El pasado lunes de Pascua, una frase retumbaba en un juzgado de lo penal de Madrid: “El mandato divino no nos dijo que concediéramos la licencia provisional”. En el banquillo de los acusados, tres arquitectos municipales y una monja en silla de ruedas, representante de la asociación de seglares reparadoras. En las acusaciones, la licencia provisional que concedió el ayuntamiento de El Escorial (Madrid) para que levantaran una capilla en el lugar donde, durante décadas, una vidente afirmaba haber canalizado apariciones de la Virgen Dolorosa. Detrás del pleito, casi cuatro décadas de una polémica que incluye mensajes supuestamente divinos, irregularidades urbanísticas y un entramado societario con un fraude fiscal millonario.
El génesis de toda esta historia tiene nombre y apellidos: Luz Amparo Cuevas. Nacida en la localidad albaceteña de Peñascosa en 1931, se instaló en la sierra de Madrid en los años setenta y anunció su primer contacto con la Virgen Dolorosa en 1981: “Quiero que se construya en este lugar una capilla en mi honor. Si hacéis lo que yo digo, el agua de esta fuente curará”, dijo supuestamente la madre de Dios. Según explicó en TVE, previamente había escuchado su voz mientras trabajaba. Se atribuyó a una bajada de tensión.
Buscar la piedra sobre la que edificar la capilla se convirtió entonces en una de las obsesiones de una congregación que cada fin de semana reunía a miles de fieles en El Escorial. Pero Prado Nuevo, la finca donde la supuesta vidente contactaba con la Virgen, no era el sitio idóneo para reproducir el evangelio de San Mateo, no por motivos divinos sino por la calificación de su suelo: hubo negociaciones con el ayuntamiento y recogidas de firmas mientras el fenómeno de Amparo Cuevas alcanzaba dimensión internacional en la década de los noventa.
La supuesta vidente falleció en agosto de 2012. Para entonces la Iglesia Católica no había dado carta de naturaleza a esas apariciones y comunicaciones de la Virgen de los Dolores pero Antonio María Rouco Varela, en ese momento cardenal arzobispo de Madrid, había autorizado las misas y la asistencia de sacerdotes y religiosos. La capilla que había pedido la Virgen para que el agua de la fuente fuera curativa, finalmente, fue levantada e inaugurada unos días más tarde de la muerte de Cuevas.
El agua de la zona no solo no curaba enfermedades sino que, además, la capilla fue construida de forma irregular. En 2016 un juzgado de Madrid declaró que la licencia provisional que el consistorio de El Escorial había concedido y prorrogado en 2012 a la asociación de Seglares Reparadoras era ilegal porque ese terreno estaba protegido y no era, por tanto, urbanizable. El terreno tenía “especial protección”, tal y como confirmaron todos los tribunales contencioso-administrativos que analizaron el caso.
La capilla que había exigido la Virgen fue derribada en el primer trimestre de 2020. Pero para entonces la jurisdicción penal también había puesto la lupa sobre los supuestos deseos divinos expresados por Luz Amparo Cuevas, que no solo suponían una infracción de la normativa urbanística sino que, según la Fiscalía, podían suponer incluso varios delitos de prevaricación.
“Es poner el carro delante de los caballos”
El juicio terminó hace unos días en los juzgados de lo penal de la calle Julián Camarillo. En el banquillo, tres arquitectos municipales de El Escorial que, de una forma o de otra, informaron positivamente a la concesión y prórroga de esa licencia provisional posteriormente anulada y que sirvió para levantar la capilla. La Fiscalía retiró la acusación contra uno de ellos e hizo definitiva su petición de 17 y 9 meses de cárcel, respectivamente, para los otros dos además de penas de hasta cuatro años y medio de inhabilitación y multas de hasta 1.620 euros para ambos por prevaricación.
El fiscal del caso retiró su acusación contra uno de los técnicos municipales, rebajó la de los otros dos por las dilaciones del proceso, pero dejó claro que entendía que habían cometido un delito de prevaricación al informar a favor de las licencias provisionales para levantar la capilla: “Es empezar el desarrollo urbanístico por el tejado, poner el carro delante de los caballos, buscar subterfugio normativo”, afirmó. El procedimiento se “aceleró”, añadió, con la muerte de la vidente, afirmación que arrancó una queja de indignación de uno de los acusados.
Tanto los acusados como sus defensas defendieron en la última sesión del juicio que informaron a favor de la licencia porque pensaban que era legal, que no intentaron perjudicar al municipio y que aunque fuera posteriormente anulada eso no implica que fuera un delito. “Estaba ejercitando mi obligación de informar sobre una licencia que me estaba siendo solicitada”, lamentó uno de ellos en el turno de última palabra. “El mandato divino no nos dijo que usáramos la licencia provisional”, justificó otro.
“Están actuando de una manera fanática”
El juicio quedó visto para una sentencia que se espera para las próximas semanas. Pero también sirvió como escaparate del encarnizado enfrentamiento que protagonizan desde hace décadas las religiosas de la congregación y la Asociación de Víctimas, que ejerce la acusación popular, interpuso la denuncia que originó el proceso y que encabeza Juan Carlos Bueno.
La tensión era palpable mientras abogados, acusados y público esperaban para entrar en la sala en la última sesión, y explotó durante los informes finales. “Es un caso de absoluta querulancia, de obsesión, hay dos docenas de acusaciones injustificadas de este señor, de una manera fanática se ha perseverado en esta acusación”, dijo el abogado Carlos Aguilar, defensor de la asociación religiosa acusada. Todas las defensas pasaron al ataque y pidieron, además, deducir testimonio por mentir contra el perito de la asociación popular.
Juan Carlos Bueno, a quien se dirigía, escuchaba desde los asientos del público. La magistrada María Esperanza Fernández, incluso, pidió “omitir consideraciones personales”, recordando que “se puede hacer Justicia sin descalificar al contrario”. La monja que se sentaba en el banquillo de los acusados también entonó un lamento en su turno de última palabra: “Ha quedado clara esta situación que llevamos arrastrando 20 años”, afirmó.
En declaraciones a elDiario.es, Juan Carlos Bueno explica por qué se considera víctima de esta agrupación religiosa, que califica como “secta” y su actividad: “A nuestros familiares los han captado y han roto con nosotros. No podemos hablar con ellos, nos demonizan, nosotros somos el mal, no conviene que hablemos con ellos y se ha roto el vínculo con nuestros familiares. Les han despojado de todo su patrimonio”, lamenta.
Él mismo explica que dos decenas de pleitos se han archivado, tanto en la jurisdicción penal como por la vía de lo social, cuando la asociación de víctimas denunció que en varias residencias de ancianos vinculadas a la vidente trabajaban decenas de mujeres que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. O cuando presentaron también una denuncia en la Audiencia Nacional. Todas fueron archivadas. “La vidente ha ganado a la Abogacía del Estado, es inaudito, es gravísimo, este entramado tiene una impunidad total”, afirma.
Quien sí fue condenado fue el propio Bueno cuando incurrió en falsedad documental en unos pasquines que repartió con información sobre la asociación de religiosas afirmando que era un comunicado aprobado por el cardenal arzobispo de Madrid y usando fraudulentamente el sello de la Vicaría, como explica la sentencia. “Iban a por mi cabeza, por falsedad documental, era un simple pasquín, una hojita en una concentración que teníamos en donde informábamos de todas las barbaridades que están cometiendo”, dice. La lista de pleitos es larga, e incluye una absolución para la vidente de estafa y coacciones en 2008.
Cree que en este caso el juicio ha demostrado que hubo prevaricación en la concesión y prórroga de la licencia provisional para levantar la capilla. “Se han saltado cinco normativas. Se construyó dos meses antes de tener la licencia de primera ocupación, se enterró a Amparo Cuevas sin tener licencia de enterramiento y el suelo no se ha devuelto a su estado inicial. Esto es cara dura”.
Fraude fiscal millonario en El Escorial
Las acusaciones sobre el caudal subterráneo de dinero que cruza la finca de Prado Nuevo no son nuevas, y una de ellas ha terminado en condena firme. Hace unas semanas la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó una condena de cuatro años y tres meses de prisión a Cándido Martín, presidente de la Fundación Benéfica San Andrés ligada a Prado Nuevo, por usar la fundación para evitar el pago de siete millones de euros en el Impuesto de Sociedades entre 2005 y 2007.
Actualmente, desde el entorno de las religiosas se reniega de que Martín y su Fundación, alegando fuentes cercanas a Prado Nuevo, se aproximó a la vidente para intentar hacer negocio. La sentencia del caso declaró probados los nexos: entre sus vicepresidentes, por ejemplo, estaba Pedro Besari, considerado entonces portavoz de la vidente. Sus donaciones iban a parar a la Fundación Benéfica Virgen de los Dolores, que está detrás de Prado Nuevo y las apariciones.
En realidad, según la Justicia, el objetivo era comprar y vender inmuebles en las provincias de Madrid y Cuenca y beneficiarse del régimen fiscal más benevolente de la Fundación religiosa ligada a Prado Nuevo. Era según el Supremo, un “puro instrumento defraudatorio” usado por Martín para “acogerse a un régimen fiscal privilegiado, eludiendo así el pago del Impuesto de Sociedades que correspondía por la actividad societaria efectivamente realizada desvinculada de todo fin social”.
Su condena firme es superior a cuatro años de cárcel e implica su ingreso obligatorio en prisión, pero fuentes de su defensa explican a elDiario.es que su defensa ha pedido la suspensión de la ejecución tras haber llevado el caso al Tribunal Constitucional. Sostiene su abogado que otra sentencia de los tribunales madrileños le exoneró por hechos similares y que eso debe extenderse a este caso. “Cuatro años de cárcel y 15 millones de euros, estas son las magnitudes en las que se mueven. Esta sentencia dice que estas organizaciones forman un entramado que busca el lucro”, destaca el portavoz de la asociación de víctimas sobre este pleito ya sentenciado en firme por lo penal.
Más de cuatro décadas después de que Luz Amparo Cuevas anunciase su primer contacto con la Virgen de los Dolores, el fenómeno se ha desinflado sin las apariciones pero sigue juntando a decenas de fieles en cada misa convocada en Prado Nuevo el primer sábado de cada mes. Ahora una sentencia dirá si, además, la prevaricación formó parte de la construcción de la capilla que, afirmaba la vidente, pidió la Virgen.