“Los centros no están cerrados. De hecho, están abiertos prácticamente la inmensa mayoría”, ha respondido este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid al ser preguntada sobre cuándo se reabrirían los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que la consejería de Sanidad cerró al inicio de la pandemia y que lleva semanas anunciando que volverá a abrir, sin concretar cómo ni cuando. Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado además que tan solo “representaban en torno al 1% de la atención de urgencias”. Un dato que contradicen los propios informes de la Comunidad, publicados antes de su clausura. En 2019 se realizaron en ellos 753.000 consultas, frente a los 3,5 millones que se llevaron a cabo en los hospitales.
Aunque Díaz Ayuso haya afirmado que “los centros no están cerrados”, ha reconocido que “hubo unos cuantos” que “ahora van a verse abiertos muchos de ellos y otros nuevos además con un plan de estímulo” que se está “ultimando desde la consejería de Sanidad”. Este anuncio, que la presidenta hizo el miércoles en una entrevista en Telemadrid, no es nuevo. De hecho, el Ejecutivo madrileño lleva semanas avanzando que dará a conocer la reorganización de estos recursos “en breve”. Lo dijo por primera vez el consejero Enrique Ruiz Escudero el 21 de marzo, hace ya más de dos meses, y a principios de mayo volvió a afirmar que se conocería “en estos días”.
En total, la Comunidad cerró en marzo los 37 SUAP que había en la región. Estos servicios, que abrían por las noches y los fines de semana, suponían un punto de acceso cercano a los ciudadanos y servían para descargar las urgencias hospitalarias. Según los datos de la propia consejería, en 2019 se atendieron en ellos unas 753.000 consultas, de las que solo el 7,3% requirieron derivación hospitalaria. Es decir, que descargaron a las urgencias de los hospitales de la región de 695.000 atenciones. Ese mismo año, los centros hospitalarios atendieron 3,5 millones de urgencias totales.
A tenor de estos números, ese “1% de la atención de urgencias” al que se refería la presidenta, es erróneo. Los Servicios de Urgencias de Atención Primaria atendieron en 2019 a en torno el 15% de los pacientes que acudieron por urgencias a una consulta médica o de enfermería. Esta tasa ha variado en los últimos años, pero de media se han atendido entorno a unos 56 pacientes por centro cada día. Según el Plan Director de Urgencias y Emergencias Sanitarias 2016-2019 de la Comunidad ya señalaban que “la mayor parte de las urgencias atendidas se concentran en los Servicios de Urgencias Hospitalarios, un 67%; mientras que los servicios de urgencias prehospitalarias, Summa112 móviles concentra un 10% de actividad de urgencias y los SUAP, en los Servicios de Atención Rural (SAR) y el Centro de Urgencias Extrahospitalario (CUE), atienden el 23% de las urgencias restantes”.
Desde el sindicato de médicos Amyts, aseguran que lo manifestado por la presidenta “no es cierto” y lo atribuyen a “una gran confusión”. “Los SUAP desde marzo de 2020 están cerrados. Solo está abierto el CUE del Molar, que no es estrictamente un SUAP”, ha indicado el presidente del SUMMA 112 en el sindicato, Javier Bermejo, que ha recordado que están “reclamando que se reabran para poder atender de la manera más efectiva a la población de Madrid”.
Mientras la Comunidad da a conocer su nueva estrategia, sobre la que no ha avanzado cuántos SUAP se reabrirán, en qué condiciones ni con qué medios, grupos de vecinos continúan manifestándose para reclamar la reapertura de estos servicios. Este viernes, hay convocada una protesta en Colmenar Viejo, con una población de 53.000 habitantes, que denuncian “un agravio directo en la calidad de vida” de los vecinos, que deben trasladarse a más de 25 kilómetros en caso de requerir una atención de urgencia.
Los trabajadores del Summa 112 llevan desde marzo de 2020 alertando de las consecuencias del cierre de estos centros. A finales de este abril, el sindicato SummAT presentó una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar la clausura de los SUAP y las “graves consecuencias para la población” y el “endurecimiento y precariedad de las condiciones laborales de los profesionales”. “Su cierre está provocando desigualdades en la población de la Comunidad de Madrid, rompiendo la equidad en el acceso a la atención sanitaria, ya que los Servicios de Atención Rural (SAR), que depende de Atención Primaria, nunca se cerraron. Esta situación mantenida en el tiempo que provoca una discriminación geográfica, afecta de manera directa al derecho a la salud, actuando en contra de lo dispuesto en la Ley General de Sanidad, que establece que el acceso a las prestaciones sanitarias se realizará en condiciones de igualdad efectiva”, alegaban.