Una vez anunciada su candidatura para presentarse a la reelección en las elecciones de 2019, a Manuela Carmena le queda sacar adelante su apuesta más personal desde que llegó a Cibeles y la que, a su juicio, pondría el broche de oro a su primer mandato: la Operación Chamartín. Paradójicamente, esta apuesta de la alcaldesa de Madrid es la que más oposición suscita en el seno del Gobierno municipal. A la vez que es la que más la enfrenta a colectivos vecinales y oenegés como Ecologistas en Acción que se oponen a este desarrollo del norte de la ciudad.
Para escenificar esta oposición al último acuerdo alcanzado el pasado julio entre el Ayuntamiento de la capital, el Gobierno de Pedro Sánchez y el promotor privado Distrito Castellana Norte (DCN), sociedad formada por el banco BBVA y la constructora San José, los colectivos plantarán este miércoles al Consistorio en la última mesa que ha convocado con todos los agentes implicados a los que quiere dar traslado del acuerdo.
“En las mesas públicas están todos los agentes sociales y el formato de debate consiste en que ellos exponen y a los demás nos dan dos minutos para opinar; no hay debate, las utilizan como mera exposición de información”, explica a eldiario.es el portavoz de la Plataforma Zona Norte Félix Arias, una de las que este miércoles no estará en la reunión.
A esto, la portavoz de Ecologistas en Acción Maria Ángeles Nieto añade que no se les ha remitido ninguna de documentación técnica para una reunión convocada meses después de la presentación oficial del proyecto al que no fueron llamados a participar. Por tanto, no quieren “legitimar un falso proceso de participación”. “Las mesas de participación han sido un mero paripé. Creemos que nuestra presencia puede legilitar una voluntad de diálogo y un talante por incluir la participación vecinal que no ha existido”, critica Nieto.
Junto a la Plataforma Zona Norte y Ecologistas en Acción, tampoco estarán en la reunión la Federación Regional de Asociaciones de Municipios y Vecinos (FRAMV), el Club de Debates Urbanos y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo.
La edificabilidad: el punto más controvertido
El acuerdo escenificado el pasado julio entre la alcaldesa de Madrid, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el presidente de DCN, Antonio Béjar, pone fin a a 25 años de bloqueo para el desarrollo del norte de la ciudad. Un gobierno de izquierdas ha logrado desencallar el proyecto que el Partido Popular no consiguió sacar adelante durante más de dos décadas gobernando en la capital, con mayorías absolutas en las tres administraciones (Gobierno, Ayuntamiento y Comunidad).
Las críticas al ahora denominado Madrid Nuevo Norte se producen porque consideran que es un “proyecto faraónico”, que ahonda en la brecha entre en norte y el sur de Madrid y en los problemas de movilidad ya existentes en la zona. Los opositores al plan no ven justificada la alta edificabilidad para uso terciario que ha superado a la que reflejaba el último acuerdo entre la anterior alcaldesa Ana Botella y DCN.
Concretamente, el proyecto contará con 2.657.313 metros cuadrados, donde se ejecutará la construcción de 10.500 viviendas, 4.000 de ellas públicas, de las que la mitad serán de protección oficial. Eso supone un millón de metros cuadrados menos que la propuesta de Botella, pero la reducción solo se traslada a la destinada a viviendas, ya que en este nuevo plan 1,8 millones de metros cuadrados serán para uso terciario, frente al 1,7 millones que propuso el anterior Ayuntamiento. Los colectivos consideran que “no hay demanda” para las oficinas, y que se trata de un desarrollo “puramente especulativo” a la vez que ahondará los problemas de movilidad.
Un ejemplo de los problemas que sufre la zona es que el Ayuntamiento de Madrid lleva meses negociando con las empresas flexibilizar el trabajo de las grandes empresas concentradas alrededor de las Tablas debido al embotellamiento de tráfico que se produce cada día. El concejal del área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, se reunió en enero con grandes empresas como Telefónica, Bankia, El Corte Inglés y BBVA. La reunión tenía como objetivo buscar fórmulas que permitieran reducir los atascos como el teletrabajo o jornadas con horarios escalonados.
En este sentido, Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, incide en la falta de demanda de oficinas a lo que añaden la brecha entre el norte y el sur que profundiza el plan. Pérez Quintana recuerda que la Operación Chamartín en sus inicios, era un desarrollo más comedido en el que se veía afectado mucho menos suelo y la edificabilidad también era menor.
Una losa de hormigón para zonas verdes
Otro de los puntos más controvertidos es la losa de hormigón que el Ayuntamiento de Madrid quiere destinar a zonas verdes. Al cubrirse las vías en la colonia Virgen de Begoña se amplía la superficie de vías de ferrocarril tapadas con respecto a la propuesta anterior. En la losa que cubrirá las vías, se creará un área verde y se localizarán espacios para equipamientos (colegios, centros sanitarios,...). Esta propuesta ha desencantado a los colectivos que ven la solución una cesión y critican que la zona verde se vaya a hacer sobre una superficie de hormigón. “Eso da la idea de la vegetación que nos podremos encontrar”, reflexiona la portavoz de Ecologistas en Acción.
En este sentido, Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, inciden en la falta de demanda de oficinas a lo que añaden la brecha entre el norte y el sur que profundiza el plan. Pérez Quintana recuerda que la Operación Chamartín en sus inicios, era un desarrollo más comedido en el que se veía afectado mucho menos suelo y la edificabilidad también era menor.
El Ayuntamiento de Madrid lleva meses negociando con las empresas flexibilizar el trabajo de las grandes empresas concentradas alrededor de ls Tablas debido al embotellamiento de tráfico que se produce cada día. El concejal del área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, se reunió en enero con grandes empresas como Telefónica, Bankia, El Corte Inglés y BBVA. La reunión tenía como objetivo buscar fórmulas que permitieran reducir los atascos en esas zonas que urbanísticamente no se diseñaron para soportar una presión de miles de trabajadores diarios.
La concentración de grandes empresas en una misma zona influye en la movilidad pero también en la calidad medioambiental de la zona. “Existe una traducción, de esa movilidad generada por el centro empresarial, en términos de 'impactos ambientales significativos'. Estos son, sobre todo, las emisiones de gases contaminantes locales de los vehículos (partículas y óxidos de nitrógeno) y las emisiones de CO2 de los mismos vehículos”, recuerdan desde Ecologistas en Acción. “Hay un problema serio con la movilidad y más va a haber si seguimos con estas operaciones. El impacto de la Operación Chamartín va a ser brutal”.
A estos problemas, los colectivos añaden el “secretismo” con el que se ha guardado el convenio. El convenio que firmaron en 1993 Adif y la sociedad integrada por BBVA y la constructora San José, para el desarrollo del norte de la ciudad sigue siendo secreto 25 años después. No se conoce el texto original ni las sucesivas renovaciones del contrato que cada dos años han supuesto una renegociación de las condiciones. Las asociaciones vecinales han solicitado la documentación a Adif repetidamente a través del Portal de Transparencia entre mayo y junio, pero de momento solo se han encontrado con dilatación de plazos.
Conseguir poner en marcha el desarrollo del norte de la ciudad que ha estado paralizado durante las últimas dos décadas ha sido una de las obsesiones de la alcaldesa durante este mandato. Las asociaciones, adelantan, no van a dejar de dar las batallas necesarias para entorpecer la operación para conseguir su objetivo: un desarrollo más comedido que apueste por más espacio para las personas.