Asalto definitivo a Telemadrid: Ayuso logra hacerse con el control total gracias a Vox

El control definitivo de la Radio Televisión Pública de Madrid por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha hecho efectivo este jueves. Solo nueve meses después de que la presidenta regional lograra tumbar a la dirección anterior con una reforma legislativa apoyada por Vox, el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid presentaba una nueva propuesta para reformar por segunda vez la ley del ente público y así sortear el último escollo que le quedaba para nombrar a un director general definitivo en Telemadrid. La norma que se ha tramitado por la vía de urgencia –sin debate ni enmiendas de la oposición– ha llegado este jueves al Parlamento regional. Y gracias a los votos de Vox ha salido adelante. El control de Telemadrid, en dos asaltos.

La nueva reforma presentada por el PP hace tan solo cuatro semanas permite al Gobierno de Ayuso designar al nuevo director general con mayoría simple, algo que no permite la actual ley aprobada por una amplia mayoría durante el Ejecutivo de Cristina Cifuentes, que obliga a un entendimiento de gran parte de la Cámara regional, ya que debe ser refrendado por una mayoría de dos tercios de la Asamblea. Con la nueva propuesta del PP, este requisito se mantendría en una primera votación. La diferencia radica en que se incluye una segunda vuelta, en la siguiente sesión plenaria, en la que valdrá con una mayoría simple. De esta forma, el PP podrá sacar adelante la votación de la nueva cúpula del ente con la abstención de Vox antes de las elecciones de mayo de 2023.

“Traemos hoy aquí a esta Cámara una modificación legislativa que tiene como finalidad evitar bloqueos por parte de las minorías representadas por parte en los órganos de dirección de la empresa”, ha comenzado la diputada del PP Almudena Negro, encargada de defender la reforma. En su turno, el diputado de extrema derecha ha aclarado que apoyarán la medida, posiblemente con una abstención, aunque su objetivo es privatizar la televisión pública.

El primer asalto: tras el 4M

La nueva reforma legislativa llega solo nueve meses después del primer asalto al ente público perpetrado por Isabel Díaz Ayuso en julio, solo unas semanas después de tomar posesión tras los comicios del 4M en los que obtuvo una amplia mayoría de votos y escaños. Fue su primera ley como flamante vencedora de las elecciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid cumplía así con uno de sus objetivos: controlar Telemadrid tumbando a la dirección que había sido nombrada por una amplia mayoría durante la legislatura anterior y con la que había mostrado en varias ocasiones su disconformidad. Un plan que Ayuso comenzó a fraguar desde que aseguró –solo unos meses después de ser investida por primera vez en 2019– que era la única presidenta que “tenía una televisión que le es crítica”.

La reforma aprobada en julio gracias a Vox también cambiaba la elección de los siete consejeros del ente público que hasta ahora eran elegidos por dos tercios de la Asamblea, lo que obligaba a un pacto entre todos los partidos sin posibilidad de desbloqueo en caso de desacuerdo.

Con la salida del entonces director general de Telemadrid, José Pablo López, solo unos días después de que el PP lograse sacar adelante su reforma legislativa gracias a la abstención de Vox, llegaba al ente público como administrador provisional un viejo conocido de la cadena: José Antonio Sánchez. El también expresidente de RTVE durante los gobiernos de Mariano Rajoy ya había ocupado la dirección general de la Radio Televisión Pública a la que regresaba después de haber sido el encargado de llevar a cabo el ERE que despidió al 74% de la plantilla en 2012. El expediente de regulación de empleo afectó a 860 personas de una plantilla total de 1.169. En la última comisión del ente en la Cámara de Vallecas, Sánchez aseguró que el Valle de los Caídos “no es una fosa común” sino un “cementerio” con todos “los nombres y apellidos de los que están ahí”. Su nombre también apareció en los papeles de Bárcenas certificando que había cobrado del PP como “asesor” cuando ejercía de corresponsal parlamentario de ABC en la etapa de Luis María Anson. 

El Gobierno de Ayuso pensaba refrendar a Sánchez para convertirlo en administrador definitivo en el primer pleno de octubre, pero Vox dio largas sobre su posible apoyo. Y aunque el cargo de administrador provisional no tiene fecha de caducidad si no hay acuerdo, ya que no hay mecanismo de destitución, el PP quiere ahora dar una vuelta de tuerca a su control de la televisión pública. De esta forma, la formación conservadora presenta esta nueva reforma que hará más sencillo nombrar a la nueva dirección ya que Vox solo tendrá que abstenerse. Es la fórmula que utiliza la formación que lidera en la Asamblea regional Rocío Monasterio para intentar vender que no es un apoyo cerrado al Gobierno regional. Aunque en la práctica lo es.

El cambio de dirección ha desplomado las audiencias. La cadena pública madrileña cerró enero con un 4.3% de cuota media, su peor mes desde junio de 2018, y con una caída de nueve décimas respecto a diciembre. Cifras que la conviertieron en la segunda autonómica menos vista de toda la FORTA.

Lectura única

La nueva propuesta llega este jueves a la Asamblea se tramitará por lectura única, como ya ocurrió en julio para tumbar a la anterior dirección: sin debate en comisión ni enmiendas de la oposición, lo que acelera significativamente los plazos. Una fórmula que el PSOE ya llevó ante el Tribunal Constitucional con aquella primera reforma y que se ha admitido a trámite. De esta manera, el PP logrará acelerar el proceso y nombrar a la nueva dirección antes de que acabe la legislatura.

La reforma de la ley supone una enmienda a la totalidad a uno de los proyectos estrella del anterior gobierno de Cristina Cifuentes. Entonces, PP y Ciudadanos –estos últimos en la oposición y ahora desaparecidos del parlamento regional– impulsaron una norma para despolitizar el ente. Por parte del PP, la persona encargada de defender el proyecto fue la propia Ayuso. La entonces diputada defendió la despolitización de Telemadrid, que ahora quiere controlar una vez ha llegado a la Puerta del Sol. “No considero que tenga que ser lo público quien controle lo público, porque al final se convierte en un círculo perverso de gasto innecesario y, desde luego, todo alejado del control de la información”, dijo la presidenta regional en 2013, antes incluso de la llegada de Cifuentes.

Ya cuando el Gobierno de Cifuentes quiso impulsar la ley, Ayuso se reafirmó: “En el caso de Telemadrid, a lo largo de los años y de los diversos gobiernos, se han cometido errores y se han cometido aciertos”, lamentaba en diciembre de 2015 en referencia al control que ejerció sobre la televisión pública Esperanza Aguirre. Seis años después, la presidenta madrileña retomará el control de la cadena al igual que hizo Aguirre.