La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente la demanda presentada contra cuatro residencias situadas en el municipio de Leganés (Madrid) y estudiará lo sucedido durante la primera ola de la pandemia en esos centros, en los que fallecieron nueve familiares de los querellantes y dos más resultaron contagiados.
En un reciente auto, la sección 23 ha solicitado a las respectivas residencias que “aporten los protocolos de actuación remitidos por la Comunidad de Madrid con los que actuaron durante los meses a los que se refiere el escrito de querella y, en particular, los criterios de derivación de los residentes a centros hospitalarios”.
El 18 de agosto el juzgado de instrucción número 5 de Leganés rechazó estudiar la querella presentada al considerar que se basaba en “conjeturas”. Sin embargo, en un escrito fechado el 5 de noviembre, adelantado por la Cadena Ser, la Audiencia Provincial ha optado por revocar esta decisión y reabre la causa contra los centros Aralia Parque de Los Frailes, Amavir-El Encinar, Domus Vi Leganés y Vitalia Leganés. Los magistrados dan la razón a los demandantes y consideran que los familiares de los residentes no tenían posibilidad de “presentar evidencias de los hechos que se relatan en el escrito de querella”, por lo tanto defienden que es el instructor “quien debe practicar las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos relatados”.
Ante esta decisión, han solicitado a las residencias “la historia de los residentes a los que hace referencia el escrito de querella y las decisiones que se adoptaron respecto a cada uno de ellos en particular”. A estos centros también requerirán un listado de “los medios de protección individual y personal de los que disponían en las fechas de producción de los hechos, así como las medidas de seguridad adoptadas”.
Los magistrados no solo se han dirigido a las residencias. Entre las diligencias realizadas, también han pedido información a los hospitales en los que estuvieron ingresados o fallecieron algunos de los usuarios citados en la demanda. Asimismo, entre la batería de medidas solicitadas, contemplan que los dos residentes que están vivos y que se contagiaron en uno de estos centros sean citados a declarar, si “sus condiciones de salud lo permiten, a fin de tomar un mejor y más cercano conocimiento de los hechos”.
La querella fue impulsada por miembros de la plataforma Marea de Residencias. El escrito presentado por este colectivo se dirigía contra los directores de cuatro centros de mayores de Leganés y contra varios miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre ellos, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de sanidad, Enrique Ruíz Escudero, y el consejero de Interior y Justicia, Enrique López. Los magistrados han optado por asumir parcialmente el recurso, tras desestimar la denuncia contra los altos cargos del Ejecutivo autonómico ya que ni el juzgado de instrucción ni la Audiencia Provincial son “competentes” para asumir la causa.
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