El Gobierno de Almeida despide a la abogada que preparaba el recurso contra la absolución de Botella por vender pisos a fondos buitre
El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida ha despedido este viernes a la directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Paloma Herranz Embid, que desde hace semanas preparaba el recurso ante el Tribunal Supremo contra la absolución de la exalcaldesa Ana Botella en la venta de pisos públicos a fondos buitre.
Herranz ya había sido la abogada responsable con el anterior Gobierno de Manuela Carmena de la presentación de la demanda en el Tribunal de Cuentas contra la venta de viviendas sociales a fondos buitre y que culminó con la sentencia condenatoria a Ana Botella y otros consejeros de su gobierno en primera instancia. El fallo obligaba a la exalcaldesa y a siete cargos de su Ayuntamiento a abonar 25,7 millones de euros por las perdidas ocasionadas a las arcas municipales. El mismo tribunal, gracias a los votos a favor de dos consejeros del PP, acabó absolviendo a la exalcaldesa de Madrid en segunda instancia.
La letrada tenía que presentar ahora otro recurso contra ese fallo ante el Tribunal Supremo. Un acuerdo del Pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid del 29 de julio, ya con esta corporación y con Almeida como alcalde, insta a la Junta de Gobierno a interponer el recurso de casación ante el Supremo y a seguir con las diligencias penales abiertas “a través de sus representantes personados” –es decir, la letrada despedida–. El plazo para presentar el recurso expira el próximo 27 de septiembre. Según fuentes municipales, la letrada Paloma Herranz, una experta en derecho público que trabajó seis años como asesora en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, llevaba semanas preparando el recurso ante el Supremo que no podrá concluir.
Según ha podido saber eldiario.es de fuentes municipales, el encargado de comunicarle la destitución a la hasta ahora directora de servicios jurídicos de la EMVS ha sido el consejero delegado de la entidad municipal, Diego Lozano Pérez. Lozano, un viejo conocido del PP que ha ocupado diferentes cargos en los gobiernos madrileños. El expresidente Ignacio González lo eligió como jefe de gabinete y antes ha ejercido como primer teniente de alcalde en Pozuelo de Alarcón. En la reunión donde se comunicó el despido también estaba el gerente de la empresa municipal, José Antonio Acosta. Nadie comunicó a la abogada las razones de su destitución que se tramitó sin indemnización, ni si el Ayuntamiento piensa seguir adelante con el recurso.
El actual concejal delegado de la Vivienda, Álvaro González López (PP), se reunió hace apenas una semana con Paloma Herranz Embid, según fuentes municipales para interesarse por el estado del recurso y el tiempo que necesitaba para prepararlo. La letrada calculó que serían necesarias dos semanas para tenerlo listo.
Herranz ya había interpuesto los recursos que permitieron reabrir el procedimiento penal en la Audiencia de Madrid y también preparó el informe que llevó al Gobierno de Manuela Carmena a tramitar el procedimiento de nulidad contra la venta. Este último procedimiento no prosperó a causa del dictamen obligatorio y vinculante de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid en 2017.
El Gobierno municipal que preside ahora Almeida no era partidario a recurrir la sentencia absolutoria del Tribunal de Cuentas, según manifestó el propio alcalde de Madrid y la portavoz, Inmaculada Sanz. Fueron los votos a favor del PSOE, Más Madrid y Vox a una moción de los socialistas los que ahora obligan a la EMVS a presentarlo.
El recurso de casación ante el Supremo requiere del cumplimiento de unos requisitos muy tasados además de demostrar el interés casacional. Muchos recursos son inadmitidos por esta causa sin ser analizados. “Bastaría con no concretar adecuadamente los requisitos exigidos para que se inadmitiera y no pasara nada”, aseguran fuentes jurídicas.
Dos consejeros nombrados por el PP libraron a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de la condena millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre en 2013. El Tribunal de Cuentas revocó la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia contra la exregidora de la capital y parte de su gobierno. El tribunal les condenó a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, pero la Sala de Enjuiciamiento revocó ese fallo tras el recurso de los condenados.
La absolución, por dos votos contra uno, la firmaron dos consejeros propuestos por el PP: la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantuvo los argumentos que esgrimió el Tribunal de Cuentas durante su primera sentencia condenatoria: que la operación de venta fue “lesiva” para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad” en el procedimiento.
