Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. Los tres partidos se han unido este viernes contra el PP por su negativa a asistir a la comisión que investigará las posibles irregularidades en su gestión al frente del Ayuntamiento. Los grupos han hecho un llamamiento a la presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, para que haga rectificar a sus compañeros de partido. Los populares han respondido criticando el “frente de izquierdas” que se ha formado con la colaboración de Ciudadanos.
Rita Maestre (Ahora Madrid), Purificación Causapié (PSOE) y Begoña Villacís (Ciudadanos) han decidido comparecer a la vez para dar una respuesta conjunta a la negativa del PP y recordarle que los acuerdos del pleno hay que cumplirlos. “Sería un precedente peligroso”, ha advertido Causapié.
Maestre se ha dirigido a Cifuentes para pedirle que convenza a sus compañeros en el Ayuntamiento y que su esfuerzo por la “renovación” llegue también a la capital. Villacís ha argumentado que hay “suficientes indicios” como para poner en marcha una comisión sobre la gestión popular en el Consistorio.
El PP ha respondido a través de su cuenta en Twitter tachando la comparecencia conjunta de “un frente de izquierdas”, y han puesto especial hincapié en señalar a la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, como la colaboradora necesaria del “gobierno populista” de Madrid.
Los populares expresaron su rechazo a la comisión desde un principio, y este viernes han anunciado que no participarán en ella por tratarse de una “cacería” y una “causa general” contra el partido. El portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, ha llegado a decir que esa comisión es “antidemocrática” por querer controlar a la oposición desde el gobierno.
La alcaldesa de Madrid era la primera es mostrar su sorpresa por la reacción del PP. En una entrevista en Telemadrid, Manuela Carmena ha afirmado que se deben cumplir los acuerdos del pleno, en referencia al adoptado el pasado 30 de marzo, que acordaba la creación de la citada comisión. La iniciativa conjunta de Ahora Madrid y el PSOE contó con el apoyo de Ciudadanos.
Esa comisión, de carácter no permanente, echará a andar el próximo miércoles y su objetivo es investigar el incremento de la deuda municipal durante los últimos tres mandatos del PP. La deuda pasó de 990 millones de euros a finales de 2000 a 7.733 millones en 2012. Estudiará las decisiones políticas y los procedimiento que llevaron a ese incremento.
El PP sí comparece en la Asamblea
Fuentes del Ayuntamiento dejaron claro desde un principio que el objetivo de constituir la comisión era poder llamar a declarar a políticos y funcionarios de etapas anteriores, en un modelo similar al de la Asamblea de Madrid con las comisiones sobre corrupción o espionaje.
En concreto, el Consistorio mostró especial interés en que se llamase a comparecer a los dos predecesores de Carmena en la alcaldía, Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón. Fue durante el mandado de este último cuando se produjo el mayor aumento de la deuda.
Se da la paradoja de que el PP no ha mostrado reparos en ir a comparecer a la Asamblea. La portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, acudió hace unas semanas a la comisión, donde fue preguntada por su etapa al frente del gobierno regional y su implicación en los casos de corrupción. Su sucesor, Ignacio González, esquivo la comparecencia planificando un viaje para el mismo día que debía acudir a la Asamblea.
La comisión que se ha constituido en el Ayuntamiento de Madrid quiere poner especial interés en la decisiones políticas vinculadas al sector público, como la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), con una situación financiera delicada que llevó a vender pisos sociales a fondos buitre, o Mercamadrid, cuyos indicios de irregularidades han sido llevados a la fiscalía por parte del Consistorio.
La deuda ata las manos de la corporación municipal en materia económica. El Ayuntamiento debe atender a los vencimientos periódicos y las leyes estatales son muy estrictas con las administraciones locales que tienen altos volúmenes de endeudamiento, limitando su capacidad para afrontar nuevas inversiones.
El volumen de la deuda está ahora mismo por debajo de los 5.000 millones de euros, después de que se hayan amortizado 871 durante los últimos meses. La reducción ha sido constante desde 2012, cuando alcanzó sus cotas más altas. Sánchez Mato espera que en 2019, para las próximas elecciones, la deuda esté en torno a los 2.000 millones de euros.