El Ayuntamiento de Madrid intenta evitar su condena por la paliza que un policía municipal propinó a un menor
El Ayuntamiento de Madrid ha recurrido la sentencia que condenó a un policía municipal de la capital por romper la mandíbula de una paliza a un joven negro, menor de edad, en las fiestas del Barrio del Pilar de 2019. Según informan fuentes del caso a elDiario.es, el consistorio ha recurrido esta sentencia que no solo impuso año y medio de cárcel al agente, sino que también condenó a la administración local madrileña a hacerse cargo de la indemnización como responsable civil subsidiaria. La Fiscalía, por su parte, ha pedido que la condena del agente de la Policía Municipal sea confirmada, lo que no implicaría su entrada obligatoria en prisión pero sí la inhabilitación para seguir vistiendo el uniforme.
Los hechos, tal y como reveló este periódico, tuvieron lugar en ese barrio del noroeste de Madrid durante las fiestas de ese año, en octubre de 2019. La víctima y varios de sus amigos intentaban saltar una valla y volver a entrar al recinto de las fiestas cuando ya no era posible, y el joven –el único negro del grupo– fue interceptado por varios agentes de la Policía Municipal.
Fue entonces cuando, según la sentencia, los agentes le exigieron abandonar la zona y él contestó: “Con una placa todos somos graciosos”. Le pidieron el DNI, uno de los policías se fue al coche para denunciarle por falta de respeto y los otros dos le pegaron una paliza. Golpes que, entre otras lesiones, terminaron con el menor de edad en el quirófano al día siguiente con una fractura de mandíbula que le tuvo tres días en el hospital. Los dos policías le agarraron “cada uno por un brazo” y le llevaron “hacia unos arbustos que dificultaban la visión” para pegarle sin que nadie pudiera verles, según la sentencia.
La Audiencia de Madrid declaró probado que dos agentes de Policía Municipal le pegaron la paliza, pero que solo uno pudo ser identificado, y le impuso un año y medio de cárcel por un delito de lesiones, además de inhabilitación para ocupar un cargo público como el de policía y la obligación de indemnizar al joven con más de 7.000 euros. Esa sentencia también declaró que el Ayuntamiento de Madrid debía hacerse responsable de ese dinero como responsable civil subsidiario ya que el agente, en esos momentos, estaba de uniforme y formaba parte de una patrulla de la administración municipal.
El caso está ahora pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid después de que varias partes hayan recurrido la sentencia. Lo ha hecho la acusación particular, que en un primer momento acusó también al policía que se fue al coche a firmar la denuncia y afirmó no haber visto nada, lo ha hecho también el policía condenado y lo ha hecho finalmente el Ayuntamiento de Madrid, considerado responsable económico de la paliza de su trabajador.
Este periódico ha podido confirmar que la Fiscalía de Madrid ha pedido que la condena del agente sea confirmada y que todos los recursos sean rechazados. El Ayuntamiento de Madrid, por el momento, no ha contestado a las preguntas de este periódico sobre su actuación procesal en esta causa judicial contra uno de sus agentes y contra la propia administración municipal como responsable económica subsidiaria.
Acusaciones de racismo
La víctima era menor de edad y, tal y como relató durante el juicio, también el único joven negro del grupo que en ese momento intentaba acceder al recinto. Una apreciación que durante el proceso se tradujo en una acusación por parte de la víctima y de la Fiscalía de un delito de lesiones con una agravante de discriminación por motivos racistas, recogida en el artículo 22.4 del Código Penal. La Audiencia lo rechazó y la Fiscalía ha decidido no recurrir ese aspecto, al entender que la valoración que ha hecho la sala es correcta.
El tribunal madrileño explicó en su sentencia que el joven expresó su sospecha de haber sido agredido por ser el único negro del grupo, pero que también reconoció que en ningún momento se habían referido a él por ese motivo o que le hubieran proferido algún tipo de comentario o insulto racista. “Por tanto, no es posible apreciar esta agravación, única que se interesa por las acusaciones”, concluyó la Audiencia Provincial de Madrid.
En un primer momento la Fiscalía pidió dos años de cárcel para el agente finalmente condenado, y retiró la acusación contra el otro, al entender que no había pruebas de que hubiera visto nada de lo que hacían sus dos compañeros mientras él denunciaba a la víctima por faltarles al respeto. El boletín de denuncia, reconocieron los agentes durante el juicio, proponía una sanción por una “falta de respeto y consideración” recogida en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015.
Lo que no recoge la sentencia de la Audiencia de Madrid es cómo los investigadores no fueron capaces de identificar al tercer policía que intervino en los hechos y que, según declara probado la Justicia, también participó en la paliza al menor de edad después de arrastrarle hasta unos arbustos cercanos. No revela si sus compañeros juzgados e identificados como patrulla se negaron a decir quién era, si no fueron capaces de hacerlo y si el Ayuntamiento de la capital tampoco fue capaz de explicar qué tercer policía municipal estaba en ese momento en la zona donde ocurrieron los hechos.
La sentencia no deja lugar a dudas sobre la participación de un tercer policía cuya actuación ha quedado, por ahora, impune: “Ninguna duda cabe de que la víctima sufrió fractura del ángulo mandibular izquierdo como consecuencia de la agresión de que fue objeto por parte de un agente, y de otro funcionario de Policía que no ha podido ser identificado”, lamentaban los jueces.
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