El Ayuntamiento de Madrid, a cuyo gobierno tuvieron que parar los tribunales la suspensión de la zona de bajas emisiones al inicio de mandato, se apunta ahora a la ambición climática. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado en la Convención Europea de Alcaldes C40, la red de ciudades comprometidas con la lucha contra el cambio climático, que la capital reducirá dos de cada tres toneladas de dióxido de nitrógeno (CO2) en 2030. El objetivo está recogido en la primera ‘Hoja de Ruta hacia la neutralidad climática de la ciudad de Madrid’ y eleva la disminución de las emisiones al 65% respecto a 1990.
El último compromiso de obligado cumplimiento para todos los países de la UE, aprobado por acuerdo del Consejo Europeo celebrado en diciembre de 2020, es una reducción del 55% de las emisiones de gases de efectos invernadero. Con este anuncio, Madrid aumenta en 10 puntos ese objetivo comunitario para rebajar las emisiones hasta los 4,5 millones de toneladas en 2030. Una cifra que hace treinta años, en 1990, alcanzaba los 13 millones. Las previsiones del Consistorio apuntan también a más largo plazo. “En 2050 se mantendrían alrededor de 1,4 millones de toneladas de CO2, que se compensarían con medidas complementarias como la absorción por medio de plantaciones forestales”, dice la nota de prensa enviada por el Ayuntamiento tras la intervención del alcalde, en la que mostró a las grandes ciudades como “responsables de gran parte de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera”.
El Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático de la corporación de Manuela Carmena se marcaba conseguir una reducción superior al 40% de las emisiones totales de gas de efecto invernadero. Entonces, todavía no se había aprobado el nuevo acuerdo de 2020. Esta estrategia, de 2017, es anterior al actual objetivo de la UE.
El tráfico rodado no es el primer foco de actuación
La pregunta es: ¿Cómo se van a reducir las emisiones? ¿De qué fuentes? El análisis del equipo de Almeida sitúa en primer lugar al sector residencial como el que debe contribuir “con el mayor volumen de reducciones”, 2,9 millones, seguido del sector servicios (2,7) y, por último, el transporte (2,4) pese a que el tráfico rodado es el responsable de casi el 47% de las emisiones.
La administración intensificará la atención sobre estos tres focos, asegura el Ayuntamiento. En los dos primeros aumentando el peso de las energías renovables en la generación de electricidad y con métodos de climatización más limpios: por ejemplo calderas de condensación de gas con biometano. Las calderas de carbón, ya muy residuales en Madrid (apenas hay 200 en toda la ciudad), estarán prohibidas desde el 1 de enero de 2022. Así lo establece la nueva Ordenanza de Calidad del Aire que se aprobará este mes en Pleno. En 2020, solo un 43,6% de la electricidad se generó con estas energías limpias cuando el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece como objetivo llegar al 74% en diez años.
Sobre el vehículo privado, la batalla que al alcalde más le cuesta dar, la estrategia aboga por un “trasvase a otros medios de transporte” y la “renovación de las flotas hacia tecnologías menos contaminantes”. El Ayuntamiento cuenta con su propio plan anticontaminación, Madrid 360, que surgió tras el frenazo de los tribunales a la suspensión de Madrid Central en julio de 2019. La estrategia pretendía recortar la zona de bajas emisiones para permitir la entrada de más coches pero el alcalde tuvo que renunciar a su proyecto. Aludió para dar marcha atrás a que nadie le apoyaba, ni siquiera las facción de Ciudadanos de su propio Gobierno. De las medidas que sí permanecen en Madrid 360 está la creación de líneas gratuitas de autobús, 45 nuevos kilómetros de carriles bus o las ayudas para cambiar vehículos.
Cerca del segundo año de mandato, y tras una Cumbre del Clima acogida por Madrid en el último minuto y una pandemia de alcance mundial, el alcalde de la capital abraza ahora posturas más moderadas que en su carrera por ganar la alcaldía, que giró entorno a la promesa de que cada ciudadano era libre para moverse como quisiera y a la idea de que Madrid Central cercanaba la libertad individual y expandía la contaminación fuera del distrito centro. Este último un argumento desmontado ya por varios estudios científicos. Pero para la oposición y los ecologistas la apuesta para mejorar la calidad del aire no es suficiente porque la red ciclista aún es muy pobre –y los presupuestos de este año no recogen financiación para ningún carril bici, salvo una mención vaga al de Castellana– y está a punto de aprobarse la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible que sancionará a las bicicletas que se aparquen en la acera.