- Blackstone se hizo con casi 2.000 pisos públicos en una operación que ha sido calificada como fuera de la ley por la Cámara de Cuentas de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid que dirigía Ana Botella (PP) vendió 1.860 pisos de protección al fondo buitre Blackstone en pleno verano: la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) decidió adjudicar las 18 promociones un 24 de julio de 2013. Los inquilinos no sabían nada.
La alcaldesa no ha hablado mucho sobre esta operación que ha sido calificada como fuera de la ley por la Cámara de Cuentas de Madrid, como ha publicado eldiario.es. Para ella ha sido un simple cambio de dueño, como dejó sentenciado en el Pleno municipal del 13 de mayo de 2014. Para ella y su equipo, se trataba de un sencilla venta. Sin ninguna consecuencia.
“Para los inquilinos lo único que ha cambiado es su casero, nada más”
“Para los inquilinos lo único que ha cambiado es su casero, nada más”Ana Botella despachó así los problemas que habían aflorado con la venta de las viviendas. De hecho, ante el Pleno se preguntaba retóricamente: “¿Y de qué problemas habla?”. La exalcadesa solo veía en este proceso que en el “recibo del alquiler, el emisor ya no corresponde a la Empresa Municipal sino al nuevo propietario”.
Para Botella, plantear cuestiones acerca de lo que ha supuesto deshacerse de ese patrimonio público y con los vecinos viviendo en los inmuebles era generar problemas. Exigía “no introducir dudas en esos inquilinos, que siguen exactamente en las mismas condiciones”. Mientras, Fidere –la nueva casera– comunicaba a los vecinos que si querían mantener sus hogares tenían que aceptar sus nuevas condiciones: rentas más altas, contratos más cortos.
La encargada por Ana Botella para dirigir la política de Vivienda en Madrid era su delegada, Paz González. González ha defendido el proceso que ahora ha cuestionado la Cámara de Cuentas.
“La venta se ha tramitado mediante anuncio público. Favoreciendo transparencia y concurrencia competitiva”
“La venta se ha tramitado mediante anuncio público. Favoreciendo transparencia y concurrencia competitiva”La delegada de Vivienda de Ana Botella incluso presumía de que la EMVS convocó este concurso “sin estar obligada a ello”. La Cámara de Cuentas ha visto que se otorgó información clave a algunos aspirantes antes de hacer ese anuncio. Y que el proceso en general fue incumpliendo los procesos establecidos en las normas de contratación. Paz González presentaba así la actuación del Ayuntamiento en 2013: “La EMVS ha articulado un procedimiento impecable que se ha desarrollado desde la más estricta legalidad”.
“Nosotros vamos a hacer una política de vivienda pública”
“Nosotros vamos a hacer una política de vivienda pública”Esa fue la introducción que Ana Botella hizo a su análisis sobre la subasta con los fondos buitre. La delegada de Vivienda de Botella remachaba que el dinero que ingresaban servía para obtener “recursos hoy absolutamente necesarios para las políticas sociales”. Vender ese grupo de casas le quitaba a Madrid un montón de viviendas diseñadas y construidas para sostener ese tipo de actuaciones. Varias de las promociones que han terminado en la cartera de Fidere tenían no solo la calificación de públicas y protegidas sino que cumplían “función social”.
Allí vivían vecinos con escasos recursos cuyos alquileres estaban calculados en consecuencia. La entrada de Fidere supuso que, al vencer los plazos pactados con al EMVS, la nueva propietaria cambiase unilateralmente las condiciones del contrato si querían seguir viviendo en esas casas. Sin aceptar sus condiciones, lo que llegaba era un aviso de proceso de desahucio.
En realidad, la EMVS estaba ahogada por las deudas, tras años de ser utilizada para cubrir gastos que el Ayuntamiento no podía realizar directamente debido, también, al endeudamiento al que se había sometido a sus arcas –llegó hasta los 7.000 millones de euros–. La ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impulsada por el Gobierno iba a exigir a las sociedades mercantiles públicas (como la EMVS) que corrigieran sus desviaciones o desaparecieran.
Sin avisar de todas estas gestiones, 1.800 familias se enteraron de la noche a la mañana de que sus casas ya no eran públicas sino privadas. Era pleno verano de 2013. En el Ayuntamiento de Madrid estaban en frenética actividad pero con otro objetivo: la selección de sede olímpica a la que aspiraba Madrid. Se celebraba en septiembre de ese año en Buenos Aires y vio cómo se acuñaba una de las frases más célebres de Ana Botella. No tenían que ver con la operación con el fondo Blackstone.