“Indicios de subcontratación inadecuada en ámbitos como la atención a víctimas de violencia de género y otros servicios de asistencia”, “endeudamiento, externalización e inversiones no justificadas”. Son los principales titulares que arroja la auditoría municipal ciudadana cuyo informe preliminar ha presentado este jueves el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.
El dictamen pretende ser un diagnóstico sobre la gestión del Ayuntamiento de Madrid entre 2003, cuando tomó el bastón de mando Alberto Ruiz Gallardón hasta 2015 en que lo perdió su sucesora, Ana Botella, y en él han participado técnicos y personal externo a la institución. El informe se detiene a analizar los servicios sociales y censura por ejemplo que la red de alojamientos para acoger a mujeres maltratadas lleva más de una década encomendada a varias órdenes religiosas. En la actualidad tres de las cuatro entidades que prestan este servicio son organizaciones católicas en virtud de los contratos adjudicados en 2013 (durante el mandato de Ana Botella) que fueron prorrogados: Apostólicas del Corazón de Jesús, Asociación Mensajeros de la Paz, y Compañía Hijas de la Caridad de san Vicente de Paul. La cuarta es la Fundación Labor.
El informe recuerda que la situación viene de lejos y que ya “desde 2006 los centros de estancias breves y medias (antecedentes de la red actual) se gestionaron, entre otras entidades, por: Labor, Mensajeros de la Paz, Cáritas, Hijas de la Caridad y Damas Apostólicas”.
La auditoría recuerda además que los centros de atención a la familia y los puntos de encuentro familiar, que dependen de la Dirección General de Familia del Ayuntamiento madrileño, también se han externalizado y los gestionan empresas como APROME y Asociación Bienestar y Desarrollo sin que en los pliegos del concurso para adjudicar este servicio garantizasen “que el personal encargado tenga una especialización adecuada para el tratamiento de casos en los que exista violencia de género”.
Durante la presentación de las conclusiones, la portavoz del Consejo Asesor responsable de la auditoría, la profesora Bibiana Medialdea, ha puntualizado que todavía no se trata de un informe definitivo sino que señala indicios.
Dichas pistas apuntan además a la “aparente falta de control y transparencia de empresas públicas municipales, a su uso como vehículo de financiación de la política de gasto del Ayuntamiento” durante las distintas administraciones del PP que eludieron así las limitaciones al endeudamiento. La auditoría también alude a lo que “parece un sobredimensionamiento de plantillas, especialmente en lo que a cargos directivos se refiere”.