La Audiencia Provincial ordena procesar a la alcaldesa de Móstoles y a siete concejales

La alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, y sus siete concejales de la Junta de Gobierno serán procesados después de que la Audiencia Provincial haya anunciado este lunes que “no puede descartarse la presencia indiciaria de hechos que podrían ser calificados interinamente como de delito de prevaricación administrativa”. Por ello, los magistrados han ordenado al juez que instruyó el caso ITV su reapertura para investigar presuntas irregularidades en la condonación de una deuda de 2 millones de euros de la empresa concesionaria en Móstoles por parte del Ayuntamiento en 2020. En un nuevo auto se estima el recurso de apelación interpuesto por los concejales del grupo municipal Ganar Móstoles (Más Madrid), antiguos socios del PSOE en esta localidad. Al recurso se adhirió posteriormente el Ministerio Fiscal contra el archivo de la causa.

En la argumentación, la sala entiende que “atendidas las concretas circunstancias concurrentes en el caso no cabe descartar, al menos indiciariamente y en esta fase instructora, la presencia de indicios bastantes sustentadores de ese delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio de ulterior calificación por las partes acusadoras”.

La decisión puede afectar a la campaña del PSOE para las próximas elecciones de mayo. El partido gobierna en el Ayuntamiento de Móstoles junto a Podemos. La sala apunta en el auto que es “innegable” que la empresa concesionaria era morosa en Móstoles desde 2013, año en el que dejó de pagar canon íntegro y en el que los querellados no formaban parte del gobierno local. Igualmente, consideran “delictiva” la decisión de no optar por la resolución del contrato ante el incumplimiento de las obligaciones.

Detallan los magistrados que lo que se atribuye de forma indiciaria es la adopción de una resolución “arbitraria” en asunto administrativo, pese a que en dicha fecha “sí tendrían conocimiento o deberían tenerlo de que la mercantil incumplía su contrato desde el año 2013 y que la deuda en fecha 2020 ascendía a 1.129.570, 78 euros”.

La anterior resolución

La jueza de instancia dictó el archivo del caso al constatar “que en ningún momento ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno Local de causar un perjuicio para las arcas públicas”. El procedimiento tiene su origen en la querella presentada contra la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles, el tesorero municipal y la mercantil IRV Móstoles SL por la presunta comisión de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. La querella la presentó Ganar Móstoles, al entender que se habían perdonado tributos a una empresa concesionaria de una ITV en la localidad.

En su declaración, la alcaldesa de Móstoles y los ediles investigados defendieron la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo y mostraron su confianza en que se archivara el caso. La magistrada subrayó en el auto que no hay delito de malversación en el acuerdo que alcanzó la corporación municipal en relación con la empresa de ITV señalada en la querella porque éste “respeta la legalidad y la normativa vigente”, además de considerar que con él “se evitó que la mercantil querellada fuera declarada en concurso de acreedores, con el perjuicio que ello hubiera supuesto”. En la misma línea, la jueza concluía que tampoco se está ante un presunto delito de prevaricación, porque, a su juicio, la existencia de informes desfavorables al acuerdo alcanzado “no es motivo suficiente para considerarse que se está en presencia de hechos penalmente relevantes”.