El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado 234 pisos turísticos en lo que va de año
El Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena continúa con su ofensiva contra las viviendas turísticas para tratar de contener la burbuja de los precios del alquiler, que se han vuelto prohibitivos en muchos barrios de la capital. Hasta el 16 de octubre, el Gobierno municipal ha ordenado el cese de actividad en 234 pisos turísticos, mientras que otros 449 alojamientos se encuentran en un trámite previo a el cese, según la estadística oficial del Consistorio a la que ha tenido acceso eldiario.es. La corporación local mantiene abiertos otros 910 expedientes administrativos abiertos contra posibles viviendas turísticas.
Las inspecciones de este tipo de arrendamientos en la capital crecen exponencialmente desde que el Ayuntamiento decidió incorporar más personal para incrementar las inspecciones. Estos contratos en la Agencia de Actividades (ADA) tendrán cinco meses de duración. El objetivo es “redoblar las labores de inspección y tramitación de expedientes de disciplina urbanística”, explican desde el Ejecutivo local. Desde el 23 de julio y hasta el mes de diciembre, se prevé la contratación de diez arquitectos superiores, cuatro técnicos de gestión (expertos en el ámbito jurídico) y ocho auxiliares administrativos.
Desde que se inicio el refuerzo de personal, se han inspeccionado un total de 4.436 viviendas de 193 edificios. Las conclusiones de estos controles fueron que 671 pisos se destinan a alguileres turísticos. El resto, 3.765, se dedican al alojamiento permanente o “no se ha podido demostrar lo contrario pese a que haya pruebas”, indican desde el Consistorio, que reconocen las “dificultades” para poder comprobar la actividad real.
“En la visita de inspección se estudia la situación de todo el edificio para valorar cuáles son viviendas habituales y cuáles se dedican al alquiler turístico”, detalla la Agencia de Actividades del Consistorio en su informe, “constatándolo en la visita de inspección o determinándolo por indicios y otra información obtenida de datos de registros públicos, publicidad en páginas web, etc”.
En los 193 edificios que fueron inspeccionados, el 14% (27 edificios) cuentan con viviendas dedicadas a alojamientos turísticos, en un porcentaje entre el 60% y el 100% del total de las viviendas de dichos edificios“. Esto ”repercute en la calidad de vida de las viviendas habituales que conviven con tales porcentajes de alojamientos turísticos en sus edificios“, argumenta el Departamento de Inspección de la Agencia de Actividades.
“Cuando se ocupa una parte mayoritaria de un edificio residencial para apartamentos turísticos sin efectuar el cambio de uso ni independizarlo respecto al uso residencial, se producen problemas de convivencia e impactos negativos en las comunidades de vecinos afectadas, generando molestias e inconvenientes en la convivencia y en el uso de los espacios comunes del edificio”, añade el órgano del Ayuntamiento de Madrid.
Concentración en el distrito centro
El Gobierno de Ahora Madrid cerró la puerta a que los alquileres turísticos puedan seguir creciendo legalmente en el centro de la capital. Mientras se redacta y aprueba el nuevo Plan Especial del Consistorio que se espera para finales de año, la Junta de Gobierno municipal aprobó en enero una moratoria que suspende durante un año la concesión de licencias para todas las modalidades de alojamiento turístico (establecimientos hoteleros, albergues, hostels, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico) en los inmuebles destinados actualmente a vivienda en todos los barrios en los distritos Centro, Salamanca, Chamberí y Moncloa-Aravaca. Eso significa que los alquileres que no tienen dicha licencia operan actualmente de forma irregular en la ciudad, de ahí que el Ayuntamiento haya pasado directamente a las sanciones.
De ahí que la mayoría de las viviendas que el Departamento de inspección de la Agencia de Actividades ha sometido a control se encuentren en el Anillo 1 (Distrito Centro), definido en el Plan Especial de Hospedaje actualmente en tramitación. En esta zona, se han inspeccionado un total de 2.701 viviendas de las cuales 566 unidades se dedican al alquiler turístico. En el Anillo 2 (ámbito del APE 00.01) se han inspeccionado 852 viviendas. De ellas, 50 unidades se dedican al alquiler turístico; en el Anillo 3 (almendra dentro de la M-30) se han inspeccionado 635 viviendas y el resultado es que 44 unidades se dedican al alquiler turístico y en el Anillo 4 (resto de la ciudad) se han inspeccionado 248 viviendas, de las que 11 se dedican a la actividad turística.
Desde julio, último mes del que se conocían datos, a mediados de octubre, se ha procedido al cierre de casi 100 pisos turísticos más. Según las cifras del Ayuntamiento de Madrid, en julio se habían clausurado 148 viviendas en alquiler por no disponer de la licencia perceptiva que impuso el Consistorio para controlar el auge de los pisos turísticos. Y los propietarios de otras 39 viviendas turísticas habían recibido trámite de audiencia, un proceso previo al cese de la actividad. En octubre, la cifra de órdenes de cese de actividad ha ascendido a 234 viviendas y las que se encuentran en el trámite anterior se han multiplicado (449).
Además, en expedientes que afectan a 354 alojamientos turísticos, el Gobierno municipal ha solicitado información complementaria a la Comunidad de Madrid. Esta petición se realiza “al no haberse podido verificar en la inspección el ejercicio de actividad de viviendas de uso turístico”, explica el Consistorio.
En los expedientes tramitados, cuando no ha podido constatarse el ejercicio de la actividad, se solicita a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid un informe para saber si la vivienda y/o apartamento de uso turístico denunciado se encuentra debidamente registrado, la referencia de su inscripción y si la misma es de apartamento turístico o de vivienda de uso turístico. También se solicita la titularidad de la misma en el caso de estar inscrita, de acuerdo con el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid.
Pero estas cifras son solo la punta del iceberg. Según los cálculos del Gobierno de Ahora Madrid, en la capital hay en torno a 8.000 0 10.000 viviendas de alquiler turístico operando de forma irregular.
Falta de sintonía con la Comunidad de Madrid
El pasado 17 de julio, según pudo saber eldiario.es, la administración municipal solicitó por escrito a la Comunidad de Madrid los datos de los titulares que se han inscrito en el Registro de Empresas Turísticas para “poder ejercer la competencia en materia de inspección, disciplina y potestad sancionadora sobre los alquileres que no se ajusten a la normativa municipal”, recogía el escrito. Una solicitud que no ha obtenido respuesta, según el Consistorio.
Las actuaciones municipales en materia urbanística se realizan sin perjuicio de las que pueda ejercer la Comunidad de Madrid que ostenta la competencia exclusiva en materia de turismo tal y como explicita el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que reserva para la Administración regional la competencia disciplinaria y sancionadora en materia turística.
En paralelo al Plan especial municipal, la Comunidad de Madrid prepara su propio decreto de pisos turísticos que prevé aprobar antes de finalizar el año. Desde el Gobierno regional aseguran haber recibido ya el visto bueno de la Unión Europea después de haber incorporado algunas de las numerosas alegaciones que se presentaron.
Actualmente hay inscritas 9.726 viviendas turísticas en el Registro de Empresas Turísticas de la Comunidad, detallan desde el Gobierno autonómico a eldiario.es, que asegura que la gran mayoría se encuentran situadas en los distritos de la almendra central de la capital, aunque no especifica la cifra.
Las posturas enfrentadas entre Ayuntamiento de Madrid y Comunidad ralentizan la supervisión y sanción de alquileres turísticos por la que apuesta el Gobierno municipal, denuncian desde el Consistorio, que lidia en estos momentos con el revés de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) que acordó en agosto impugnar su normativa urbanística al considerar que las normas puestas en marcha “son contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, y perjudican a los consumidores y usuarios”.
