con el propietario sobre esa tasación.
Un alcance pequeño
Según los cálculos de la EMVS, hay “10.000 viviendas” en la capital susceptibles de entrar en este plan, aunque en toda la capital se contabilizaron en 2011 153.000 casas vacías, según el INE. Los datos no se han vuelto a actualizar. El Ayuntamiento aspira a recabar solo un 5% de ellas en el primer mandato (unas 500) y un 10% si sigue gobernando el mismo equipo de Gobierno en 2025.
“Esto es solo una pieza más de la política de vivienda”, ha justificado el regidor, que asegura que está “preocupado” por la larga lista de personas cuyos ingresos son inferiores a 32.000 euros y que esperan la adjudicación de una vivienda social en alquiler. Este grupo numeroso está en el “centro” de las políticas del Ayuntamiento, según la EMVS, que prevé entregar las llaves de 1.000 pisos a lo largo del año. El Gobierno de Almeida también puso en marcha en verano un plan para comprar pisos a particulares. Una iniciativa que ya había explorado con poco éxito la anterior corporación.
El objetivo es “aumentar la oferta”, aunque sea de forma mínima. Así, sostiene el Gobierno municipal, bajarán los precios automáticamente, sin necesidad de limitarlos, como propone el Gobierno de España. “Se aprende en primero de cualquier cosa. Es el sota, caballo y rey de las reglas de mercado”, ha señalado Villacís, que ha reiterado la cruzada del Consistorio contra las políticas de vivienda estatales basadas en controlar los precios del alquiler en “zonas tensionadas”. La legislación, en todo caso, lleva retrasándose meses.
El plan municipal también contempla adelantar la fianza a las personas con ingresos inferiores a 42.000 euros brutos anuales. Este dinero, que se exige al firmar un contrato de alquiler, se podrá devolver en 24 meses sin intereses.
Corrección: en una primera versión de esta noticia se afirmaba que ninguno de los 30.000 solicitantes de vivienda social en la lista ordinaria podían acceder al bono vivienda. No es así: sí pueden hacerlo aquellos con un nivel de ingresos entre 3 y 3,5 veces el IPREM.