El Ayuntamiento ha dictado una orden de clausura y precinto del chalé de Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio. ¿La razón? Que la casa carece de licencia de primera ocupación y funcionamiento: la construcción incumplió los compromisos de la licencia de obra que solicitaron. Según confirman fuentes de Urbanismo, los dirigentes de Vox levantaron un chalé mucho más grande de lo permitido en la licencia y añadieron otros elementos nuevos que no estaban en el proyecto inicial, que realizó la propia Monasterio.
El Consistorio mantiene la clausura y precinto del chalé de Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio para el próximo 8 de octubre mientras los dirigentes de Vox no cumplan con la normativa urbanística. Así lo ha comunicado este jueves la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, que ha defendido que se tratan de decisiones “que no tienen capacidad de discrecionalidad” y que incumplir la normativa afecta a todos por igual.
La portavoz del Gobierno municipal ha señalado que “no son decisiones de tipo político”, sino administrativas. Sanz ha dicho desconocer si Espinosa de los Monteros y Monasterio cuentan con tiempo necesario para “arreglarlo” antes del 8 de octubre. Pero los trámites que tiene que realizar el matrimonio no se solucionan en un mes, aseguran desde el área de Urbanismo.
La orden de clausura y precinto afecta a las cuatro plantas y no solo al sótano porque todo el inmueble carece de licencia de primera ocupación y de funcionamiento, como adelantó eldiario.es.
La vivienda se encuentra en el distrito de Chamartín, en una de las zonas más caras de Madrid. Está ubicada en un solar de 342 metros cuadrados, en el que se edificó un inmueble de 545 metros cuadrados con garaje, ascensor, gimnasio y solarium. En el sótano, Monasterio tiene su despacho de arquitectura.
“El Ayuntamiento y los técnicos municipales tienen que exigir el cumplimiento de la normativa municipal. Nuestro único compromiso con ellos o con cualquier persona es cumplir escrupulosamente la ley y que se cumpla con todas las garantías en esas licencias de primera ocupación y de funcionamiento”, ha añadido la portavoz municipal.
El diputado nacional de Vox y su mujer, la también dirigente de Vox y diputada en Madrid, cargaban este miércoles contra la “burocracia administrativa” y señalaban al Gobierno anterior de Manuela Carmena como el culpable de que no cuenten con la perceptiva licencia, a pesar de que la orden de desalojo parte de una sentencia judicial.
“Lo que se produce es que el proceso administrativo ha concluido y si no lo regularizan se procedería a ese precinto”, ha indicado la portavoz municipal. “Estamos en un acto reglado, son decisiones puramente administrativas. Si no se produce la regularización se tendrá que llevar hasta el final de la vía administrativa”, ha añadido.
La portavoz municipal desvincula este proceso con el acuerdo del Gobierno con Vox en la capital: “Son cosas absolutamente distintas”. Inmaculada Sanz ha dicho desconocer si el matrimonio dispone de tiempo para regular su situación antes del 8 de octubre cuando está previsto que los técnicos municipales procedan a la clausura y precinto de la vivienda, es algo, ha defendido, que ellos tendrán que ver con sus abogados.
Pero desde el Ayuntamiento de Madrid no confían en que la clausura y precinto se vaya a producir: “Si se llega a precintar, no podrán entrar en la vivienda hasta que vuelvan a la legalidad, pero es probable que cuando vayan los inspectores no abran la puerta y entonces haya que pedir una orden judicial y esperar a que la den”, señalaban fuentes de Urbanismo a eldiario.es este miércoles.