Los créditos 'swap' que el Ayuntamiento de Madrid heredó de Gallardón han costado más de 500 millones de euros

El Ayuntamiento de Madrid reclamará en los tribunales hasta 18,8 millones de euros a tres bancos por los créditos 'swap' de una de sus empresas municipales: Madrid Espacios y Congresos, S.A. (MadridEc, hoy Madrid Destino S.A.). Es la cantidad que el Consistorio ha pagado durante los últimos diez años por este polémico producto financiero desde que fue contratado en 2009 bajo el mandato de Alberto Ruiz Gallardón. Pero la suma que el Consistorio de la capital lleva dilapidada por este concepto es mucho mayor. La corporación local ha pagado ya más de 500 millones de euros por los 'swap' desde que fueron contratados tanto por el Ayuntamiento de forma directa como por varias de sus empresas públicas durante los Gobiernos de Gallardón.

¿Pero en qué consisten los 'swap'? Son productos financieros complejos, que aseguran un tipo de interés fijo en los pagos de los préstamos sujetos a interés variable. Es decir, si el interés variable se dispara, el Ayuntamiento paga solo ese interés fijo. Pero si el interés variable se desploma, que es lo que ocurrió durante la crisis económica, el cliente -en este caso el Consistorio de Madrid- paga muy por encima de lo que pagaría con intereses variables.

Solo durante la legislatura de Manuela Carmena, el montante que se ha pagado por estos productos financieros asciende a 271,57 millones, según los cálculos de la entidad local. Cuando Ahora Madrid se hizo con el bastón de mando del Ayuntamiento de la capital, las arcas públicas temblaban por una deuda que ascendía hasta los 5.637 millones de euros a mediados de 2015. Desde entonces, el Ejecutivo ha amortizado el 54% de esa deuda rebajándola hasta los 2.703 millones al cierre de 2018. A los casi 3.000 millones que el Ayuntamiento ha pagado de deuda hay que sumarles los intereses de la misma y otros 271,57 millones propios de los 'swap'.

Cuando el concejal de Ahora Madrid y candidato de Madrid en Pie para las elecciones del próximo 26 de mayo, Carlos Sánchez Mato, se hizo con la cartera de Economía y Hacienda en junio de 2015, se dedicó a abrir los cajones de un área que heredaba en números rojos por su deuda estratosférica. Una de sus primeras denuncias se centró en estos productos financieros que, explicaba, suponían “sobrecostes” respecto a los préstamos contraídos con diferentes entidades financieras. Además de los intereses que ya se pagaban por esos préstamos, se habían destinado otros 247 millones de euros más por los intereses de los 'swap'.

Los préstamos del Ayuntamiento de Madrid adscritos a los 'swap' ascienden a 1.983 millones de euros. Se firmaron con BBVA, Crédit Agricóle, Societé Genérale, CaixaBank y Bankia –entonces Caja Madrid, presidida por Miguel Blesa–. El Ayuntamiento firmó estos contratos entidad por entidad con diferentes condiciones, pero idéntico resultado: pagar por unos tipos de interés hasta cuatro puntos por encima de lo que hubiera abonado con el variable que había contratado inicialmente. Los variables contratados originalmente (Euribor a tres meses y Euribor a seis meses) cotizan actualmente al 0% (y, en algunos casos, han entrado incluso en terreno negativo) y será muy difícil ver al indicador por encima del 4% a una década vista, justo cuando vencen estos créditos.

Lo que el Ayuntamiento de Madrid ha pagado por los 'swap' de MadridEc es una mínima parte del dinero destinado a estos productos financieros. Hay otros préstamos del Consistorio por los que se pagan anualmente más de 8 millones de euros por este concepto, pero el grueso de esos pagos están en Madrid Calle 30, la empresa mixta que ideó Gallardón para el mantenimiento de la M-30. La corporación local paga anualmente más de 55 millones por los 'swap' de Madrid Calle 30.

El exalcalde pretendía con este modelo de gestión semipúblico de la M-30 que la deuda no computase en el Ayuntamiento, algo que finalmente no pudo evitar. El resultado fue que, de golpe, la corporación local tenía una deuda de 7.700 millones, a la vez que pagaría hasta 2025, como mínimo, 45 millones de euros anuales en impuestos y dividendos para las constructoras, un dinero que las arcas municipales podrían haberse ahorrado si se hubiera apostado por el modelo de gestión directo para M-30. La contratación de los 'swap' se destinó a financiar la M-30, pero el grueso de estas coberturas de riesgo se firmarmó en junio de 2011, cuando los créditos de la sociedad pública Calle 30 pasaron al Ayuntamiento.

El estratosférico gasto por los 'swap' tiene una penalización por su cancelación a la altura: más de 400 millones de euros, de ahí que nunca se optara por esta opción. Algunos de los 'swap' contratados vencen en 2019, es decir, el Consistorio dejará de pagar por este concepto este año. Pero otros no caducan hasta 2025 o 2030.

A la pregunta de por qué el Ayuntamiento va a actuar solamente contra los productos financieros de MadridEc, y no contra el resto contratos, el Consistorio explica que MadridEc forma parte desde 2013 de Madrid Destino, que es una sociedad íntegramente municipal y en cambio, Madrid Calle 30 es una sociedad mixta en la que existe un socio privado, “por lo que las decisiones acerca de sus contratos las tendrá que adoptar su consejo de administración”, argumentan. “La cuestión, en todo caso, no es denunciar cualquier tipo de 'swap' sino estos en concreto, porque se cree que su precio es artificialmente alto”, añaden desde el área de Economía y Hacienda en manos del concejal Jorge García Castaño desde el cese de Sánchez Mato en diciembre de 2017.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó en febrero de 2018 a Santander, Sabadell, BBVA y CaixaBank –entre las que se encuentran dos de las entidades financieras a las que ahora quiere demandar el Consistorio– con un total de 91 millones de euros por ofrecer 'swap' en condiciones distintas de las pactadas con los clientes. El organismo regulador determinó que estas entidades financieras se pusieron de acuerdo antes de realizar la oferta al cliente para “elevar el precio del derivado contratado” y fijar así unas condiciones alejadas de las que se habían comprometido a proporcionar. Una sanción que el Consistorio utilizará en su demanda.