Manuel Ruiz espera en la plaza Soledad Torres Acosta, en el centro de Madrid, a que llegue un grupo de universitarios para escuchar la historia de su hermano Arturo, un estudiante granadino de 19 años asesinado el 23 de enero de 1977 por un pistolero fascista. Su muerte fue el primen crimen de la que pasó a la historia como la “semana negra” de Madrid, uno de los momentos más trágicos de la Transición: al día siguiente murió otra estudiante, Mari Luz Nájera, mientras protestaba precisamente por la muerte de Ruiz. Y esa misma noche, cinco abogados laboralistas vinculados al PCE y CCOO fueron asesinados en su despacho de la calle Atocha.
El homicidio de Ruiz y el crimen de Atocha tienen muchos aspectos en común. Transcurrieron dentro de las mismas 48 horas y los sicarios pertenecían todos al mundo de la extrema derecha. De hecho, incluso el juez que asumió el caso de Ruiz fue el mismo que instruyó el sumario de los abogados asesinados, el controvertido Rafael Gómez-Chaparro. Sin embargo, sus finales no podrían ser más distintos. Mientras que los responsables de la matanza de Atocha han sido condenados, el asesino de Arturo Ruiz consiguió huir de la Justicia.
“Nunca hubo un verdadero interés por parte del Estado en encontrar y condenar al responsable. Se ve que hay víctimas de serie A y serie B. Yo me conozco el nombre de todos los abogados de Atocha, acudo a todos los homenajes. Pero para ver el nombre de mi hermano en esta plaza tardamos cuatro décadas”, dice Manuel mientras señala la placa en memoria de Arturo, que fue colocada hace cinco años en el respiradero de un aparcamiento subterráneo. “Aquí fue asesinado por la extrema derecha Arturo Ruiz García”, se puede leer en el rombo azul. Pero hay un error.
Arturo Ruiz cayó víctima de José Ignacio Fernández Guaza, un matón de la ultraderecha, unos metros más allá del lugar donde se encuentra la placa, en la esquina de la calle Estrella con la calle Silva, a pocos metros de Callao. Sin embargo, los vecinos se negaron a que el homenaje se colocara en su inmueble, que acabó en un tubo alto y negro por donde pasa el aire del aparcamiento. “Quizás sea mejor así. Está en el medio, en frente de las terrazas. Tiene mayor visibilidad”, opina Manuel mientras mira las ofrendas florales que hace unos días se depositaron en conmemoración del 46 aniversario de la muerte de su hermano menor.
Era la mañana del 23 de enero de 1977 y Ruiz estaba en una manifestación en la Plaza de España en favor de la amnistía. Los participantes se disgregaron en grupos distintos para huir de las cargas policiales, y Arturo acabó junto a otros manifestantes en la plaza de Soledad Torres Acosta, más conocida como la Plaza de la Luna.
Allí fue acorralado por los Guerrilleros del Cristo Rey, un grupo terrorista de ideología ultraderechista activo en la década de los 70 del siglo pasado. Después de un intercambio de palabras, Jorge Cesarsky –argentino que pertenecía al grupo paramilitar de extrema derecha Triple A– sacó una pistola y la pasó a José Ignacio Fernández Guaza, que mató con dos disparos en la espalda a Ruiz.
Ese domingo de 1977, la familia de Arturo estaba reunida en Gargantilla del Lozoya, un pueblo a las afueras de Madrid. Mientras que la madre y los ocho hijos vivían en el barrio del Pilar, el padre pasaba la mayoría de la semana en la sierra, donde trabajaba. Fue allí donde supieron de la muerte de su familiar tras escuchar su nombre en la televisión. “Nos enteramos de lo que había ocurrido en el telediario de las tres. Abrieron las noticias hablando de la manifestación, de los disturbios… Diciendo su nombre. Todo el mundo tenía el número de mi padre, que era funcionario, y aun así no nos llamaron”, recuerda Manuel.
Tampoco nadie del Gobierno se puso en contacto con ellos para darles el pésame, ni las autoridades les explicaron lo que había pasado. El padre volvió a Madrid para identificar el cadáver en el Instituto Anatómico Forense y a los pocos días se celebraron los funerales de forma privada, algo muy diferente al cortejo fúnebre de los abogados de Atocha, que concentró a miles de personas. “Nos sentimos abandonados y no quisimos a nadie allí en ese momento. Ni la prensa se pudo acercar, todas las fotos que hay de este día están tomadas de muy lejos”, afirma Ruiz.
Lo que más recuerda de los días siguientes a la muerte de su hermano es la rabia en el barrio, donde hubo disturbios y disparos en la calle. Pero también la solidaridad de los vecinos y amigos de Arturo, que pasaron la noche en vela con la familia. Incluso llegó gente desde Granada, la provincia de la cual los Ruiz habían migrado cuando Arturo tenía 15 años. “Mi hermano era muy querido, en el pueblo y en el barrio. Era un líder nato y se hubiera convertido en un magnífico abogado si no lo hubieran asesinado”, asegura Manuel.
Según lo describe su hermano, Arturo Ruiz era un chico muy inquieto, con mucha energía, implicado en los temas sociales pero sin estar adscrito a ningún partido. Un joven de 19 años que trabajaba de albañil por la mañana y estudiaba para acabar el bachillerato por la tarde. Tenía muchos amigos, porque era extremadamente generoso. “Una vez, en el pueblo, regaló nuestra bicicleta a otra persona, porque decía que la necesitaba más que nosotros”, recuerda Manuel. “Arturo era así, por eso lo quería todo el mundo”.
El consuelo que la familia recibió en los días sucesivos a la muerte de Arturo por parte de amigos y vecinos fue seguido por más de cuarenta años de silencio por parte de las autoridades, que nunca consiguieron encontrar al asesino de Ruiz. “Nunca hubo un verdadero interés por parte del Estado en descubrir la verdad”, acusa Manuel.
Según las casi 1.000 páginas del sumario del caso, José Ignacio Fernández Guaza, el matón de la ultraderecha que disparó a Arturo, mantenía vínculos con las fuerzas de seguridad. Huyó de Madrid al día siguiente del crimen y, gracias a la ayuda de un amigo que era agente de la Guardia Civil, encontró refugio en el País Vasco. De allí escapó a Francia, hasta acabar presuntamente en Argentina, aunque hace años que nadie tiene noticias sobre él.
El único procesado por la muerte de Ruiz fue Jorge Cesarsky, el argentino que proporcionó la pistola a Fernández Guaza. Fue condenado a seis años de cárcel por delitos de terrorismo y tenencia ilícita de armas. Sin embargo, solo cumplió uno: se benefició de la ley de amnistía, la misma por la cual se manifestaba Arturo el día que fue asesinado. “Por lo que sabemos, el sicario de mi hermano podría estar viviendo perfectamente en Madrid. A día de hoy, no hay causas abiertas contra él en España”, opina Manuel.
Para la familia Ruiz, la vía judicial se cerró en el año 2000, cuando la Audiencia Nacional certificó la prescripción del caso. En 2016, los hermanos Ruiz se sumaron a una querella colectiva presentada ante la Justicia argentina contra el exministro de Interior de entonces, Rodolfo Martín Villa, imputado por la muerte de 12 personas por disparos de fuerzas de seguridad y pistoleros de ultraderecha. “El asesinato de mi hermano es un delito de lesa humanidad. No existe prescripción. Durante décadas en España nos han ignorado. Ahora todas nuestras esperanzas residen en la Justicia argentina”, concluye Manuel.