La relación entre el Ayuntamiento de Madrid y las despensas solidarias de los barrios que reparten cestas de alimentos a sus vecinos se ha tensionado un poco más. Varias asociaciones vecinales han puesto de manifiesto en la última semana que los servicios sociales municipales les continúan derivando a familias que necesitan atención urgente a través de documentos oficiales firmados por trabajadores sociales. El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha enmarcado la denuncia en “la campaña electoral”, acusando a una de las asociaciones, la AVA de Aluche, de “intentar usar la pobreza para hacer política”, al ser preguntado por esta situación en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
Aniorte ha señalado directamente a uno de los vocales de la entidad, Rogelio Poveda, por figurar en la lista de la precandidatura de Sol Sánchez (IU) -que perdió las primarias dentro del partido para las elecciones del 4M- y ha calificado a la asociación como una organización, además de vecinal, “política”. La asociación de vecinos, histórica en el distrito de Latina, publicó un tuit que se hizo viral con una carta enviada por los servicios sociales a una familia con un menor en la que informaban que dada su situación de extrema necesidad había sido derivada a su organización para la donación de alimentos y productos de primera necesidad. El delegado de Bienestar Social defiende que fue la entidad la que fue a pedir el documento “para hacer ese tuit”.
El Ayuntamiento de Madrid ha insistido desde que empezó la pandemia en que los servicios sociales han “liderado” la respuesta a la crisis social con la “colaboración” de la sociedad civil. “Estamos pudiendo dar respuesta con recursos propios de la administración local”, ha repetido este jueves Aniorte al dar a conocer un informe sobre la evolución de la tarjeta familias, la medida estrella del Ayuntamiento de Madrid contra la crisis. Se trata de una herramienta pionera que permite a las familias con ayudas alimentarias comprar autónomamente en los supermercados pero que ha despegado con lentitud.
Hasta el 5 de abril, los distritos habían entregado 3.117 tarjetas de las 27.000 máximas previstas por la corporación a finales de verano. Esto es, un 11%. El delegado ha precisado que hay tramitadas 7.866. “Se ha acelerado la gestión. En 2020 dábamos 247 al mes y ahora hasta 709”, ha defendido. El 70% de las tarjetas se han entregado a familias y un 30% a unidades monoparentales con una edad media de 42 años. Solo el 8% de las personas que están usando esta herramienta tienen trabajo, según el informe realizado por el área.
Un compromiso para no privatizar la EMT
La corporación también ha salido al paso de las sospechas de la oposición sobre la privatización de una parte de la Empresa Municipal de Transportes. Más Madrid y PSOE solicitaron este miércoles al delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, la convocatoria de un consejo extraordinario de la EMT para conocer el nuevo plan estratégico de la compañía. Un proyecto encargado a Deloitte por más de 300.000 euros y que ha sido presentado esta semana a los directivos de la EMT. Ni el comité de empresa ni la oposición todavía no han sido informados de su contenido.
Carabante ha desmentido que se produzca una entrada de capital privado en esta empresa 100% municipal. También la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que acusa a la izquierda de basarse en “rumores” para lanzar esta alarma. La número dos del Gobierno de Madrid ha asegurado que la compañía no se va a privatizar ni ahora ni a lo largo de lo que queda de mandato.
El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado la retirada de las mascarillas con grafeno que han sido repartidas entre el personal municipal de manera preventiva y hasta que se pronuncien las autoridades sobre su posible toxicidad. La adopción de esta medida llega después de examinar la alerta pronunciada por el Gobierno de Canadá en la que informa de una investigación preliminar que identificó que las partículas de grafeno inhaladas podían causar toxicidad pulmonar temprana en animales, aunque el riesgo para la salud en personas no se conoce.
En base a esta alerta, y ante “la incertidumbre respecto al desprendimiento de las nanopartículas de grafeno en las mascarillas fabricadas con este material”, el Ayuntamiento ha recomendado su retirada y no uso “de acuerdo con un principio de precaución general”, según el informe firmado por el jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Madrid Salud, organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid.
Los gobiernos de Castilla y León y País Vasco, así como dos hospitales Infanta Sofía y Príncipe de Asturias de la región también han acordado su retirada como medida de precaución por los riesgos para la salud que puede conllevar su uso. Desde CSIF han señalado que se ha trasladado esta recomendación a todos sus delegados en los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos “para que velen por el cumplimiento de esta recomendación y que se retiren provisionalmente estas mascarillas o, al menos, que se dejen de usar”.
Europa Press