El coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Luis Cueto, ha cuestionado la capacidad de las agencias de calificación norteamericanas y ha dejado claro que el Ayuntamiento pagará “todas las deudas”, aunque espera un cambio de la ley nacional para poder invertir el superávit en gastos sociales.
“La verdad es que las agencias de calificación, que días antes del catacrack de Lehman Brothers dijeron que tenía una solvencia maravillosa, da mucho que pensar, y no solo a nosotros, a medio mundo”, continuó. Ha recordado que la UE lleva tiempo intentando tener una agencia de calificación europea, frente a las tres norteamericanas, y ha recalcado que en estas cuestiones “además de la solvencia técnica también existen otros elementos”.
A su juicio, “está muy cuestionada la capacidad de estas empresas”, pero aún así el Ayuntamiento de Madrid “por supuesto será visto por todos desde fuera como convenga”. Cueto ha concluido remitiendo la cuestión a la Concejalía de Hacienda, que lo lleva directamente.
El coordinador ha hecho estas declaraciones tras difundir hoy la Cadena Ser las tensas conversaciones por las que el Ayuntamiento ha decidido no renovar los contratos con las agencias de calificación Fitch y Standard & Poor's porque se ha comprometido a no hacer ampliaciones de deuda.
Según Cueto, la afirmación del concejal de Hacienda de que “quizás” no sería legal mantener los contratos de calificación se debe a que el ayuntamiento “tiene la prohibición de solicitar nuevos préstamos, nuevas deudas”, casos en los que “es muy relevante cuánto de la comunidad financiera se fía o no de la solvencia del ayuntamiento”. Como, por el contrario, el consistorio “no tiene la más mínima intención de solicitar nuevos préstamos”, tiene que evaluar si los contratos de auditoría “son un gasto útil para los ciudadanos”, ha añadido.
“No por cancelar o mantener un gasto público del ayuntamiento se va a tener menos vigilancia y menos control. Nos fiamos de todo, del control interno por supuesto, y del externo, no es que te fíes o no”, ha señalado.
En relación a la preamortización de deuda por valor de 365 millones aprobada el pasado día 1 de octubre, Cueto ha explicado que “la ley obliga a que solo se puede destinar superávit a amortización de deuda o a inversiones financieramente sostenibles”, es decir, que generen un ahorro o se gane dinero con la inversión que se va a hacer.
Hacienda “no deja hacer gasto social” con el superávit, por lo que todos los ayuntamientos de España confían en que esta ley “nefasta” cambie, lo que están pidiendo a través de la Federación española de Municipios (FEMP), ha añadido.
Cueto ha aclarado que “una cosa es tener control del gasto público y otra cosa es anular los convenios de devolución de deuda que ya están pactados”.
El Ayuntamiento tiene pactado devolver la “monstruosa” deuda al cabo de veinte años, que costará “a nuestros nietos acabar de devolver”, pero que está “pactada y periodificada”.
Respetando estos calendarios, “si cambia la ley, sin padecer la seriedad en la devolución de los préstamos concedidos, deberíamos poder hacer una política de gasto social o de inversiones de otro tipo que el Ayuntamiento quiere hacer y que la actual ley no deja”, ha agregado.
“Nuestra expectativa es que un nuevo Gobierno cambie esta ley”, según Cueto, y en el equipo municipal estarán “muy pendientes de que los escenarios legales nuevos permitan hacer cosas que la actual ley no permite”.
El Ayuntamiento tiene la “absoluta convicción de que todas las deudas que haya que asumir se van a pagar en sus plazos”: “Son compromisos legales y contractuales, no hay ningún problema”.