Amianto y precariedad en unas viviendas sociales de Madrid: “No hay un solo portal donde no viva alguien enfermo”

Cada vez que empieza a llover, la casa de Pilar Gómez (75 años) se convierte en un colador. Las filtraciones entran por la grieta que parte en dos el techo de su salón. El sillón donde pasa las tardes mirando la tele se empapa de agua. La humedad, sin embargo, es el último de sus problemas. Lo que verdaderamente le quita el sueño son las toxinas del amianto que impregnan su casa desde hace años. “Lo más grave son las cubiertas. Están todas rotas y cuando llueve respiramos eso a plenos pulmones”, explica esta vecina del distrito madrileño de Vicálvaro. 

En estos bloques, levantados en la calle de Villablanca hace tres décadas por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), hay placas de uralita en el tejado que están agujeradas. Del mismo material están hechas las bajantes, tanto de aguas limpias como sucias, que también se encuentran muy deterioradas. Los inquilinos vienen denunciando hace años las condiciones insalubres en las cuales viven, que según sus propios cálculos han llevado a más de 40 casos de cáncer en un radio de ocho bloques. “No hay un solo portal donde no viva alguien enfermo. Esto sin contar la decena de vecinos que ya se murieron en los últimos años”, afirma Gómez, a la cual le diagnosticaron un linfoma hace ya dos décadas.  

“No hay forma de demostrar la relación directa con el amianto, porque no hay médico que se atreva a decir que un cáncer viene de esto. Pero es muy llamativo el número de casos en tan pocos metros”, reconoce Jesús María Pérez, portavoz de la Asociación Vecinal de Vicálvaro, que tiene su sede en uno de los bajos de estos edificios. “Además, es evidente que es uno de los factores que está agravando la situación. Aquí vive mucha gente mayor, y la mayoría tiene algún tipo de patología respiratoria”, añade. 

La presencia de fibrocemento no es el único problema que tienen estas viviendas. Ya en 2018, un informe de Madrid Salud alertaba sobre las necesidad de acometer obras para subsanar la rotura de los pozos de aguas fecales de algunos portales. También se mencionaba “las condiciones de insalubridad de los tejados de amianto”, por lo que se consideraba “conveniente valorar su sustitución o encapsulado”. 

Desde entonces, los vecinos han seguido viviendo en las mismas condiciones insalubres. En 2019 llegaron a un acuerdo con la gerencia de la Agencia de Vivienda Social (antes IVIMA), propietario del 85% de las viviendas, para sustituir los tejados, solucionar el problema de las bajantes y sanear los bajos de los edificios. Las obras, sin embargo, se pararon por la pandemia, y cuando los inquilinos volvieron a pedir soluciones, el organismo regional volvió a retrasar las actuaciones. 

“Han echado la culpa a los propietarios, diciendo que es necesario crear una mancomunidad general para aprobar las obras. Se hacen los tontos y olvidan el hecho de que son ellos el propietario mayoritario”, explica Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM. “Los vecinos propietarios están dispuestos a pagar su parte, pero desde la AVS es necesario un verdadero compromiso para mejorar la situación de un edificio en ruina”. 

La AVS asegura estar dispuesta a asumir la parte que le corresponde, pero vuelve a insistir en la imposibilidad de poner de acuerdo a todos los propietarios. “La obra está paralizada, pero no por parte de la AVS, como ya se ha hecho saber en diferentes reuniones”, afirma un portavoz del organismo, sin dar más detalles sobre las actuaciones futuras. 

Para intentar desbloquear la situación, los vecinos han recurrido al Defensor del Pueblo, al cual han entregado un dosier con todas las tramitaciones e informes que se han hecho en los últimos años. “Está claro que lo que empezó como un grave problema de carácter habitacional se ha convertido en una cuestión de salud pública. Ya no podemos esperar más”, reitera Pérez. 

Humedad y pestilencia

“La enfermedad ha cambiado totalmente mi vida. Antes era una persona muy jovial, activa. Me gustaba salir con mis amigas y trabajar en mi centro de estética. Pero el cáncer me lo ha quitado todo”, lamenta Pilar, mientras enseña las manchas de humedad en las paredes de su piso. Tras haber sufrido una recaída en 2015, a día de hoy se encuentra en regresión, aunque asegura desde que estuvo ingresada durante más de seis meses en hospital, no ha vuelto a recuperar por completo su salud. 

Vive en un tercer piso, y eso significa que las placas de uralita se encuentran inmediatamente encima de su techo. Cuando llueve, tapa con cinta adhesiva el respiradero de la cocina, del cual sale polvo y agua sucia. “Sé que es peligroso cocinar con gas y tener esto tapado. Pero peor me parece respirar los olores terribles que vienen de la buhardilla. Cada día le cojo más miedo”, reconoce. 

Las paredes de la casa de Encarna Márquez (55 años) también exhiben rastros de los problemas de humedad que padecen todos los pisos de la última planta de este bloque de viviendas. Hace un par de semanas tuvieron que limpiar con lejía el tejado, que se había ensuciado y había tomado un color completamente negro tras las filtraciones de la lluvia. “Es una vergüenza que tengamos que vivir así. La administración pública se lava las manos y lo único que hace es poner a los inquilinos en contra de los propietarios. Solo queremos resolver el problema cuanto antes para evitar que más gente caiga enferma”, afirma Márquez, que en 2019 descubrió que tiene cáncer de útero. 

Pase a que la Organización Mundial de la Salud clasificó todas las categorías de amianto como cancerígenas en 1973, en España no se prohibió hasta 2001. Un informe de CCOO prevé que, para 2030, el número de víctimas mortales por exposición a esta sustancia durante las décadas de los ochenta y noventa alcanzará las 50.000 personas. 

“Yo llevo ya cuatro años viviendo con esto. Tengo metástasis, pero aquí sigo”, afirma Márquez. “Ahora mismo, lo que más me preocupa no es mi situación, sino el futuro de mis hijos. No quiero que ellos pasen por lo mismo que me ha tocado a mí”.