La Audiencia Nacional condena a siete años de cárcel al exconsejero Prada por la fallida Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre

La Audiencia Nacional ha impuesto condenas de hasta siete años de cárcel a los antiguos altos cargos y responsables del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, entre ellos su exconsejero Alfredo Prada, por el descontrol en el macroproyecto fallido de la Ciudad de la Justicia. Los jueces imponen siete años de presidio a Prada, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y le obliga a pagar a las arcas públicas madrileñas 40 millones de euros junto con varios acusados. Los otros cuatro son condenados a penas de tres años y medio de presidio.

Junto con Prada son condenados Isabelino Baños, Alicio de las Heras, Andrés Gómez Gordo y Félix José García de Castro, todos miembros del equipo que participó en el desarrollo del proyecto. Es absuelto uno de los acusados, Mariano José Sanz, entonces subdirector general técnico del proyecto. Las condenas son ligeramente más bajas por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Prada es condenado por prevaricación y malversación, y el resto como cooperadores necesarios.

La sentencia de la Audiencia Nacional relata el descontrol en la contratación de casi todos los pasos necesarios para poner marcha el proyecto. Existió una “intensa actividad de contratación” en la que los acusados, encabezados por el hombre de confianza de Aguirre, “obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos” y adjudicaron contrato tras contrato que “se alejaron cada vez más del objeto social”.

La sentencia cuantifica el agujero malversador del proyecto estrella del Gobierno de Esperanza Aguirre: 40,4 millones de euros. Una cuantía que, según los jueces, es de “suma gravedad”. Fue ella quien, según el juicio, afirmó que había que contratar al arquitecto Norman Foster y solo eso costó “más de 13 millones de euros”, destacan los jueces. En total, más de 40 millones que forman parte de la malversación. “Tal cantidad es de una extraordinaria relevancia y ha incidido de forma clara en la producción de un daño al servicio público”.

Ninguno de los contratos que suman 40 millones de euros sirvieron “al interés público” y generaron un “evidente perjuicio”. El fracaso del proyecto, analiza la Audiencia Nacional, “se debió en gran medida a los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos o inútiles en los que se empleó gran cantidad de recursos sin previsión de costes”. Estos gastos, zanja la sentencia, “esquilmaron” la Ciudad de la Justicia.

La sentencia todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo, pero en caso de ser considerada firme implicaría la entrada en prisión obligatoria de todos los condenados, al superar sus sanciones por un único delito los dos años de prisión, aunque ninguno tiene antecedentes penales. Los jueces otorgar a Prada, entonces hombre de confianza de Aguirre hasta su caída en desgracia en Madrid por apoyar a Mariano Rajoy en la pugna interna por el poder del PP, un papel protagonista. Y denuncian que la Comunidad de Madrid gastó más dinero en promocionar el proyecto que en asegurar su viabilidad.

“La construcción del Campus pasó a ser algo secundario y Campus empleó recursos económicos muy cuantiosos en actividades de promoción y publicidad al tiempo que dichos recursos se apartaron del fin para el que se constituyó la sociedad, que no era la promoción de proyectos de arquitectura, sino la ejecución de los mismos”, denuncia la Audiencia Nacional. En algunos de esos actos, revela la hemeroteca, participó la propia Aguirre para promocionar uno de los grandes proyectos de su primera etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid antes de empezar a encadenar mayorías absolutas.

Un “parque temático del autobombo”

El juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de mayo con la Fiscalía haciendo definitivas sus peticiones de cárcel, hasta ocho años de prisión para Alfredo Prada, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid durante ese mandato de Esperanza Aguirre y máximo responsable del proyecto. Tanto él como el resto de acusados negaron las irregularidades mientras que el fiscal del caso fue claro al afirmar que el proyecto sepultó cientos de millones de euros de dinero público para poner en marcha un fallido “parque temático del autobombo”.

“Firmé lo que me pidieron”, dijo Prada a lo largo de su declaración. Fue una alegación constante entre antiguos altos cargos y responsables del Campus de la Justicia, negando irregularidades o descargando en sus superiores las decisiones controvertidas. Una de ellas fue Esperanza Aguirre, que también compareció como testigo para defender desde la primera hasta la última piedra del proyecto fallido que ahora intenta resucitar Isabel Díaz Ayuso con una nueva inversión millonaria.

“No, en absoluto”, dijo la expresidenta madrileña cuando le preguntaron por el rosario de irregularidades que, según los investigadores a lo largo del proyecto. Los imputados, dijo, no tenían ninguna obligación de darle información pormenorizada sobre cómo iba la construcción. “Era una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo, no era una ocurrencia de Esperanza Aguirre como se dice por ahí, no se me habría ocurrido nunca”, afirmó.