Avalmadrid actúo de manera “deficiente” para recuperar los 400.000 euros que prestó en 2011 a la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso. A día de hoy, ocho años después, ese dinero no se ha logrado recobrar. Así queda recogido en un reciente informe de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos de la propia compañía, incluido en la denuncia que Más Madrid ha presentado este miércoles en la Fiscalía. El documento está fechado el 30 de julio de 2019 y se encargó después de que estallase la polémica en torno al crédito fallido y los movimientos de Ayuso para poner a su nombre propiedades de su familia que podrían ser reclamadas como garantías por el impago.
La auditoría es rotunda: “Se concluye que las actuaciones en materia de recuperación desarrolladas tanto por Avalmadrid como por Cobralia S.I.R, S.L en relación al expediente de Mc Infortécnica han adolecido de deficiencias”. El mismo documento desvela que “no consta documentación” que acredite el “seguimiento del expediente” en el sistema propio de Avalmadrid, llamado (G3), aunque “se conservan” algunos correos electrónicos “cruzados” y actas de reuniones.
El listado de conclusiones del informe interno, al que ha accedido eldiario.es, es demoledor y pone en evidencia que los retrasos a la hora de proceder contra los avalistas y sus bienes permitieron que estos se desprendieran de una parte de su patrimonio para ponerlo a salvo del embargo ante los impagos de Mc Infortécnica S.L, la empresa participada por la familia de la actual presidenta.
Avalmadrid dio los primeros pasos para actuar por el impago siete meses después de lo establecido por su normativa interna. La empresa semipública dejó la “judicialización” del caso en manos de un tercero, Cobralia S.A, dedicada a la reclamación de deudas que –según el informe interno– solo presentó una demanda para ejecutar la nave ilegal que se puso como garantía pero evitó actuar contra el resto del patrimonio de los avalistas.
Cobralia S.A., la compañía de recobro que gestionaba hasta hace unos meses las deudas de Avalmadrid, recibió el expediente de Mc Infortécnica el 26 de noviembre de 2012 cuando el préstamo se había cancelado el 30 de abril. Los protocolos de actuación no se respetaron en este caso: Avalmadrid debía haber remitido la documentación a Cobralia 15 días después pero en siete meses no hizo nada, como adelantó infoLibre.
En el documento, Avalmadrid asegura que “hasta enero de 2015 no se tiene conocimiento de que únicamente se había interpuesto procedimiento de ejecución hipotecaria”. Habían pasado casi tres años desde que la empresa de avales tuvo que pagar de sus arcas 106.000 euros al banco que dio el crédito, Caja España.
Avalmadrid, además, cometió más errores. No entregó al despacho que se encargaría de recuperar el dinero toda la documentación que necesitaba para interponer los dos procedimientos: uno para ejecutar la nave y otro para cobrar el resto del préstamo a través del patrimonio de los ocho avalistas solidarios. Una circunstancia que, según el informe, tampoco fue advertida por la compañía de recobro.
La desaparición de los bienes de los avalistas
La desaparición de propiedades de los avalistas para evitar los embargos también se pone de manifiesto en el informe, que advierte que Avalmadrid no lo tuvo en cuenta pese a que el número de bienes que acumulaban ya se había reducido cuando se redactó la primera propuesta del Comité de Morosidad en abril de 2012. El informe desvela que la empresa semipública participada por la Comunidad de Madrid no hizo un “análisis” de esta situación hasta “junio de 2019”. Siete años y medio después de que comenzaran los impagos.
Entonces, los padres de Isabel Díaz Ayuso ya habían donado un piso en Chamberí a la actual presidenta. La operación se cerró en octubre de 2011, un momento en el que Díaz Ayuso ya conocía que la empresa de su padre pasaba por apuros económicos y además ya había mediado con Avalmadrid, como ella misma reconoció, en la víspera de recoger su escaño de diputada en la Asamblea de Madrid.
El informe subraya que el Comité de Morosidad de Avalmadrid eludió que “la situación de titularidad del inmueble es distinta a la de la fecha en la que se concedió la hipoteca”. El hermano de Díaz Ayuso también recibió la donación de una nave en Sotillo de La Adrada (Ávila) y tampoco se incluyó “ninguna mención relativa a esta finca”.
“Algunos de los bienes tomados en consideración para la concesión de la operación a favor de MC Infortécnica ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas”, señala el documento, que alerta sobre la ausencia de un “análisis profundo de la situación hasta junio de 2019”.
Otros avalistas también se desprendieron de los bienes que, de no haberse producido una demora en la recuperación del crédito, les habrían sido embargados: Juan Carlos Herrero Casasola y Victoria Fernández Moyano vendieron una finca en A Coruña en agosto de 2016 y Juan Manuel Pitarch y María Carmen Angulo López-Cancio traspasaron a dos de sus hijos y otro familiar otra casa en Asturias. A todos ellos los retrasos les salvaron de la pérdida de patrimonio.
Más Madrid denuncia en su escrito ante la Fiscalía, en el que advierte de indicios sobre cuatro tipos delictivos, “un posible delito de alzamiento de bienes puesto que existen indicios de que existe una clara voluntad de perjuicio al deudor”. También alude a un presunto “plan orquestado” para que los avalistas fueran transmitiendo sus bienes a terceros “con el más que probable objetivo de generar una situación de insolvencia que evitase cumplir con sus obligaciones con Avalmadrid y las entidades financieras que aportaron el préstamo”. Los otros tres delitos serían cohecho, tráfico de influencias y administración desleal, según desgranó el líder de Más Madrid, Ínigo Errejón.
Deficiencias en el recobro de las deudas
Según el informe interno, la “ejecución dineraria” de los avalistas nunca estuvo sobre la mesa. “Si bien en la nota de entrega de documentación al despacho se hizo constar que era para la interposición de ejecución hipotecaria y ejecución dineraria de los avalistas, Cobralia únicamente presentó demanda de ejecución hipotecaria. No existe documentación justificativa para la adopción de esta decisión procesal”, recoge el documento. Avalmadrid conocía que el inmueble puesto como garantía estaba valorado en 213.000 euros, un precio insuficiente para cubrir los 400.000 euros de préstamo a Mc Infortécnica.
El informe hace recaer buena parte de la responsabilidad en Cobralia S.A, aunque también incluye deficiencias solo imputables a Avalmadrid. Por ejemplo, la empresa semipública no dio ninguna respuesta a la compañía de recobro cuando le planteó dos vías de actuación en enero de 2015 contra los morosos. Avalmadrid tampoco facilitó al despacho la documentación necesaria para iniciar los procesos para el cobro del crédito a través de los avales.
Las deficiencias en el recobro de las deudas que relata el informe para el caso de Mc Infortécnica tuvieron consecuencias para la entidad y también para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid. En 2014 ambas partes modificaron al alza un acuerdo firmado para el periodo 2011-2020 para aumentar en dos millones los fondos públicos previstos para afrontar créditos fallidos, según publicó El País.
Otro factor más ha causado lentitud en la recuperación del préstamo. Los herederos de Leocadio Díaz, Isabel Díaz Ayuso y su hermano, estaban en “ignorado paradero” y dificultó que se le notificaran los trámites para finalizar la adjudicación de la nave que la familia eligió como garantía. “Está pendiente la inscripción del testimonio de adjudicación, ya que habían de transcurrir 16 meses desde el edicto de notificación del Decreto de adjudicación, fijado el 13 de abril de 2018, al estar los herederos en ignorado paradero”, dice el documento interno.
El documento también subraya que “ninguno de los gestores jurídicos que intervinieron en la fase inicial” de este crédito “trabajan actualmente en Avalmadrid ni en Cobralia S.I.R, S.L”. Aunque sí hay altos cargos que se mantienen en los mismos puestos, como el director de Finanzas, Fernando de la Fuente, que conserva el puesto desde el año 2009 o el director de Riesgos, Juan Chorro García, según infoLibre.
Este medio se ha puesto en contacto con Avalmadrid y el equipo de Isabel Díaz Ayuso sin obtener respuesta. Aunque el Gobierno ha dado una contundente respuesta, a través del consejero de Justicia e Interior, a la denuncia de Más Madrid. Para el Ejecutivo, los hechos delictivos y las responsabilidades denunciados son “absolutamente caprichosos”. “Me produce preocupación que se banalice y se trivialice el uso de la acción penal (...) en temas que tienen otros ámbitos para ser estudiados y resueltos”, declaró Enrique López.