La Justicia anula la multa del Gobierno de Ayuso a la 'coach' que ofrecía terapias contra la homosexualidad

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la multa de 20.001 euros que la Comunidad impuso a una mujer por “la promoción y realización de terapias de aversión o conversión” a homosexuales, al considerar que se incurrió en “fraude de ley” en una parte del procedimiento.

Con dicha multa, del 17 de septiembre de 2019, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sancionaba por primera vez en la región a una mujer por infracción muy grave del artículo 70.4 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid. Un precepto que sanciona “la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona”, siendo “irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias.”

La sección octava de lo Contencioso del TSJM ha dado ahora la razón a la mujer en una sentencia en la que considera que la Administración incurrió “en fraude de ley” en el trámite de información previa del proceso sancionador, que se demoró en exceso (31 meses), lo que “conlleva un ejercicio irregular de las potestades administrativas” y causó “una efectiva indefensión para la recurrente”.

La sentencia, que impone a la Comunidad el pago de un máximo de 2.000 euros en costas, no entra en el motivo de la sanción, sino que se centra en un aspecto formal y menciona la paralización que sufrió el procedimiento, con “un año de absoluta inactividad por parte de la Administración”, que mantuvo las diligencias abiertas “injustificadamente y por un lapso temporal irrazonable”. Si hubiese estado abierto el expediente sancionador, se habría determinado la caducidad del procedimiento, señala el tribunal.

Los servicios que ofrecía la recurrente fueron objeto de diversas denuncias que llegaron a la Comunidad, una de ellas por psicólogos del Servicio LGTB de la región, mientras que, una vez impuesta la sanción, asociaciones como Abogados Cristianos reclamaron su retirada.

En un comunicado dicha asociación señala que se ha producido una “persecución ideológica” contra la recurrente y pide derogar la ley LGTBI de la Comunidad.

La responsable de los servicios, que se definió como “coach especializada en identidad personal”, denunció estar sufriendo “difamaciones” y “suplantaciones de identidad en redes sociales” y “artículos periodísticos que ofrecen información falsa sobre su actividad profesional”.

Subrayó “que la homosexualidad no es un problema” y que “su trabajo consiste en ayudar a un crecimiento personal”, y denunció la “mediatización” del proceso sancionador, en concreto por parte del exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado que, dice, informó de la sanción sin que se le hubiese notificado, motivo por el que emprendió acciones legales contra él, pendientes de resolución.