El Ayuntamiento de Madrid ha decidido pasar de las advertencias a las multas y dar la batalla administrativa contra una de las principales concesionarias de la capital: la empresa EMESA, propietaria del 20% del proyecto Calle 30 y que agrupa a las constructoras Ferrovial y Dragados (del grupo ACS) beneficiarias de un contrato millonario que le ha reportado desde 2004 más de 500 millones de euros, a cambio de mantener la infraestructura.
Tras meses de avisos a la adjudicataria, el Gobierno municipal que preside Manuela Carmena ha decidido recurrir al régimen sancionador, según ha podido saber eldiario.es, porque sospecha que la empresa ha cobrado cantidades millonarias por varios trabajos que no ha realizado. La decisión se comunicará esta tarde EMESA en una reunión extraordinaria del consejo de administración de Madrid Calle 30 convocada para aprobar la realización de dos obras durante el próximo verano. Las fuentes municipales consultadas admiten que la cita servirá para comunicar a la concesionaria la incoación de dos expedientes sancionadores.
Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es hay dos contratos bajo sospecha. El más relevante alude al alumbrado público y a un sistema de control que Madrid Calle 30 decidió poner en marcha en 2007 para vigilar el estado de las luminarias, dados los robos de cables que se venían produciendo en aquellos años. Emesa, que ya cobraba por el mantenimiento de la red de alumbrado público de la M30, se comprometió entonces a realizar una inversión que, “aparentemente no se ha llevado a cabo”, según los informes municipales. Por este concepto, la unión temporal de empresas que agrupa a Ferrovial y Dragados ha cobrado 2.484.485 euros hasta 2015. El plazo dado a la concesionaria para justificar sus inversiones expiraba hoy y el Gobierno municipal no ha recibido una respuesta satisfactoria. El Gobierno de Ahora Madrid planea exigir a la adjudicataria “que se devuelvan las cantidades abonadas en los últimos años” y además prevé establecer multas por incumplimientos.
El segundo expediente bajo la lupa del Gobierno municipal es un contrato de formación para formar al personal del servicio de incidencias de la M30. La oferta pública que llevó a Emesa a hacerse con la Gestión del Servicio Público de Reforma, Conservación y Explotación de la Vía Urbana M-30 en 2005 bajo el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón se comprometía en distintos puntos a impartir unos cursos de formación muy concretos (los llamados COEX) a la plantilla para que esta pudiera realizar correctamente las labores asignadas en el contrato público. Según los técnicos municipales, no hay evidencias de que dichos cursos se hayan llevado a cabo.
Según los técnicos del Ayuntamiento, los cursos COEX deberían ser impartidos por distintas entidades que acreditan conocimientos en conservación y explotación de carreteras ya que la oferta de 2005 contemplaba en varios apartados que parte del personal, incluido el intervención, recibiría dicha formación. Como esa prestación está incluida en el contrato, el Gobierno de Ahora Madrid sostiene que la adjudicataria debería haber aportado documentación para justificarla desde el primer año del contrato, 2005. “A fecha de hoy”, sostienen fuentes del Gobierno de Carmena, “no existe constancia de que hayan realizado los cursos de formación COEX”, pese a que “el socio privado ha enviado documentación en la que se justifica que los trabajadores han recibido cursos de otro tipo”. Emesa argumenta que la formación COEX como tal no está acreditada por ninguna institución púbica. Sin embargo, la oferta que esa sociedad presentó para hacerse con la concesión aludía a tres tipos de formación COEX: Operario, Técnico y Jefe, que es la que se comprometieron a poner a disposición de sus trabajadores. Así que la intención del Gobierno de Carmena es iniciar otro procedimiento sancionador en este apartado.
El propio contrato suscrito entre Madrid Calle 30, la sociedad municipal, y sus concesionaria EMESA ya prevé multas por incumplimientos. Las graves oscilan entre 50.000 y 750.000 euros. Las sanciones leves van de 3.000 a 50.000. Madrid Calle 30 tiene capacidad para imponer además multas coercitivas de 3.000 euros diarios si persisten los incumplimientos contractuales. La guerra contra una de las principales contratas del Ayuntamiento ha comenzado. En su último informe, la Cámara de Cuentas de Madrid ya recomendaba revertir la gestión de la M30 para hacerla pública y recordaba que el contrato sellado por el Gobierno de Gallardón “no se basó en informes de viabilidad” sino que sirvió para garantizar a las constructoras “unos beneficios del 7%”.