El Ayuntamiento de Madrid lleva años pagando millones de euros por las facturas de agua y luz de la M-30 que tendrían que haber sido abonadas por las empresas adjudicatarias: Dragados, API (ambas filiales de ACS) y Ferrovial. Desde el inicio de las obras para la puesta en marcha de esta vía en 2005, el Consistorio madrileño ha asumido el abono de casi 58 millones de euros de unos costes que contractualmente no le correspondían.
Las obras de la M-30, que gestiona una sociedad mixta, denominada Madrid Calle 30, formada por el propio Ayuntamiento y Emesa, la unión de empresas que construyó y mantiene la circunvalación, se encarecieron en 1.632 millones mediante una modificación del contrato aprobada el 26 de marzo de 2007 en una reunión de solo 25 minutos, con un único punto del orden del día y sin debate en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en el Consistorio de Madrid.
Los dos primeros años el gasto de electricidad supera los 600.000 euros y los de agua no llega a 2.000 euros, pero desde 2007 el Ayuntamiento madrileño ha desembolsado una media de 5 millones de euros anuales de factura eléctrica y 350.000 de costes de agua. Unos emolumentos que tendrían que haber sido asumidos por las empresas.
El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, comparece este lunes ante la comisión de Economía para explicar el informe de la Cámara de Cuentas que certifica que el sistema de gestión del PP en la M30 perjudica a las finanzas de Madrid, como publicó en exclusiva eldiario.es.
En ese mismo informe, la Cámara de Cuentas recoge “una discrepancia importante” por la asunción del Ayuntamiento de los gastos de luz. Además, un informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid de hace unos meses menciona como irregularidad que el Consistorio este soportando el gasto de la luz.
El texto del pliego de cláusulas administrativas del concurso público que ganaron Dragados y Ferrovial es muy claro a la hora de establecer el sujeto que debe pagar estas facturas. El punto 14.3 señala que “todos los suministros, consumos de materiales, costes fijos atribuibles a los servicios a prestar, la maquinaria, los medios auxiliares, los repuestos y cualesquiera otros medios necesarios para la ejecución de las obligaciones asumidas en virtud del presente Pliego, estarán incluidos en los precios ofertados por el licitador”.
No es el único documento que atribuye a las empresas su obligación de pago. En el pliego de cláusulas técnicas, que regula las prestaciones a las que están obligadas las adjudicatarias, se recoge en el punto 2.6.2.3 de Operaciones de conservación ordinaria que “la Sociedad Adjudicataria será responsable del costo de la factura eléctrica de todas las instalaciones asociadas a la M-30”.
En el mismo documento, en el apartado Recursos materiales, punto 3.4.1, se establece que en los Centros de Operaciones y la oficina para uso del personal “correrá de su cuenta [adjudicatario] la limpieza y el suministro de luz, agua, calefacción, etc.”, aunque las empresas han pasado dichos gastos de agua y luz al Ayuntamiento.
Las compañías se escudan en que en el pliego de prescripciones técnicas, el apartado de Operaciones de Conservación Ordinaria establece que “Madrid Calle 30 será responsable del abono de la factura eléctrica de todas las instalaciones asociadas a la M-30”. Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento aseguran que ese precepto solo supone asumir el traslado del pago a los responsables.
Pero además, la propia Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Ferrovial, Dragados y API recogió en su documentación de la oferta para ganar el concurso que “la UTE será responsable del costo de la factura eléctrica de todas las instalaciones asociadas a la vía” en el apartado Operaciones de mantenimiento: Instalaciones eléctricas.
Comisión de investigación
El juzgado contencioso-administrativo número 9 de Madrid decretó la nulidad del acuerdo plenario que creó -con los votos de Ahora Madrid, Ciudadanos y el PSOE- la comisión de investigación sobre las irregularidades en el aumento de la deuda del Ayuntamiento de Madrid. El tribunal estimó así el recurso interpuesto por el PP contra esa comisión, en la que se negó a participar desde el principio. Ante esta decisión judicial, el consistorio acordó fragmentar la comisión por temas para que fuera viable.
Tras la comisión de investigación sobre la venta de las viviendas sociales a los fondos buitre por parte del Gobierno de Ana Botella, que concluyó que fue ilegal, la obra de la M30 es la próxima que fiscalizará el Ayuntamiento de Madrid. La comisión, que el consistorio espera que comience en las próximas semanas, todavía no tiene fecha a la espera de que se decida en Junta de Portavoces.
Cambio en el modelo de gestión
La Cámara de Cuentas de Madrid ha advertido en varias ocasiones que el contrato es oneroso para las arcas municipales y que la sociedad mixta no tiene más razón de ser que pagar unos intereses del 7% a las empresas constructoras. La Cámara de Cuentas propone incuso rescatar la concesión, ya que desde 2011 el Ayuntamiento ha tenido que asumir como propia la deuda de la obra.
El Consistorio ha manifestado en numerosas ocasiones su intención de cambiar el modelo de gestión que ha costado a los madrileños 554 millones de euros entre 2005 y 2015 en concepto de pago de impuestos, intereses de deuda subordinada y dividendos repartidos al socio privado. De mantenerse hasta 2040 como firmó Gallardón, podría ascender a más de 2.550 millones, según los cálculos del Gobierno municipal. “De mantener ese modelo el exceso supondría 2.500 millones de euros hasta la finalización del modelo de gestión del PP”, denunció el delegado de Economía y Hacienda en sede parlamentaria el pasado mes de septiembre.
La fórmula utilizada por Gallardón -sociedad mixta- para levantar su obra estrella ha sido cuestionada reiteradamente por el Gobierno de Ahora Madrid. La única fuente de ingresos de la sociedad entre EMESA y el Ayuntamiento -Madrid Calle 30- es el Consistorio que asume “en exclusiva” el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía. Esto supone para la administración local más de 140 millones de euros anuales, según recoge la web del Ayuntamiento de Madrid.
El ejecutivo que preside Manuela Carmena ha anunciado sanciones contra la empresa adjudicataria por pagos por duplicado a las constructoras y facturas por servicios que no se han realizado, tal y como adelantó este medio.