María Camino se enteró de golpe de que habían vendido la casa donde vivía en el barrio madrileño de Carabanchel. De la noche a la mañana pasó de residir en una vivienda pública de alquiler con “función social” del Ayuntamiento de Madrid a ser inquilina de Fidere, una filial del fondo buitre Blackstone. No quiso conformarse. Sin embargo, una maquinaria oficial “de agresiones y atrocidades de la que fui víctima”, según lo describe María, se puso en marcha para limar las aristas del negocio urbanístico: los vecinos con los que tenía que lidiar la nueva dueña.
María, su marido y sus tres hijos ya no viven en esa casa. El Ayuntamiento de Ana Botella (PP) trató de que dejara el piso que ella consideraba que había sido transferido de manera irregular. El pasado martes se conoció que la Cámara de Cuentas ha considerado que esa operación –que incluyó 1.860 viviendas de este tipo– vulneró la ley. “Le quisieron ahorrar a Fidere un proceso judicial de desahucio. Allanarle el camino”, relata ahora.
Como María Camino no se plegó fácilmente, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) la castigó y la dejó fuera de la bolsa de solicitantes de vivienda social, según muestra la documentación de su expediente. Solo con el cambio de color político en el Gobierno local (dirigido por Ahora Madrid), la salvó de verse en la calle: la misma EMVS reconoció que se había actuado incorrectamente y la reincorporó a las viviendas protegidas cuando se había rendido ante Fidere y se marchaba de casa: no podía afrontar las nuevas condiciones de alquiler.
Vencimiento de lo contratos: subida de alquiler
Blackstone compró en 2013 18 promociones de viviendas en alquiler cuyos contratos iban a vencer en meses o años. Como muy tarde, en 2020 las tendrán todas libres de cargas. El contrato de María se prolongaba hasta agosto de 2014 por lo que la empresa le escribió junio: “Fidere le ofrece ofrece suscribir un nuevo contrato de arrendamiento de la vivienda en la que actualmente habita en las condiciones que en breve se le comunicarán”.
Esas nuevas condiciones eran básicamente subir el alquiler más de un 35%: de 4.300 euros al año a más de 6.100. Con un periodo de transición de dos años dando saltos de más del 10% cada anualidad. “Yo seguía cumpliendo los criterios de bajos ingresos para vivir en una casa de protección pública [aun hoy los cumple] así que ese nuevo contrato era inasumible para mi familia”. Su marido está en paro y ella es la única que aporta ingresos. Fidere le informó en agosto de 2014 que procedería “a la presentación de la oportuna demanda de juicio verbal de desahucio”.
Esta dinámica es la que se ha repetido con los inquilinos de las viviendas que pasaron de públicas a privadas. De hecho, este 2016 expiran 352 contratos. El año que viene otros 352. Para 2018 otros 690. La Asociación de Afectados de EMVS espera que el informe de la Cámara Cuentas sirva para reavivar la querella que presentaron por esta subasta y que fue sobreseída provisionalmente.
Con esa espada de Damocles encima, María Camino quiso plantar cara y pelear en los tribunales. “Decidí defenderme del desahucio. Pero como no puedo pagarme un abogado solicité la asistencia jurídica gratuita” que es competencia de la Comunidad de Madrid. “Me la denegaron a pesar de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid me avalaban”, se lamenta María Camino. La trabajadora social escribió en noviembre de 2015 que “a la vista de las circunstancias se considera necesaria la valoración y apoyo a través de justicia gratuita para su caso”.
“Es todo una película de agresiones de la administración”, recuerda. De hecho, cuenta que “como sabía que si me presentaba sin abogado ni procurador al juicio de desahucio perdería sin más, me fui de la casa unos días antes de la fecha desahucio”. Fidere ya contaba con una casa más de las adquiridas, libres para alquilar al precio que deseara.
Ayuntamiento a favor del casero
A María le parece que mientras intentaba defenderse de Fidere, el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Ana Botella trabajaba a favor del fondo buitre. “Yo estaba reclamando a la EMVS y, de repente, recibo un burofax en el que me comunica la Empresa Municipal que tengo que acudir en ocho días a firmar un nuevo contrato para otra vivienda y renunciar al que tengo”. Una casa “alejada del barrio en medio del curso escolar de mis hijos”, puntualiza.
Así que la EMVS la cita y recibe para que renuncie a la casa que ya no es propiedad de esa empresa pública sino del fondo buitre. “Allí me encontré con más vecinos a los que se les decía que renunciaran por escrito a los pisos que habían ido a parar a Fidere. Se les intentaba evitar tener que interponer procedimientos judiciales de desahucio”, explica esta afectada.
Con todo, “me presenté con un acompañante de testigo y les dije que había reclamado. Que no decía que no a la nueva vivienda pero que no podía trasladarme con esa inmediatez por mis hijos”. Aconsejada por la Asociación Abogados por Mardrid, que ha acompañado a María en todo este periplo, incluso presentó un documento aquella misma fecha para dejar constancia de ese episodio en la sede de la empresa. “Me dijeron que como había reclamado debía esperar a la contestación que me dieran”.
La contestación por escrito que ha podido ver eldiario.es dice: “Como ya se le advirtió, al no haber comparecido en el día y hora señalados se entiende que renuncia a la vivienda adjudicada”. Lo firmaba el director de los Servicios Jurídicos de la EMVS un 24 de abril de 2015. María quedaba sin asistencia jurídica para pelear un desahucio y fuera de la lista de peticiones de vivienda social por haber renunciado a una adjudicación.
Esta maniobra fue deshecha por la propia EMVS seis meses después. Reconoció su mala actuación ante María a la que se le restituyó como beneficiaria. Hoy vive en Carabanchel. En una casa de protección social. Su situación familiar y económica no ha variado en todo este tiempo.