Las restricciones de entradas de vehículos en el centro de Madrid vuelven a dar quebraderos de cabeza a los usuarios, en este caso a una veintena de compañías asociadas a la Organización Castellana de Empresas de Mudanzas, que en los últimos meses han venido acumulando multas por entrar en el área de Madrid Central pese a tener permiso. El Ayuntamiento admite el error y dice que las sanciones se retirarán, pero compañías y consistorio discuten ahora sobre si el pase tiene carácter anual o hay que solicitarlo de cada vez.
Las empresas tienen que pedir una autorización anual para dedicarse a las mudanzas, lo que les permite aparcar en las zonas de estacionamiento o, si se pide con tiempo y se respetan una serie de medidas, ocupar parte de la calzada. “Cuando una empresa solicitaba el permiso de mudanzas, con resolución positiva, se pasaban los datos, de oficio, de Movilidad del Ayuntamiento a los registros de entrada de Madrid Central”, alega un portavoz de la delegación madrileña de la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM-Madrid), a la que las compañías de mudanzas afectadas también están asociadas.
“Tienen que pedir las autorizaciones correspondientes en el momento en que vayan a hacer una mudanza, pero no pueden tener acceso libre”, contrapone una portavoz del área de Medio Ambiente y Movilidad que, no obstante, admite que las sanciones en cuestión se debieron a un error administrativo, por confundirse los camiones de mudanzas con transportistas genéricos. “Todas se acabarán devolviendo. Hay unas cuantas que ya se han subsanado y no se han llegado a emitir y, respecto a las ya emitidas, la subdirección [de gestión de multas] les ha dicho que las recurran y que se eliminarán. No se van a llegar a cobrar”, asegura.
El embrollo se había complicado por una comunicación de la dirección de multas en tono poco conciliador que, a la vez que admitía que podría haber habido “fallos y errores en la tramitación de algunas denuncias”, reprochaba a los afectados que se había informado profusamente de las restricciones, les recordaba que deberían “conocer las normas de circulación” y rechazaba conceder “medidas de gracia” en bloque, por ilegales. El ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida sí quiso aprobar una moratoria, sin embargo, cuando las multas recaían en vecinos. Ya ha abandonado la idea, tras un par de varapalos judiciales.
CETM-Madrid (la Organización Castellana de Empresas de Mudanzas) insiste en que la autorización de actividad ya supone que el ayuntamiento, de oficio, tramite el correspondiente permiso para pasar por las calles del centro, basándose en un artículo de la Ordenanza de Movilidad Sostenible según el cual “la obtención de la autorización genérica de mudanzas permite el acceso a las zonas de circulación restringida y a las zonas peatonales”. También apunta al propio régimen de funcionamiento de la zona de bajas emisiones de Madrid Central, vinculada a la ordenanza anterior y que reza: “Los órganos municipales competentes en la gestión de autorizaciones de actos y ocupaciones en la vía pública tramitarán los permisos de acceso de estos vehículos en la aplicación de gestión de permisos de acceso a Madrid Central. Asimismo, gestionarán los permisos de acceso de los vehículos de empresas de mudanzas que hayan obtenido la autorización del Ayuntamiento de Madrid para realizar esta actividad”.
La interpretación de la norma podría dar para sucesivos cruces de escritos, pero todo indica que la ordenanza durará poco tiempo en vigor; anulada por el Tribunal Superior de Justicia por un recurso del PP cuando estaba en la oposición, está ahora pendiente de que el Supremo certifique su eliminación o vigencia definitiva. Entretanto, el Almeida alcalde ha dado un giro a sus tesis y ahora defiende Madrid Central prácticamente en los mismos términos que el gobierno anterior, a salvo un cambio de nombre, en lo que todas las partes esperan que sea el fin de dos años de pleitos y rompecabezas administrativos.