Los protagonistas del caso Máster, tres años después: las profesoras siguen dando clase en la URJC

Casi tres años después de que estallase el Caso Máster, la mayor parte de sus protagonistas continúan trabajando en la Universidad Rey Juan Carlos. El escándalo desvelado por elDiario.es destapó una trama académica en la que alumnos VIP obtenían títulos de posgrado sin esfuerzo, mientras sus compañeros de promoción, estudiantes anónimos, tenían que realizar exámenes, entregar trabajos y asistir a clase. La investigación periodística salpicó a políticos de diferentes partidos: a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; al líder actual del Partido Popular, Pablo Casado; y a la ministra socialista, Carmen Montón. Las informaciones que se fueron publicando terminaron con la carrera política de Cifuentes y Montón.

La expresidenta del PP de Madrid alargó durante 36 días la polémica. En todo momento negó los hechos, llegando a aportar argumentaciones contradictorias con el paso del tiempo y conforme los protagonistas del escándalo iban desmontando su coartada. Este lunes la causa llega a juicio, aunque en ella solo se investigará la falsificación del acta con la que la política retirada intentó justificar que había defendido el Trabajo de Fin de Máster (TFM). Cifuentes se sienta en el banquillo junto a una exasesora de la Comunidad de Madrid y una profesora universitaria. Estos fueron los protagonistas del Caso Máster:

Cristina Cifuentes. Imputada por un delito de falsedad en documento oficial por instigar la elaboración del acta de su Trabajo Fin de Máster, después de que elDiario.es desvelase que obtuvo un posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con notas falsificadas. Con su abandono de la política, en los últimos meses se ha dedicado a participar en tertulias de televisión de Mediaset, entre ellos el programa Todo es Mentira, que se emite en Cuatro y está presentado por Risto Mejide. También figura como abogada ejerciente en el registro del Colegio de Abogados de Madrid. La exlideresa del PP tiene una plaza en la Universidad Complutense. Se trata de un puesto que consiguió en 2001 con un tribunal que incluía a dos amigos personales y en el que se encuentra en excedencia desde 2018, según confirman desde la UCM.  

En el juicio que arranca este lunes la Fiscalía solicita para ella tres años y tres meses de prisión como inductora de la falsificación del acta “a sabiendas” de que acreditaba una defensa de TFM “que jamás se produjo” y que exhibió redes sociales “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”. Por su parte, la defensa de la Universidad Rey Juan Carlos aumenta la petición a cuatro años de cárcel por instigar la elaboración de un documento académico falso. Cifuentes mantiene su título de máster.

Enrique Álvarez Conde. La investigación judicial le situó en el centro de la trama, como el “urdidor” de un “plan preconcebido”, centrado “en regalar títulos académicos” para crear “un clima favorable” entre relaciones políticas y profesionales. Este catedrático era el responsable del Instituto de Derecho Público, encargado de impartir el máster de Cifuentes. Falleció el 1 de abril de 2019 a causa de un cáncer de pulmón. Antes de su muerte, la Fiscalía también le señaló como coautor indirecto del delito y reclamó para él tres años y nueve meses de prisión.

María Teresa Feito. Exasesora de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC. Imputada, con una petición de tres años y tres meses de prisión por parte de la Fiscalía. Cuando esta redacción destapó el escándalo Feito sirvió de vínculo entre el Gobierno autonómico y la URJC, donde había dado clase y conservaba varios amigos. En el juicio se dilucidará si supuestamente presionó a la Universidad para elaborar esa coartada. 

El Ministerio Público determinó en su escrito que actuó compinchada con Enrique Álvarez Conde, director del instituto que organizó el master, “y a sabiendas de que Cristina Cifuentes no había superado todas las asignaturas, no había hecho el trabajo fin de máster (TFM) y no había procedido a su defensa”, decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría “apariencia de verosimilitud”. 

Feito abandonó su puesto como asesora de la Consejería de Educación, después de que Cecilia Rosado, profesora que también está imputada en el caso, asegurase ante la jueza que le había amenazado. “Nos dice que si no enviamos el acta fin de máster, Cifuentes nos va a matar. No solo a nosotros, también dice al rector”, fueron las palabras de Feito, según el relato de Rosado. Esta mujer tiene plaza como docente de Filología Inglesa en la URJC en el departamento de Derecho Público II y Filología, tal y como figura en la web del centro. Fuentes del rectorado aseguran que actualmente “sigue en activo”. Esta redacción ha intentado contactar con Feito, sin haber recibido respuesta por el momento.

Cecilia Rosado. Profesora de la URJC. Imputada en la causa, aunque la Fiscalía solicita una pena inferior (21 meses de prisión) para ella porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. El Ministerio Público señala a Rosado como autora de la falsificación del acta, según detalla en su escrito la docente accedió a ello por la “fuerte jerarquía” existente entre ella y el catedrático Álvarez Conde y “ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo, de no acatar lo que se le pedía”. La profesora falsificó las firmas de sus compañeras Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Continúa como docente en la URJC compartiendo departamento (Derecho Público I y Ciencia Política) con las otras dos profesoras que se vieron salpicadas también por el escándalo. Este curso está impartiendo asignaturas sobre Introducción al Derecho, Historia del Constitucionalismo Español e Instituciones Públicas y Privadas Españolas y Europeas (deontología), como recoge la web de la URJC.

Pablo Chico de la Cámara. Director del departamento de Derecho Público I y Ciencia Política. Junto a Álvarez Conde fue el catedrático que acompañó al rector en la rueda de prensa que organizó la Universidad para desmentir la información de elDiario.es el mismo día que fue publicada. Este docente llegó a defender la actividad académica de Cristina Cifuentes por escrito. “Tengo constancia de que la estudiante Cristina Cifuentes Cuencas se personó al examen de la citada asignatura porque corregí yo el examen personalmente”, explicó en un documento. Este curso está impartiendo una asignatura de Derecho Financiero y Tributario en el campus de Vicálvaro en varios grados. Según su perfil en la web del campus, también es responsable de materias relacionadas con fiscalidad y la litigación civil y mercantil en varios posgrados.

Alicia López de los Mozos. Profesora especializada en Derecho Constitucional, forma parte del departamento dirigido por Chico de la Cámara, según la información publicada en el portal online de la universidad. Este curso está impartiendo en el campus de Vicálvaro asignaturas relacionadas con su área de investigación y sobre deontología profesional. López de los Mozos fue la primera discípula de Álvarez Conde que se desmarcó de la coartada principal. El acta confeccionada para defender el título de Cifuentes la situaba como presidenta del tribunal, sin embargo ella reconoció que no estuvo en la evaluación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Junto a su compañera Cecilia Rosado, esta docente también estuvo imputada hasta que la jueza decidió archivar la mayor parte del caso tras la decisión del Supremo de rechazar la investigación sobre el posgrado de Pablo Casado. Ya no está siendo investigada.

Clara Souto. Profesora. Su nombre, fue el tercero que figuró en el acta de TFM que Cifuentes difundió para defender que había cursado el posgrado. Como el resto de sus compañeras, continúa en la URJC, compartiendo departamento con Chico de la Cámara, Rosado y López de los Mozos. Actualmente es docente de Derecho de la Comunicación e Introducción al Derecho Público, según la información recogida en la web de la universidad. Souto también estuvo imputada unos meses hasta que el Supremo emitió su decisión sobre el título de Casado.

Amalia Calonge. Funcionaria. La empleada de la URJC que cambió las notas de Cifuentes ha sido, junto a Álvarez Conde, la única trabajadora a la que el centro universitario ha abierto un expediente. Calonge tendrá que hacer frente a un año de suspensión de empleo y sueldo, aunque la sanción todavía no se ha ejecutado porque ha sido recurrida por la afectada. Su letrado explica que este procedimiento judicial se encuentra ya a la espera de sentencia. Su plaza está adscrita al equipo del gerente en el campus de Móstoles, según las fuentes consultadas. Actualmente, “está de baja”, explican desde el Rectorado, aunque su abogado no ha confirmado esta información.

Javier Ramos. Rector. Afronta el 2021 con un nuevo proceso electoral en el que se determinará si la comunidad universitaria apoya su primer mandato o eligen a otro candidato. El Caso Máster le estalló cuando llevaba poco más de un año en el cargo. En un primer momento avaló a Cifuentes y Álvarez Conde, aunque finalmente terminó llevando la investigación interna promovida por la Universidad a la Fiscalía. La confesión de López de los Mozos fue el punto de inflexión del cambio de actitud del máximo responsable del campus. Este lunes acudirá como testigo al juicio. Con él al frente, la URJC solo ha actuado contra Calonge y Álvarez Conde.

Raquel Ejerique e Ignacio Escolar. Continúan como investigados por un delito de “revelación de secretos” en otro juzgado de Plaza Castilla tras la querella interpuesta por Cifuentes, después de que estos periodistas desvelaran el escándalo académico que terminó con su carrera política.